De la intervención de doce entidades bancarias venezolanas, entre 2009 y 2010, hay 17 banqueros detenidos, uno sentenciado, al menos 16 con prohibición de salida del país y otros 25 prófugos. Esta información desprende de los anuncios que el Ministerio Público ha dado a la prensa nacional e internacional desde que iniciaron las investigaciones a […]
De la intervención de doce entidades bancarias venezolanas, entre 2009 y 2010, hay 17 banqueros detenidos, uno sentenciado, al menos 16 con prohibición de salida del país y otros 25 prófugos.
Esta información desprende de los anuncios que el Ministerio Público ha dado a la prensa nacional e internacional desde que iniciaron las investigaciones a los directivos de los bancos intervenidos.
Entre noviembre y diciembre de 2009 el Gobierno Nacional intervino ocho entidades bancarias por irregularidades en su funcionamiento. Analistas económicos calcularon que al menos las primeras ocho entidades intervenidas no representaban el 10 por ciento del mercado bancario nacional.
En enero de 2010 pasaron por la misma situación otras tres instituciones financieras y en junio se sumó un banco más a este procedimiento.
En total 12 bancos fueron intervenidos en Venezuela en estos dos años.
Las entidades financieras investigadas, en orden cronológico, fueron el Canarias, Confederado, Bolívar y BanPro, el 20 de noviembre de 2009. Le siguieron Baninvest, Real y Central, el 4 de diciembre de 2009 y una semana después la entidad BaNorte.
InverUnión Banco Comercial y Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo fueron intervenidos el 18 de enero de 2010 junto con el Banco del Sol. El 14 de junio fue sometido al mismo proceso el Banco Federal.
Directivos detenidos
Ricardo Fernández Berruecos, principal accionista de los bancos Canarias, Confederado, ProVivienda (BanPro) y Bolívar Banco, se le acusa de cooperador inmediato en la apropiación y distracción de los recursos de los ahorristas y de aprobación indebida de créditos.
Arné Chacón Escamillo, presidente del Banco Real y miembro de la junta directiva de Baninvest, fue acusado por el delito de aprobación indebida de créditos, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos y asociación ilícita.
Los directivos del Banco Real Milagros Vivas, Luis Suárez, Mileira Avendaño y Orlando Suárez, fueron acusados de ser cómplices necesarios en el delito de apropiación de recursos de los ahorristas.
Miguel Vaz, directivo de Banco Real, fue acusado del delito de apropiación de recursos de los ahorristas.
José Camacho, asesor legal de Fernández Berrueco, fue acusado de cómplice necesario en la apropiación y distracción de los recursos de los ahorristas y de aprobación indebida de créditos.
Caribay Camacho, asesora legal de Fernández Berrueco e hija de José Camacho, fue acusada de participación como cómplice no necesaria en la distracción de recursos de ahorristas y asociación para delinquir.
Freddy Gómez, ex presidente ejecutivo del Banco Real, fue acusado por presuntamente estar incurso en delitos de apropiación indebida de créditos de ahorristas, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos y asociación a delinquir.
Antonio Márquez, ex presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), fue detenido por los casos de los bancos intervenidos en noviembre y diciembre.
Fue acusado de cómplice simple de los delitos de aprovechamiento de recursos de ahorristas y asociación para delinquir.
Todos tienen medidas privativas de libertad
Verónica Cubek, vicepresidenta de operaciones de InverUnión, fue acusada por los delitos de asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Patrice Jarny Didier, analista del área de tesorería del Inverunión, fue acusada del delito de apropiación de fondos de una institución financiera en el grado de facilitador.
Diego Mata, empleado de la empresa Gonzalo Tirado y Asociados, fue imputado por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Daniel Vitrian, director de la empresa Gonzalo Tirado y Asociados, relacionada con Mi Casa, fue acusado de apropiación de fondos de una institución financiera en el grado de facilitador.
Mientras que Solange Vaamonde, vicepresidenta y tesorera de Central Banco Universal y Carlos Ponce, vicepresidente ejecutivo del Banco Canarias, ambos están acusados por las irregularidades en sendas entidades bancarias.
