En las últimas décadas, el capitalismo ha experimentado transformaciones profundas que han redefinido el papel de las corporaciones en la vida económica, política y social.
Entre estas transformaciones, emerge una tendencia inquietante: la consolidación de formas autoritarias de poder corporativo, que socavan los principios democráticos y minan la soberanía estatal. Estas mutaciones autoritarias no implican necesariamente el retorno a dictaduras clásicas, sino el surgimiento de nuevas formas de dominación, centralizadas, opacas y despolitizadas, que operan tanto en el ámbito económico como en el cultural y simbólico.
Este artículo aborda estas mutaciones desde una perspectiva crítica, integrando aportes teóricos de Nancy Fraser, Wolfgang Streeck, Nick Srnicek y otros, con el fin de analizar cómo el poder corporativo se vuelve cada vez más autorreferencial y desvinculado del control democrático. Se examinan también ejemplos concretos en Estados Unidos, Europa y América Latina, y se discuten potenciales estrategias de resistencia ciudadana frente a esta crisis.
1. El ascenso del capitalismo autoritario
Nancy Fraser propone el concepto de «capitalismo autoritario» para describir una fase del capitalismo caracterizada por la desconexión creciente entre el capital y las instituciones democráticas. En este modelo, el Estado ya no actúa como mediador entre intereses sociales y económicos, sino como facilitador del capital corporativo, reprimiendo resistencias y externalizando los costos sociales y ecológicos (Fraser, 2019).
Este capitalismo autoritario no es una simple regresión hacia formas pasadas de dominio, sino una mutación que articula elementos neoliberales con prácticas estatales centralizadas, excluyentes y punitivas. La gobernanza se desplaza hacia redes tecnocráticas y privadas, donde los criterios económicos reemplazan los debates políticos. Como señala Wendy Brown, se trata de una racionalidad neoliberal que despolitiza la vida pública y convierte a las y los ciudadanos en consumidores o inversores de sí mismos (Brown, 2015).
En este contexto, los Estados ya no intentan garantizar el bienestar general, sino preservar la estabilidad macroeconómica, la confianza de los mercados y la rentabilidad de las inversiones. Las políticas fiscales regresivas, la flexibilización laboral, la privatización de servicios públicos y la represión selectiva de la disidencia social se han vuelto prácticas comunes, especialmente en contextos de crisis. Durante la pandemia COVID-19, esta lógica se hizo evidente en múltiples regiones del mundo.
En Estados Unidos, el gobierno federal recurrió a mecanismos de emergencia para facilitar la concentración económica en sectores estratégicos. Grandes corporaciones como Amazon, Google y Pfizer expandieron su poder y recibieron ayudas o contratos privilegiados, sin rendición de cuentas pública. Además, se restringieron temporalmente garantías sindicales, se relajaron normativas ambientales y se incrementaron los poderes policiales bajo el pretexto del control sanitario (Pew Research Center, 2021).
En Europa, varios países impusieron restricciones severas a las libertades civiles, mientras empresas como McKinsey y otras consultoras privadas fueron contratadas para gestionar tareas críticas durante la emergencia sanitaria. Esto consolidó un modelo de gobierno corporativo sin legitimación democrática directa (European Commission, 2020).
Por su parte, en América Latina, la crisis sanitaria fue utilizada por élites políticas y económicas para profundizar reformas estructurales regresivas. En países como Brasil o Colombia, se promovieron medidas de austeridad fiscal y flexibilización laboral incluso en el peor momento de la crisis sanitaria, al tiempo que se reprimían protestas sociales masivas. El Estado funcionó como brazo ejecutor del capital, con políticas que beneficiaban a grandes conglomerados financieros y extractivos en detrimento de los sectores populares (CEPAL, 2021).
Estas dinámicas muestran que el capitalismo autoritario no es solo un fenómeno de concentración económica, sino un reordenamiento del poder político donde la lógica empresarial se impone a las instituciones democráticas. En ellas las políticas públicas se subordinan a los intereses corporativos y los ciudadanos y ciudadanas pierden de manera progresiva su capacidad para incidir colectivamente en los destinos comunes.
2. Corporaciones como poderes soberanos
En un contexto de capitalismo tardío, estas dinámicas han llevado a lo que algunos autores, como Wolfgang Streeck, han denominado la “congelación de la democracia”, donde el poder económico de las grandes corporaciones supera ya los límites de la soberanía estatal (Streeck, 2016). Las decisiones clave sobre inversión, empleo y tecnología ya no se toman en instituciones públicas, sino en consejos de administración privados, sin mecanismos efectivos de control o rendición de cuentas.
