Cada año, el Banco Mundial (el Banco) canaliza entre US$18 y 20 mil millones hacia los países en desarrollo a través de préstamos y donaciones que tienen como objetivo declarado disminuir la pobreza y fomentar el crecimiento económico. El Banco siempre actúa conjuntamente con su agencia «hermana», el Fondo Monetario Internacional (el Fondo), incluso en […]
Cada año, el Banco Mundial (el Banco) canaliza entre US$18 y 20 mil millones hacia los países en desarrollo a través de préstamos y donaciones que tienen como objetivo declarado disminuir la pobreza y fomentar el crecimiento económico. El Banco siempre actúa conjuntamente con su agencia «hermana», el Fondo Monetario Internacional (el Fondo), incluso en países que ya no solicitan apoyo ni préstamos del Fondo. No toda la ayuda y el financiamiento del Banco están destinados a los gobiernos. Un monto considerable va dirigido directamente al sector privado, especialmente a las grandes compañías, en la forma de préstamos, asistencia técnica y mitigación de riesgos de inversión.
Respaldo para los ricos
A lo largo de sus más de 60 años de existencia, el Banco se amplió y dejó de ser una única institución, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Ahora está integrado por cinco instituciones, cada una de ellas dedicada a un área específica de operaciones.(1) Éstas incluyen financiamiento y otras ayudas de auxilio y rehabilitación; infraestructura institucional y física para sectores como la energía, el transporte, la industria extractiva y las telecomunicaciones; la reestructuración de sectores claves como la salud, la educación, el agua y la agricultura para transformarlos en sectores privados orientados al mercado; el desarrollo del sector privado; y la mitigación de los riesgos de inversión que corren las empresas privadas. A pesar de los escándalos recientes, el Banco es una institución poderosa. Para los países que son sus clientes, el Banco es, en la mayoría de los casos, virtualmente la única puerta de acceso al comercio internacional, la financiación para el desarrollo y el capital de inversión privado. El Banco deriva su poder y sus agendas políticas de sus accionistas más ricos -los gobiernos que conforman el G-7,(2) que usan sistemáticamente al Banco para asegurarle a sus respectivas empresas transnacionales lucrativos negocios comerciales y de inversión en los países en desarrollo.
La influencia de las grandes empresas en y a través del Banco se manifiesta de distintas formas. Las más obvias son las ayudas que reciben las empresas privadas a través de tres de las instituciones especializadas del Banco: la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
La CFI es el brazo del Banco para el sector privado y la mayor fuente multilateral de financiamiento de capital accionario y préstamos para las empresas privadas en los países en desarrollo, a nivel mundial. La CFI dice respaldar el desarrollo económico, el empleo y la reducción de la pobreza, promoviendo para ello los mercados abiertos, competitivos y eficientes y brindando apoyo directo a las compañías privadas en los países en desarrollo. Ha desarrollado una amplia variedad de herramientas y servicios para permitir que las empresas privadas puedan administrar los riesgos de inversión y ampliar su acceso a capital y a los mercados en los países en desarrollo. El Banco y la CFI crearon además un servicio de ‘respuesta rápida en materia de conocimiento’ (Rapid Response knowledge initiative), que se especializa en brindar asesoramiento con respecto a las reformas del clima de negocios y las políticas de privatizaciones en los países en desarrollo. Este mecanismo mantiene un servicio de blog en internet denominado «Desarrollo del Sector Privado (Private Sector Development – PSD) -un enfoque de mercado para pensar el desarrollo», que promueve su ideología pro-mercado y pro-empresarial.(3)
Una mirada más de cerca a las operaciones de la CFI muestra que gran parte del apoyo que brinda está destinado a grandes empresas bien financiadas, y no a empresas locales de pequeño porte. A través de la CFI, las grandes compañías obtienen acceso a enormes contratos gubernamentales para proyectos de infraestructura y prestación de servicios y otras oportunidades de inversión relativamente libres de riesgo. Las comunidades locales, por otra parte, tienen poca posibilidad de intervenir y decidir, y ningún beneficio en estas inversiones, ya que las salvaguardas sociales y ambientales son invalidadas cada vez más a menudo, en aras de las exigencias de lucro de las empresas.
El OMGI les presta algunos de los servicios más importantes a las empresas privadas, mitigando los riesgos políticos de la inversión privada en los países de alto riesgo, bajos ingresos y que están afectados por conflictos. El fuerte del OMGI es el riesgo político y el riesgo soberano, que incluye las acciones gubernamentales que puedan amenazar las ganancias de las empresas. Las garantías que ofrece el OMGI contra el riesgo protegen la inversión privada de las empresas contra las pérdidas que pudieran resultar de una expropiación de activos o el incumplimiento de contratos, o en casos de guerra y revueltas civiles, inclusive insurrecciones, golpes de Estado, revoluciones, sabotajes y terrorismo. Este organismo se enorgullece de ser líder de la industria de seguros de riesgo político, y colabora con aseguradores privados y públicos para «alentar a los aseguradores del sector privado a que establezcan transacciones que de otra forma no hubieran asumido».(4) Los beneficiarios del OMGI son generalmente empresas transnacionales que operan en sectores tales como el agua, la energía, el petróleo y el gas, las telecomunicaciones, los automotores, el agronegocio y el turismo de lujo.
