A medida que nos acercamos a las elecciones europeas del 8 y 9 de junio, la mayoría de los líderes europeos nos vuelven a serenar con la idea de una «Europa social». En Francia, Raphaël Glucksmann (cabeza de lista del PS), Valérie Hayer (Renacimiento) y Marine Le Pen (FN/RN) nos han prometido, con la mano en el corazón, que si salían elegidos, esta vieja promesa se haría por fin realidad.
Sin embargo, esta «Europa social» es exactamente lo contrario de la Europa capitalista real que las clases dominantes del Viejo Continente llevan décadas imponiendo a sus pueblos y trabajadores. Lo han hecho incluso pisoteando el voto del pueblo (referendos sobre el Tratado Constitucional Europeo en Francia y los Países Bajos en 2005) o imponiendo a los gobiernos políticas contrarias a aquellas para las que fueron elegidos (como en el caso de Grecia en 2015).
En este artículo, la historiadora Aurélie Dianara repasa el proyecto de una «Europa social», desarrollado en particular por las socialdemocracias europeas en los años setenta, sobre una base mucho más izquierdista que la propuesta por todos los defensores actuales de una «Europa social». También examina las razones por las que la Comunidad Económica Europea (que más tarde se convirtió en la Unión Europea) se construyó sobre el abandono de este proyecto.
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El año pasado, en relación a las próximas elecciones europeas, un grupo de eminentes intelectuales franceses de izquierdas, entre ellos Thomas Piketty y Julia Cagé, publicaron un manifiesto en el que afirmaban que había surgido una nueva dinámica política a favor de una transformación social y ecológica progresiva de «Europa». Las crisis sanitaria, climática y geopolítica han obligado -según los autores- a la Unión Europea (UE) a abrir lagunas en lo que se conoce como el «consenso de Maastricht».
Por ejemplo, se suspendió el «Pacto de Estabilidad y Crecimiento» (que obliga a los Estados miembros a cumplir los «criterios de Maastricht», sobre todo en materia de déficit público y deuda), se creó un mecanismo de solidaridad sin precedentes en forma del paquete de 750.000 millones de euros «UE Next Generation», respaldado por la creación de bonos de deuda mutua, y se puso en marcha un embrión de seguro social (SURE).
Estas medidas demuestran que la base de la política europea desde los años 90 -a saber, que la camisa de fuerza fiscal impuesta por las instituciones europeas no es negociable- no es tan sólida como los responsables políticos quieren hacernos creer. Según los autores de este manifiesto, es esencial que los partidos políticos y la sociedad civil aprovechen esta dinámica.
En muchos sentidos, este argumento parece contraintuitivo. Después de todo, hace sólo nueve años, el intento de Syriza de iniciar una transformación de este tipo fue estrangulado por las instituciones europeas. En general, los partidos de izquierda europeos se han estancado o incluso han disminuido desde entonces en todos los rincones del continente, mientras que el año pasado se produjeron importantes divisiones dentro de las izquierdas, no sólo en Grecia, sino también en Francia, Alemania y España, lo que muy probablemente tendrá un impacto negativo en la suerte de la izquierda en las elecciones europeas del próximo mes de junio.
Sin embargo, en vísperas de las elecciones del 9 de junio, volvemos a oír a los representantes de los partidos de izquierda moderada hablar de construir una «Europa social». Pero una cosa es eludir algunas normas en tiempos de excepción y otra muy distinta transformar radicalmente la UE. Al fin y al cabo, la UE que conocemos hoy sólo surgió tras la derrota de la «Europa social»: un proyecto global, compartido por partidos socialistas y socialdemócratas, de unión de economías altamente reguladas, planificadas y democratizadas, apoyadas por fuertes Estados del bienestar.
Cincuenta años después, una mirada retrospectiva a este capítulo olvidado de la historia del socialismo europeo puede ayudar a informar -o quizás a atemperar- nuestras propias ambiciones políticas de construir una «Europa Social».
Cuando la Europa social era posible
La «Europa social» ha sido un eslogan y una promesa del centro-izquierda europeo en cada elección europea desde 1979, hasta el punto de que en los últimos años la idea se ha convertido más bien en una broma, a menudo ridiculizada como un sueño que nunca se materializará, o más duramente atacada como una «coartada» utilizada para enmascarar las realidades de una UE totalmente neoliberal. Algunos, como el politólogo francés François Denord, llegan a describir la «Europa social» como un oxímoron, ya que los planes de integración europea se concibieron desde el principio como un proyecto económico liberal y capitalista, dirigido por Estados Unidos[1].