Corporaciones como Amazon, Google o BlackRock ejercen una suerte de soberanía privada. En Europa, por ejemplo, la influencia de las Big Tech en Bruselas ha motivado fuertes debates sobre la soberanía digital. Estas empresas no solo condicionan el diseño de regulaciones, sino que también controlan infraestructuras críticas como servicios en la nube, plataformas de comunicación y sistemas de pagos digitales. En Estados Unidos, su peso en las decisiones legislativas se ve aún más amplificado por la financiación de campañas políticas y el cabildeo intensivo, como muestra el caso de la Ley de Mercados Digitales (DMA) y su resistencia en el Congreso (Srnicek, 2017).
En América Latina, el fenómeno se expresa a través del poder de las multinacionales extractivas y agroindustriales. Empresas mineras canadienses como Hudbay o Barrick Gold, operando en Perú, Argentina y Guatemala, han sido denunciadas por violaciones de derechos humanos y daños ambientales, con la complicidad o inacción de los Estados. En Brasil, corporaciones agroindustriales como JBS y Bayer-Monsanto moldean políticas sobre tierras, agroquímicos y exportaciones alimentarias, incluso a costa de comunidades tradicionales y pueblos indígenas. Estas empresas actúan como actores cuasi-estatales, imponiendo agendas sin procesos deliberativos ni participación democrática (Van Harten, 2007).
Además, algunas corporaciones transnacionales han establecido sistemas legales paralelos a través del uso de mecanismos de arbitraje internacional. El sistema de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS), contenido en tratados bilaterales y multilaterales, permite a las empresas demandar a los Estados por políticas que afecten sus expectativas de ganancia. Esto restringe la autonomía de los gobiernos, como sucedió en el caso de Argentina con las demandas tras la crisis de 2001 o en Ecuador con Chevron (Sassen, 2014).
Estas dinámicas constituyen una erosión de la soberanía popular y una reconfiguración del poder político global. Como señala Saskia Sassen, el poder corporativo ha desarrollado capacidades para desplazar funciones tradicionalmente soberanas del Estado, incluyendo la regulación financiera, la gestión del territorio y la provisión de servicios básicos. El resultado es una arquitectura global de poder fragmentada, donde los derechos ciudadanos quedan subordinados a lógicas de acumulación transnacional (Sassen, 2014).
La expansión de estas formas de soberanía corporativa no solo pone en riesgo la gobernabilidad democrática, sino que exacerba las desigualdades sociales y territoriales. Frente a este escenario, se vuelve urgente repensar mecanismos de control democrático sobre las corporaciones, así como fortalecer formas de participación popular, justicia ambiental y soberanía económica desde abajo.
3. El capitalismo de plataformas como paradigma autoritario
El surgimiento del capitalismo de plataformas ha reconfigurado las relaciones económicas, laborales y sociales, consolidando un modelo de acumulación basado en la extracción masiva de datos, el control algorítmico y la desestructuración de derechos laborales. Empresas como Uber, Amazon, Meta (Facebook) y Alibaba son un claro ejemplo de este nuevo paradigma donde la centralización tecnológica se convierte en un instrumento de control y vigilancia, a menudo por fuera del alcance de la regulación estatal.
De este modo, el capitalismo de plataforma articula un sistema donde el valor económico procede de la intermediación digital, de la apertura de puertas y la acumulación de datos, más que de la producción directa de bienes y servicios (Srnicek, 2017). Este modelo reproduce relaciones de poder altamente asimétricas: las y los usuarios generan datos sin compensación, los trabajadores y trabajadoras están sujetos a formas de gestión algorítmica sin derechos colectivos, y los Estados pierden capacidad de regular infraestructuras críticas.
El carácter autoritario del capitalismo de plataformas se expresa en múltiples dimensiones. En el ámbito laboral, el modelo de trabajo bajo demanda precariza el empleo, eliminando beneficios sociales, debilitando sindicatos y fragmentando a las y los trabajadores. En países como Estados Unidos o México, la figura del o la trabajadora independiente es promovida por plataformas como Uber o Rappi para evitar responsabilidades patronales, dificultando el acceso a derechos como la seguridad social o el salario mínimo. En Europa, por su parte, algunas decisiones judiciales comienzan a reconocer la existencia de relaciones laborales, tal y como fue en el caso de la sentencia de 2024 contra Glovo, si bien las resistencias empresariales son extremadamente fuertes.
