Traducido para Rebelión por Susana Gómez Cacho
Desde la victoria electoral de Lula, en octubre de 2002, no ha hecho falta esperar mucho tiempo para descubrir qué tipo de política se disponía a desarrollar su gobierno Cuando la era Cardoso (1995-2003) llegaba a su fin, inmersa en una grave crisis económica, y alimentada en especial por el temor de los mercados financieros a la llegada de Lula al poder, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció, en agosto de 2002, un importante plan de salvamento y estabilización de la economía brasileña; pero una parte de ese préstamo estaba sujeto a ciertas condiciones: El nuevo presidente electo, Lula, tenía que mostrar su aval y su sometimiento a los dictados del FMI.
El ex sindicalista no opondría resistencia y renovaría el acuerdo con el Fondo. El gobierno Lula afirmó, tan pronto como se colocó a la cabeza del país, que era necesario «poner orden en casa» y que las políticas de austeridad eran el precio que pagar para mejorar la situación económica, puesto que «uno no cambia de médico en plena enfermedad». Pero la que fuera proclamada, en su momento, política de transición es ahora asumida «sin complejos» como «permanente«, según el sociólogo Emir Sader (Alia2, marzo 2005). El gobierno ha hecho prueba de celo al optar por una política que descansa sobre un excedente fiscal primario de 4.5%- una tasa superior a la solicitada por el FMI- y sobre una elevada tasa de interés para combatir la inflación.
¿Qué significa esto exactamente? El excedente fiscal primario significa que el gobierno debe retirar un excedente de su presupuesto nacional, para pagar los intereses de su deuda y respetar sus compromisos financieros. Esta política representa una verdadera máquina de transferencia de los ingresos de los pobres a los ricos, puesto que el Tesoro Público utiliza los impuestos y las tasas ingresadas por la población, marcadamente contribuyente en Brasil, para pagar a los acreedores – nacionales o extranjeros- del país, en lugar de invertir esos recursos en programas sociales destinados a la reducción de desigualdades.
Según Peschanski y Merlino (Brasil de Fato, abril 2005), «desde el fin de la dictadura militar (1964-1984), la institución se convirtió en el invitado de honor de todos los gobiernos a la hora de definir la política económica. Su receta para Brasil (como para todos los países endeudados) era (y sigue siendo) dar a los banqueros todas las garantías de devolución de la deuda.» Así pues, volviendo la espalda a esas promesas de cambio, el gobierno Lula no ofrece ya resistencia alguna y ha decidido dedicar los ingresos tributarios al reembolso de la deuda pública, cuya suma no deja de aumentar, debido a las elevadísimas tasas de interés.
En este contexto, la decisión de no renovar el acuerdo con el FMI, anunciada a finales de marzo, suscita poco optimismo. En nuestra opinión, la declaración del presidente de la República según la cual «Brasil tiene derecho a caminar por su propio pie» no está exenta de humor (amarillo). Mientras anunciaba el fin del acuerdo, el ministro de Economía Palocci afirmó que las recetas del FMI continuarían siendo aplicadas punto por punto. No nos sorprende, pues, que el director del Fondo, Rodrigo Rato, apoye la decisión de Brasil. Para Marcus Faro, de la secretaría de la Rede Brasil (www.rbrasil.org.br ), «no renovar el acuerdo, en la coyuntura actual, significa que el gobierno ha hecho suya la agenda de las instituciones financieras internacionales». ¡Nada mejor que un esclavo que ha interiorizado su sumisión!
Para legitimar su política, el equipo económico del gobierno revaloriza las cifras del crecimiento del PIB (5.4% en 2004), pero olvida decir que este crecimiento no beneficia a todo el mundo. Para Eric Toussaint (Brasil de Fato, enero 2005), Lula «no quiere plantear la cuestión de la deuda porque a la burguesía brasileña – que está en situación rentista – le interesa continuar con el pago de la deuda. Dicha burguesía «invierte» en los mercados financieros internacionales o «invierte» en el país, efectuando préstamos al Estado y generando, de esta forma, una inmensa deuda interna. Evidentemente, no quieren que el presidente ponga en tela de juicio el pago de la deuda, pues ello les afectaría como clase social. Y Lula no quiere entrar en contradicción con la burguesía, ni con el FMI, ni con el Banco Mundial.»
No obstante, no todo es negativo en Brasil. Aun cuando los debates estén dominados por los temas macroeconómicos, y el sector mayoritario del Partido de los Trabajadores (PT) haya confirmado recientemente su apoyo a la política neoliberal del gobierno, el 6 de abril se presentó, ante la cámara de diputados, la solicitud de creación de una comisión parlamentaria para realizar una auditoría interna y externa de las deudas. Esta iniciativa, apoyada por 240 parlamentarios, pretende recordar al gobierno que ya está prevista por las mismas disposiciones constitucionales, y que esta reivindicación formaba parte de su programa en el 2002.
«La auditoría consiste en analizar cada préstamo, determinando en qué condiciones fue contratado, cómo fueron utilizados los fondos, cuales han sido los resultados obtenidos y quien se ha beneficiado de ellos». En ese sentido, la auditoría permite delimitar responsabilidades y, en caso de deuda ilegal, abrir la vía a la demanda de reparación, tanto por parte de los órganos estatales internos que han actuado fuera de sus competencias, como a los acreedores que han actuado con conocimiento de causa. Y, finalmente, la auditoría permite descubrir si una deuda es odiosa o nula.» (Toussaint & Ruiz Diaz, CADTM, juillet 2004). Para Rodrigo Avila, coordinador de la campaña Auditoria Cidadã da Dívida (www.divida-auditoriacidada.org.br/), las principales irregularidades se remontan a la dictadura militar : «Durante ese periodo, el gobierno firmó contratos de préstamos con intereses variables, que en el decenio siguiente pasaron de 4% a 20% por año» (Brasil de Fato, abril 2005). Según el diputado del PT Valente, «Hay deudas legítimas y otras ilegítimas. Nosotros queremos que haya un esclarecimiento del proceso ilegal, en las negociaciones con los acreedores. Podemos llegar a la conclusión de que las deudas ya han sido solventadas y que deben ser suspendidas, o incluso que el dinero debe ser devuelto en el caso que el país haya pagado demasiado» (Brasil de Fato, abril 2005). Recordemos que en el año 2000, un conjunto de movimientos sociales recogió cerca de 6 millones de firmas exigiendo una auditoría y el no-pago de la deuda hasta su conclusión, en el momento en que se desarrollaba un plebiscito no oficial sobre la cuestión.