El OMGI también brinda servicios de «mediación de diferencias», tarea en la cual complementa al CIADI, que oficia como un tribunal privado, casi secreto para resolver las controversias entre Estados e inversionistas privados. El CIADI fue recientemente foco de atención pública debido a la demanda que entablaron las empresas Bechtel y Aguas del Tunari contra Bolivia, por la rescisión del contrato de privatización del agua en la ciudad boliviana de Cochabamba. Una campaña internacional multitudinaria y bien coordinada contra Bechtel obligó a la empresa a aceptar un arreglo por 30 centésimos. Pero el caso llamó la atención de la opinión pública mundial sobre el sistema de cortes comerciales a puertas cerradas que administra el Banco, y que mayoritariamente apuntan a proteger los derechos de los inversionistas privados o empresariales en sectores cruciales para el interés público como el agua, la electricidad, las telecomunicaciones, el petróleo, el gas natural y la minería.
Apoyo a las corporaciones disfrazado de «desarrollo»
Menos llamativas, aunque más insidiosas y penetrantes son las prescripciones políticas pro-empresariales que acompañan el financiamiento del Banco a los llamados proyectos y programas de «desarrollo», a través del BIRF y la Asociación Internacional de Fomento (AIF). Especialmente notorios son los paquetes de reforma económica que buscan instalar gobiernos pequeños, eficientes y amigables con las empresas para que establezcan economías capitalistas favorables a las empresas. Estas reformas, conocidas primero como Programas de Ajuste Estructural (PAE) y luego redefinidas como «estrategias de reducción de la pobreza», están diseñadas para abrirle a la inversión extranjera los mercados y economías de los países receptores de préstamos, a través de la liberalización del comercio y las inversiones, y la privatización de las empresas de servicios públicos, las empresas estatales de comercialización y demás empresas estatales, y la desregulación financiera. Las reformas también exigen la eliminación de los subsidios cruzados para los pobres y las protecciones para los trabajadores y los productores y empresas nacionales, y el drástico recorte de los programas sociales financiados por el Estado -incluidos los de salud, educación, agua potable y saneamiento.
Aunque el objetivo declarado de su «financiamiento para el desarrollo» es aliviar la pobreza, aumentar el empleo, y elevar los niveles de vida estimulando un rápido crecimiento económico, los proyectos y programas del Banco en realidad benefician mucho más a las empresas privadas, los contratistas y las firmas de consultores, antes que a los pobres. El impulso del Banco a la liberalización del comercio, conjuntamente con la eliminación de los apoyos destinados a los productores y las empresas nacionales, les permiten a las empresas extranjeras el acceso irrestricto a los mercados de los países en desarrollo en sectores cruciales como la agricultura, los servicios y la industria. Con su insistencia en que los países prestatarios rebajen sus reglamentaciones en materia laboral y ambiental y establezcan sistemas impositivos y regímenes de propiedad favorables a las empresas, el Banco virtualmente les asegura a los inversionistas privados un pasaje gratis, a costa de las comunidades locales, los trabajadores y el medioambiente.
La creencia casi religiosa del Banco en la mercantilización y la privatización ha sido sumamente funcional a los intereses de las empresas. Independientemente del tema o sector del que se trate (agua, electricidad, comercialización agrícola, salud, educación, etc.), el Banco exige el retroceso del Estado y el avance del mercado. La privatización incluye una serie de medidas: desde la desagrupación (o desglose) de las operaciones de la empresa pública y la tercerización de estas operaciones desglosadas, a la venta final de la empresa pública, sea en forma total o parcial. El paquete incluye contratos de «asistencia técnica» prestada por privados y adquisición de bienes y servicios secundarios. Aunque el Banco insiste en que la compra y la contratación son responsabilidades de la agencia de implementación (5) (habitualmente un departamento gubernamental), los activos privatizados y los contratos de construcción, consultoría y adquisición, son, en general, entregados a empresas, contratistas y firmas de consultoría de gran tamaño que conocen bien las normas del Banco en materia de licitaciones y contratación pública o compras del Estado.