En este mismo sentido, estas plataformas consiguen rearticular los términos del debate democrático al tener en sus manos el poder de ofrecer mayor o menor visibilidad pública. X, YouTube y el resto controlan los algoritmos que determinan qué contenidos circulan, en qué momento y de qué manera, lo que impacta de manera sustantiva en la configuración de la opinión pública, al menos en la que opera en redes sociales. Casos de manipulación electoral como el escándalo de Cambridge Analytica en 2016 o las campañas de desinformación durante la pandemia muestran cómo estas plataformas pueden ser utilizadas para erosionar deliberadamente la deliberación democrática.
Además, estas empresas colaboran frecuentemente con los Estados en tareas de vigilancia masiva. En América Latina, se ha documentado la cooperación entre Facebook y gobiernos como el de Brasil o Colombia en el monitoreo de movimientos sociales, lo cual refuerza un modelo de seguridad digital que criminaliza la disidencia. En China, plataformas como Alibaba y WeChat participan activamente en la construcción del sistema de crédito social, fusionando intereses corporativos y estatales en un sistema de control poblacional sin precedentes.
El capitalismo de plataformas no solo erosiona la soberanía de los Estados y los derechos de la ciudadanía, sino que configura una nueva racionalidad autoritaria: una lógica de gobierno basada en la opacidad algorítmica, la captura de atención y la economía de la vigilancia. En este sentido, representa una nueva etapa del capitalismo global donde el poder se concentra en infraestructuras digitales privatizadas que escapan al escrutinio democrático y a los marcos regulatorios tradicionales.
Frente a este escenario, la respuesta no puede limitarse a reformas técnicas, sino que requiere imaginar nuevas formas de soberanía digital democrática, políticas públicas que garanticen derechos laborales en el entorno digital, y mecanismos de propiedad colectiva de los datos como bien común.
4. Captura regulatoria y desdemocratización institucional
La captura regulatoria es una estrategia mediante la cual las corporaciones ejercen influencia directa o indirecta sobre las instituciones encargadas de diseñar y aplicar políticas públicas, orientándolas en favor de sus intereses empresariales y en detrimento del interés general. Este fenómeno ha cobrado una importancia creciente en el marco del capitalismo autoritario, pues contribuye a la desdemocratización de las instituciones y a la erosión de la capacidad estatal para garantizar derechos y justicia social.
En Estados Unidos, la industria financiera y farmacéutica ha ejercido una presión intensa sobre agencias reguladoras como la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) o la SEC (Comisión de Bolsa y Valores). Esto se traduce en la flexibilización de normas, retrasos en controles y aprobaciones aceleradas que priorizan la rentabilidad sobre la seguridad o la equidad. Por ejemplo, la autorización rápida de vacunas COVID-19 para grandes farmacéuticas estuvo acompañada de un control limitado sobre la transparencia de contratos y efectos secundarios, lo que generó controversias públicas y desconfianza (Thompson, 1995).
En Europa, la captura se manifiesta a través de la penetración de consultoras y firmas legales en la elaboración de directivas y reglamentos. La participación de empresas como McKinsey en la gestión de políticas públicas durante la pandemia es solo una muestra de cómo los espacios decisorios se privatizan y tecnocratizan, desplazando la deliberación democrática (Transparency International, 2020). En el caso de América Latina la captura regulatoria se combina con altos niveles de corrupción y clientelismo, afectando sectores como la minería, las telecomunicaciones y la energía. En países como México y Brasil, las decisiones regulatorias frecuentemente favorecen a grandes grupos empresariales a costa del acceso universal a servicios básicos y la protección ambiental. Movimientos sociales y ONG han denunciado la falta de mecanismos efectivos para controlar estos procesos, lo que restringe las barreras para participar en la formulación de políticas (Alianza por la Transparencia y la Justicia Social, 2019).
Este debilitamiento institucional tiene consecuencias graves: la pérdida de confianza en las instituciones públicas, la precarización de derechos sociales, la intensificación de desigualdades y la consolidación de estructuras de poder opacas y poco transparentes. En este sentido, la captura regulatoria no solo es un problema técnico, sino un desafío político fundamental para la democracia.