Banquera sentenciada
Beatriz Rodeiro, tesorera de InverUnión, fue acusada por legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Fue sentenciada a seis años y 10 meses de prisión, luego de admitir su responsabilidad en las irregularidades cometidas en el manejo de esa institución financiera y Mi Casa.
Prohibición de salida del país
Actualmente existen medidas de prohibición de salida del país contra directivos de Banco Provivienda (Banpro), José López, Rafael Medina, Andrés Polanco, Omar Casañas, María Sol Cacique y Reynaldo Valdéz.
La medida se extiende a los directivos del Banco Confederado, Fernando de Candia, César Mendoza , Reynaldo Gadea, Antonio Figallo, Daniel Hernández, Oscar Benedetti, Alberto Cosme Genatio y Augusto Herrera.
También la prohibición aplica a los directivos de Bolívar Banco, Andrés Polanco y Edduar Vásquez.
Igualmente fue dictada medida de prohibición de salida del país contra los directivos del Banco Federal.
Por este caso del Banco federal se encuentra en calidad de imputado Luis Laplana Martínez, director principal de la entidad, acusado por la presunta comisión de los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, apropiación de recursos financieros y asociación para delinquir.
Banqueros prófugos
Aun cuando la Fiscalía del Ministerio Público ha girado las instrucciones pertinentes para la detención de los señalados de corrupción, existe unos 25 banqueros que evadieron la justicia venezolanas. Sin embargo, están solicitados por la Policía Internacional.
Entre las personas que están siendo buscadas por la justicia venezolana se encuentran el líder del grupo de Empresarios por Venezuela (Empreven), Alejandro Uzcátegui, que es acusado de estar asociado con los directivos de las instituciones financieras.
Otras personas buscadas son David Flushing y Rodolfo Millán, directores de Banco Real, además Luz Gutiérrez, Juan Carlos Horna, Carlos Santaella y Karina Uribe, todos estos directivos de Baninvest.
La Interpol publicó en su sitio web las órdenes internacionales de detención contra nueve banqueros prófugos de la justicia venezolana, presuntamente implicados en irregularidades detectadas en los bancos intervenidos, es decir, Canarias, Banpro, Confederado, Bolívar, Real, Baninvest y Central: Álvaro Gorrin, Ruben Osuna, Juan Lara, Gonzalo Vázquez, Gustavo Mancera, José Contreras, Luis Kowalski, Pablo Botella.
Venezuela solicitó a España, Estados Unidos y Portugal la extradición de seis directivos de instancias financieras intervenidas por la autoridad bancaria.
El accionista principal de InverUnión, Gonzalo Tirado, del presidente ejecutivo de la entidad, Humberto Ramírez, así como de José Núñez y Edgar Monserrat, directivo y presidente ejecutivo de Mi Casa, respectivamente.
También de Pedro Paredes y Fernando Carrizo, quienes se desempeñaban como administrador y tesorero corporativo de la empresa Gonzalo Tirado y Asociados, respectivamente.
Pedro Torres Ciliberto, propietario de tres de los ocho bancos intervenidos por el gobierno nacional en diciembre también se encuentra prófugos.
Nelson Mezerhane, del Banco Federal, tiene orden de captura por la Interpol, no obstante, éste se ha escudado en el hecho de ser también directivo de un medio de comunicación privado, por lo que ha alegado «ataques a la libertad de expresión».
Eligio Cedeño, quien cometió fraude contra el Estado al obtener ilegalmente una millonaria cantidad de dólares, es solicitado por la presunta comisión de delitos de distracción de fondos de ahorristas, obtención fraudulenta de divisas y contrabando agravado.
Fue dueño de Bolívar Banco y Banpro. Fue absuelto por una juez que está siendo procesada por presuntamente recibir el pago de ocho millones de dólares para fallar a favor del banquero. Luego de este fallo a su favor, Cedeño huyó a los Estados Unidos.
Compromiso del Estado
El Ejecutivo nacional ha dejado claro que las acciones de intervención ejecutadas, a través de la Superintendencia de Bancos, han sido con el único objetivo de resguardar el patrimonio de los ahorristas venezolanos.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha reiterado que su despacho trabaja incansablemente porque la impunidad no impere en este caso, así como también para todos los implicados en el robo de los ahorros de los venezolanos obtengan su sanción correspondiente.
Fuente: http://avn.info.ve/node/10871