Uno de los mensajes que se están extendiendo más ampliamente entre la mayoría de la población, no sólo en España sino también en la mayoría de países de Europa y de Norteamérica, es que las próximas generaciones van a tener unos estándares de vida más bajos que los actuales. Se dice que la causa de […]
Uno de los mensajes que se están extendiendo más ampliamente entre la mayoría de la población, no sólo en España sino también en la mayoría de países de Europa y de Norteamérica, es que las próximas generaciones van a tener unos estándares de vida más bajos que los actuales. Se dice que la causa de ello es que «desde hace tiempo estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades». De esta percepción se derivan las políticas de austeridad promovidas por los establishments financieros, económicos, mediáticos y políticos, que tienen como objetivo reducir los estándares de vida de las clases populares, subrayando la necesidad de vivir más modestamente de lo que vivimos ahora, pues los recursos del país no dan para más. Se acentúa en este mensaje que los hijos y nietos de las generaciones futuras vivirán con niveles de vida inferiores a los de sus padres y abuelos.
Este mensaje se ha ido repitiendo durante los últimos 20 años y ha alcanzado la categoría de dogma. Y como todo dogma se reproduce más a base de fe (la fe neoliberal) que a base de evidencia científica. En realidad, los datos muestran que la riqueza, medida por su PIB per cápita, ha aumentado en todos los países de la OCDE (el grupo de países más ricos del mundo, del cual España forma parte) desde la II Guerra Mundial. Este crecimiento, tras unos años de recesión, ha continuado en la mayoría de países de la OCDE. Y es inconcebible que, una vez que las economías se recuperen, la riqueza de estos países disminuya. ¿Cómo puede ser entonces que, siendo los países cada vez más ricos, se pronostique que la mayoría de la población será cada vez más pobre? Para responder a esta pregunta hay que entender la evolución de la distribución de la renta y de la propiedad que se ha ido produciendo en estas sociedades. El crecimiento de la riqueza de un país depende primordialmente del tamaño de la población que trabaja y de su productividad. Y ambos factores han ido creciendo. El primero ha sido resultado fundamentalmente de la integración de la mujer al mercado de trabajo. Y el segundo es consecuencia de muchos factores, desde la formación del trabajador a la inversión técnica en los puestos de trabajo y a mejores sistemas de organización y participación en el mundo laboral. Consecuencia de todos estos factores es que la riqueza que se ha ido produciendo en la mayoría de países ha sido considerable. Pero, y ahí está un punto clave, no todos se han beneficiado por igual.
La riqueza producida por el mundo del trabajo no ha revertido proporcionalmente sobre los trabajadores. Así, en EEUU, uno de los motores de la economía mundial, el crecimiento de la productividad por hora trabajada ha crecido mucho más rápidamente que el salario horario desde 1995. Y, desde 1999, el crecimiento de tal salario ha descendido notablemente, mientras que el crecimiento de la productividad ha continuado creciendo. Ello significa que las rentas generadas por el incremento del producto no han ido tanto a los salarios como a la clase empresarial y a la clase financiera, que guarda y especula con estas rentas. La evidencia científica muestra que, a mayor desigualdad de rentas en un país, mayor es el desarrollo del sector financiero. Es decir, que a mayor concentración de las rentas y de la riqueza en un país, mayor es el ahorro y la especulación.
El porcentaje de las rentas nacionales derivadas del trabajo ha ido descendiendo en EEUU y en la mayoría de países de Europa (incluyendo España), mientras que las rentas del capital han ido aumentando. Dentro de las rentas del trabajo, los salarios son los que representan el porcentaje más bajo de la renta nacional, que ha alcanzado en EEUU, y en la mayoría de países de la OCDE, el porcentaje más bajo desde 1945. En realidad, la situación de las familias trabajadoras se ha deteriorado marcadamente, deterioro que ha sido incluso más acentuado como consecuencia de la crisis. Los salarios en EEUU, por ejemplo, han bajado un 2% durante el periodo 2008-2010, mientras que los beneficios empresariales han subido un 57%. Esta situación ha dado pie a grandes desigualdades.
Y esto ha ocurrido también en España. En realidad, España es uno de los países europeos con mayores desigualdades. La renta disponible de la decila superior en España es 10,3 veces mayor que la renta de la decila inferior, una de las desigualdades más altas de la OCDE. Si en lugar de renta hablamos de propiedad, la situación es incluso peor. La concentración de la riqueza en España es de las más acentuadas en la OCDE. Así, el 10% de las familias posee el 58% de toda la propiedad. En realidad, el 1% de la población de renta superior posee el 18% de toda la propiedad. La gran mayoría de la población tiene escasísima propiedad. Como punto de comparación, en Finlandia el 1% de la población más rica posee el 10% de la propiedad, y el 10% posee el 45% de la propiedad.
Esta concentración de la riqueza, que se realiza a costa del bienestar de la mayoría de la población, explica el relativo empobrecimiento de las clases populares y también, por cierto, las crisis que estamos viviendo. El enorme endeudamiento de estas clases populares se debe a la pérdida de su capacidad adquisitiva. Y las enormes crisis bancarias se deben a la enorme concentración de la riqueza y de las rentas y su utilización en actividades especulativas.
Las causas de esta polarización social son políticas y se reducen al enorme poder que el capital financiero (la banca) y los grandes empresarios tienen sobre el Estado. Y la población lo sabe. Según las últimas cifras del Centro de Investigaciones Sociológicas, la gran mayoría de la población indica que los bancos tienen más poder que los gobiernos, mientras que colocan a las grandes empresas casi en el mismo escalón.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University