5. Cultura corporativa y hegemonía simbólica
El poder corporativo no se ejerce únicamente a través del control económico o político, sino también mediante la construcción y reproducción de una hegemonía simbólica que moldea valores, identidades y narrativas culturales en sociedades contemporáneas. Esta dimensión cultural del poder autoritario corporativo es central para entender cómo las grandes empresas no solo condicionan el mercado o las políticas públicas, sino también la percepción social sobre lo legítimo, lo deseable y lo posible en el orden social.
Antonio Gramsci fue pionero en el análisis del poder hegemónico como un proceso que va más allá de la coerción, basado en la capacidad de un grupo social para construir consenso y establecer sus propias ideas como sentido común dominante (Gramsci, 1971). En el contexto del capitalismo tardío, esta hegemonía se despliega a través de la cultura corporativa, un conjunto de discursos, prácticas y símbolos que naturalizan la supremacía de las lógicas empresariales, la primacía del individualismo competitivo y la inevitabilidad del mercado autorregulado.
Las corporaciones emplean estrategias sofisticadas de branding, relaciones públicas y comunicación para posicionarse no solo como motores económicos, sino también como agentes sociales responsables, innovadores y modernos. Conceptos como responsabilidad social corporativa (RSC), sostenibilidad, inclusión y diversidad son apropiados y redefinidos por estas empresas, convirtiéndose en herramientas para legitimar su presencia y neutralizar críticas desde los movimientos sociales o la academia (Blowfield, 2013). Por ejemplo, multinacionales como Coca-Cola, Amazon o Google desarrollan campañas globales que promueven su compromiso con causas sociales y ambientales, aunque simultáneamente participen en prácticas que contradicen estos valores, como la explotación laboral o la destrucción ambiental (Klein, 2014).
En el ámbito laboral, la cultura corporativa autoritaria se manifiesta en la internalización de lógicas jerárquicas y disciplinarias bajo la apariencia de flexibilidad y autonomía. La idealización del emprendedor de sí mismo convierte a las y los trabajadores en sujetos responsables de su propio éxito o fracaso, invisibilizando las condiciones estructurales que precarizan el empleo y fragmentan la solidaridad colectiva. Este ethos neoliberal se refleja en programas internos de empowerment o wellness corporativo, que buscan controlar y moldear no solo el desempeño profesional, sino también la vida personal y emocional de los empleados (Illouz, 2018).
A nivel simbólico, la hegemonía corporativa también interviene en la construcción de identidades sociales y ciudadanas. El dominio de las plataformas digitales y medios de comunicación privados implica un control sin precedentes sobre la circulación de información, la representación de actores sociales y la configuración del espacio público. La narrativa dominante enfatiza el consumismo como forma privilegiada de participación social, mientras margina o criminaliza formas alternativas de acción colectiva, como protestas o sindicatos. Esta lógica contribuye a una apatía política generalizada y a la despolitización de las mayorías, facilitando la consolidación del poder corporativo (Zuboff, 2019).
En regiones como América Latina, este fenómeno adquiere particular relevancia debido a la coexistencia de profundas desigualdades socioeconómicas y procesos históricos de dominación colonial y neoliberal. La cultura corporativa hegemónica tiende a invisibilizar las demandas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, mientras promueve una versión homogénea y mercantilizada de la identidad nacional que legitima la extracción de recursos y el control territorial por parte de grandes empresas transnacionales (de Sousa Santos, 2014). En Europa y Estados Unidos, la crítica cultural a este dominio simbólico ha generado movimientos y propuestas que buscan democratizar la cultura, la información y el acceso a los medios. Iniciativas de medios comunitarios, plataformas cooperativas y movimientos sociales por la soberanía digital plantean alternativas para recuperar espacios de representación y producción cultural alejados de la lógica mercantil (Couldry & Hepp, 2017).
Finalmente, la cultura corporativa autoritaria también se expresa en la forma en que las grandes empresas influyen en la educación, la investigación y la producción científica. La mercantilización del conocimiento y la financiación privada condicionan agendas académicas, priorizando proyectos que favorecen intereses empresariales y relegando líneas críticas o autónomas. Esta captura simbólica del saber contribuye a reproducir el consenso hegemónico y dificulta la emergencia de un pensamiento crítico y emancipador (Bourdieu, 1996).
De este modo, lo que se observa es cómo estas dinámicas representan una dimensión clave para comprender la complejidad y eficacia del poder autoritario en el capitalismo contemporáneo. La disputa por los significados, los valores y las identidades se configura como un campo estratégico de confrontación entre las lógicas de dominación empresarial y las luchas por la democratización, la justicia social y la pluralidad cultural.