La simbiosis entre el Banco y las empresas puede verse claramente en las industrias de la biotecnología y de los agroquímicos. Las políticas agrícolas del Banco prácticamente han sido redactadas por empresas como Monsanto, Aventis, Novartis y Dow. Incluso aunque el Banco haya ampliado su discurso sobre la sustentabilidad ambiental en la década de 1990, en los hechos sus proyectos siguen promoviendo un mayor acceso de los productores agrícolas a los agroquímicos y a las semillas transgénicas. En ese período, el Banco también emprendió asociaciones empresariales con casi todas las empresas principales de plaguicidas y de biotecnología, a través de un programa de intercambio de personal en el que participaron 189 empresas, gobiernos, universidades y agencias internacionales. Un analista de mercadeo de Aventis (ahora Bayer CropScience) pasó casi cuatro años en el BIRF elaborando la posición de ese organismo sobre biotecnología agrícola y estrategias de promoción financiera a través de la CFI. El máximo responsable de relaciones públicas de Novartis (ahora Syngenta) pasó un año trabajando en estrategias de extensión para la unidad de desarrollo rural del Banco. Los funcionarios del Banco colocados en Novartis y Rhone Poulenc Agro (ahora parte de Bayer) a fines de la década de 1990, le brindaron a esas empresas asistencia en asuntos regulatorios en materia de biotecnología y sobre asociaciones para el desarrollo rural. El Banco adaptó entonces sus estrategias agrícolas para adecuarse a las necesidades de las compañías líderes en biotecnología y agroquímicos, las cuales, por su parte, ganaron acceso a la elaboración de políticas públicas en los países en desarrollo a través del auspicio del Banco.(6)
El pensamiento pro-empresarial está profundamente arraigado en el Banco. Muchos de los presidentes del Banco y gran parte de su personal de dirección provienen del sector empresarial, y las «soluciones de mercado» constituyen un elemento predominante de las estrategias del Banco para abordar virtualmente cualquier problema, desde la deforestación, al calentamiento global o la escasez de agua o alimentos. La visión del desarrollo que predomina en el Banco es una visión capitalista en la cual el papel del gobierno es crear un ambiente propicio para que florezca el sector (empresarial) privado y para que el mercado solucione los temas cruciales del acceso y la distribución. En los proyectos de las grandes usinas hidroeléctricas, por ejemplo, el Banco brinda habitualmente asistencia a los gobiernos receptores y a los contratistas privados en la preparación y movilización de las finanzas del proyecto: contrata firmas de consultoría privadas para que trabajen en conjunto con los departamentos gubernamentales en el diseño y mecanismos de implementación del proyecto, moviliza la financiación del proyecto (a través de la CFI) y asegura los préstamos (a través del OMGI u otras instituciones asociadas aseguradoras de riesgo). Los costos de la mitigación de los impactos ambientales y sociales quedan a cargo del gobierno y la sociedad, y los términos del financiamiento y las garantías del proyecto generalmente favorecen a las compañías privadas, más que al interés general más amplio.
El Banco está orgulloso de su apoyo a las grandes empresas y a los inversionistas privados, como puede apreciarse en el sitio web del OMGI:
«Nuestra presencia en un proyecto de inversión literalmente puede transformar un ‘no hay caso’ en ‘manos a la obra’. Actuamos como un elemento de disuasión potente contra las acciones de los gobiernos que pudieran afectar negativamente las inversiones. E incluso si surgen controversias, nuestra influencia en los gobiernos receptores frecuentemente nos permite solucionar las diferencias dejando conformes a todas las partes».(7)
Desde hace varias décadas, el Banco usa el desarrollo y la reducción de la pobreza como cortinas de humo para fomentar los intereses de las grandes empresas. Ha utilizado su posición como acreedor preferencial y coordinador de la asistencia en los países en desarrollo para crear oportunidades de negocios para que las empresas, los contratistas y los consultores privados puedan lucrar con las crisis y las necesidades estructurales de los países en desarrollo. Evidentemente, para desmantelar el poder de las empresas sobre los bienes públicos, los servicios y los bienes comunes será necesario desmantelar también al Banco Mundial.
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Notas
Notas
1. El Banco está conformado por cinco instituciones que colectivamente forman el Grupo del Banco Mundial: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Asociación Internacional de Fomento (AIF), la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Es posible acceder a información sobre las 5 instituciones en el sitio web del Banco Mundial www.worldbank.org
2. El G-7 está integrado por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania y Japón.
3. http://psdblog.worldbank.org/
4. http://www.miga.org/sitelevel2/level2.cfm?id=1069
5 . Aquí
6. The World Bank and the «Next Green Revolution»: Devastating IMF/World Bank sponsored environmental projects in the name of progress. Brian Tokar. Green Tide. Z Revista en línea, abril 2004, Volúmen 17, Número 4.
7. http://www.miga.org/sitelevel2/level2.cfm?id=1069
Shalmali Guttal es directora asociada de Focus on the Global South