Esta semana que culmina uno de los hechos que ocupó espacios en las noticias fue la visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan a Venezuela. “Extraña dictadura”, como diría Galeano, en la que además de invitar al país a este personaje, el “dictador” firma un acuerdo donde se compromete a apoyar la investigación que se abre para establecer la verdad sobre violación de derechos humanos de conformidad con el Estatuto de Roma.
“El fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase (de la investigación). No compartimos la decisión, pero la respetamos”, dijo el Presidente durante un acto televisado en el palacio de gobierno, según lo reseñado en el portal BBC News.
La prensa y los medios noticiosos que califican al gobierno de Nicolás Maduro de “férrea dictadura” difundieron la noticia de la visita del Fiscal Karim Khan a Venezuela como una victoria para los defensores de los derechos humanos.
A pesar de que la CPI lleva tiempo trabajando con el gobierno venezolano, los que califican al gobierno de “atroz dictadura” intentan desconocer que el gobierno venezolano consignó recientemente a la CPI informe contentivo de evidencias sobre como el daño que causan las sanciones impuestas por los Estados Unidos, contra el pueblo de Venezuela, constituyen un crimen de lesa humanidad. Entre las evidencias contenidas en el Informe, consignado a la CPI, se deja constancia de que hay 192 personas sancionadas (el Presidente entre ellos); 150 empresas (de las cuales 140 son privadas); 69 embarcaciones y 30 buques petroleros; 58 aeronaves, sin dejar por fuera la retención de fondos estatales en varios países, incluyendo 342 millones de dólares de una cuenta del Estado venezolano en el Citibank.
Pero no es verosímil creer que el Fiscal Karim Khan atienda las denuncias que Venezuela interpone en la CPI contra los EE UU, por las razones antes expuestas.
No veremos a este Fiscal ni a ningún otro de la CPI en la Casa Blanca firmando acuerdos de entendimiento. Quedó claro cuando en 2020 se firmó en EE UU una orden ejecutiva aplicando sanciones contra la CPI, al tachar de ilegítima la jurisdicción de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses, en relación a una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, como lo señala Ajay Sarma, en Blog elcano.
Es de vieja data la animadversión de los gobiernos de los EE UU contra la CPI y sus actuaciones en favor de los derechos humanos, como lo señala el autor antes citado “En 2002, durante los inicios de la CPI, el Presidente Bush firmó la Ley de Protección del Personal de Servicio estadounidense, que autorizaba cualquier acción necesaria para asegurar que los ciudadanos de los EE UU no estuviera en ningún caso sometidos a la jurisdicción de la CPI”.
Por eso no veremos al Fiscal Khan, ni a nadie de su equipo investigando ninguno de los crímenes de guerra cometidos por estadounidenses y sus aliados en Afganistán y en otros de los tantos países donde han impuesto su guerra como medio de sometimiento y dominio.
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