Conclusiones
El análisis de las mutaciones autoritarias del poder corporativo en el capitalismo contemporáneo permite observar una reconfiguración profunda de las relaciones entre economía, política y cultura. En las últimas décadas, las corporaciones transnacionales no solo han incrementado su capacidad de acumulación y concentración de riqueza, sino que también han ampliado su influencia hacia ámbitos que tradicionalmente eran considerados competencia exclusiva del Estado. Este proceso ha dado lugar a un entramado de poder donde la lógica empresarial penetra y modela decisiones políticas, discursos culturales e incluso las formas de vida cotidiana.
La consolidación de un capitalismo autoritario se expresa en diversos fenómenos interrelacionados. En primer lugar, se manifiesta en la creciente subordinación de los Estados a los intereses empresariales, un fenómeno que se traduce en políticas públicas diseñadas para favorecer la rentabilidad del capital antes que el bienestar colectivo. Este fenómeno incluye, entre otros aspectos, la captura regulatoria –es decir, la capacidad de las corporaciones para influir, controlar o incluso redactar las normativas que se supone deberían controlarlas–, debilitando así las funciones democráticas y el control ciudadano sobre las instituciones.
En segundo lugar, emerge un tipo de soberanía privada en el que actores corporativos asumen funciones que antes eran prerrogativa del poder público, como la provisión de servicios básicos, la vigilancia digital o la gestión de datos personales. Este desplazamiento del poder también tiene implicancias simbólicas y culturales: a través de estrategias comunicativas, publicitarias y mediáticas, se naturalizan estructuras de poder profundamente desiguales, generando un sentido común que legitima la dominación empresarial como algo inevitable o incluso deseable.
No obstante, estas transformaciones no deben entenderse como un destino fatal ni como un proceso homogéneo. Existen múltiples formas de resistencia que surgen desde distintos frentes: movimientos sociales que luchan por la defensa de lo público y lo común, experiencias de economía solidaria y cooperativa, intelectuales críticos que cuestionan los discursos dominantes y actores culturales que promueven imaginarios alternativos.
Enfrentar este panorama exige una crítica integral del poder corporativo, una crítica que no se limite a denunciar los excesos del capital, sino que comprenda sus múltiples dimensiones: económicas, políticas, culturales, tecnológicas y ecológicas. Al mismo tiempo, resulta fundamental fomentar alianzas estratégicas entre movimientos sociales, instituciones públicas democráticas y agentes culturales comprometidos con la transformación social. Solo a través de una articulación efectiva entre estos actores será posible abrir espacios para la democratización del poder y la construcción de sociedades más justas, equitativas y sostenibles.
Referencias:
Blowfield, Michael (2013) Corporate Social Responsibility. Oxford University Press.
Bourdieu, Pierre (1996) La reproducción. Siglo XXI.
Brown, Wendy (2015) Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. Zone Books.
CEPAL. (2021) Informe sobre América Latina y la pandemia.
Couldry, Nick y Hepp, Andreas (2017) The Mediated Construction of Reality. Polity.
de Sousa Santos, Boaventura (2014) Epistemologies of the South. Routledge.
European Commission. (2020) “Public-Private Partnerships and COVID-19 Response”.
Fraser, Nancy (2019) Capitalismo autoritario y crisis democrática. Nueva York.
Gramsci, Antonio (1971) Cuadernos de la cárcel.
Illouz, Eva (2018) Why Love Hurts: A Sociological Explanation. Polity.
Klein, Naomi (2014) This Changes Everything. Simon & Schuster.
Pew Research Center. (2021) “Corporate Influence during COVID-19”.
Sassen, Saskia (2014) Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy. Harvard University Press.
Srnicek, Nick (2017) Platform Capitalism. Polity Press.
Streeck, Wolfgan g (2016) How Will Capitalism End? Verso Books.
Thompson, John B. (1995) Media and Modernity. Stanford University Press.
Transparency International. (2020) Informe sobre captura regulatoria en Europa.
Van Harten, Gus (2007) Investment Treaty Arbitration and Public Law. Oxford University Press.
Zuboff, Shoshana (2019) The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs; Alianza por la Transparecia y la Justicia Social. (2019). Informe sobre captura corporativa en América Latina.
Ruth Ferrero-Turrión es profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos en la UCM