De hecho, desde las primeras décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, bajo el impulso de las fuerzas conservadoras, la integración europea se centró fuertemente en la cooperación económica y se orientó hacia el liberalismo económico, en detrimento de los aspectos sociales. Los partidos de izquierda y los sindicatos sólo desempeñaron un papel marginal[2].
Pero hubo un tiempo, hace medio siglo, en que una «Europa diferente» parecía posible. El punto álgido de la «Europa social» como proyecto político se alcanzó en lo que podría denominarse los «largos años setenta», aproximadamente desde finales de los sesenta hasta mediados de los ochenta. Durante estos años, un sector de la izquierda -que anteriormente se había mostrado dividido y a menudo hostil a los planes de unificación de Europa Occidental- intentó imaginar y promover un proyecto alternativo de unidad europea. Este proyecto pretendía hacer de «Europa» un instrumento al servicio del progreso social y de los intereses de la clase trabajadora, empezando por las Comunidades Europeas (CE), precursoras de la UE[3].
Concebida principalmente por socialistas y socialdemócratas europeos, esta Europa social aspiraba a utilizar las instituciones europeas para regular, planificar y democratizar la economía, armonizar los sistemas sociales y fiscales, elevar el nivel de vida y mejorar las condiciones de trabajo, reducir la jornada laboral y, en general, cambiar el equilibrio de poder en la sociedad a favor de los trabajadores. También incluía preocupaciones medioambientales, propuestas de democratización de las instituciones europeas y aspiraciones a reequilibrar el orden económico internacional en favor del «Tercer Mundo».
El socialdemócrata holandés Sicco Mansholt, por ejemplo, durante mucho tiempo Comisario europeo de Agricultura y luego Presidente de la Comisión Europea en 1972, fue un ferviente partidario del proyecto. En aquella época, no dejaba de repetir que lo que hacía falta era un «segundo Marx», un «socialismo nuevo y moderno», organizado a escala europea, que no se limitara a corregir los excesos del capitalismo, sino que fuera más allá. La «Europa social» era, en definitiva, una propuesta de UE muy distinta de la actual.
En aquella época, las izquierdas europeas estaban en racha. Los largos años setenta fueron un periodo de intensa conflictividad social en Europa, empezando por las revueltas de 1968, que fortalecieron a los partidos de izquierda radical en todo el continente, pero también aseguraron la fortuna electoral de las fuerzas más moderadas. Estos años representaron una edad de oro para la socialdemocracia en Europa Occidental después de 1945 (algunos dirían su verano indio), durante la cual los socialdemócratas dirigieron gobiernos en toda Europa y líderes como Olof Palme, Willy Brandt y Harold Wilson fueron figuras destacadas en la escena política internacional.
Al mismo tiempo, parecían abrirse nuevas perspectivas para los partidos comunistas de Europa Occidental; sus éxitos electorales, especialmente notables en Francia e Italia, les impulsaban a reflexionar seriamente sobre cómo ejercer el poder en una democracia parlamentaria. Los sindicatos europeos viven también su apogeo de posguerra en términos de número y de espíritu de lucha, y están deseosos de traducir estas conquistas en reformas a largo plazo.
La Europa de los trabajadores
A mediados de los años setenta, las instituciones europeas estaban dominadas por representantes de partidos de izquierda y de centro-izquierda, y era concebible, al menos en teoría, una amplia alianza en favor de una Europa social. Los partidos socialistas, los principales sindicatos y, en menor medida, los partidos comunistas empezaban a reforzar considerablemente su cooperación transnacional para influir mejor en la política europea[4].
Hitos importantes de esta europeización fueron la creación de la Confederación de Partidos Socialistas de la Comunidad Europea en 1974, precursora del actual Partido de los Socialistas Europeos, y de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en 1973, que agrupaba a sindicatos de tradición socialdemócrata, socialcristiana y comunista y representaba a unos 40 millones de trabajadores.
El Canciller alemán Willy Brandt abogó por una «unión social europea», mientras que el nuevo Partido Socialista francés dirigido por François Mitterrand, en alianza con los comunistas desde 1972, impulsó una reforma radical de la «Europa del capital». Los partidos socialistas de la CE adoptaron su primer programa «Por una Europa social» en abril de 1973 en Bonn.
En los años siguientes elaboraron su primer programa electoral europeo, bastante radical. Al mismo tiempo, los sindicatos europeos también formularon un programa detallado y combativo para la «Europa de los Trabajadores», que proponía una alternativa europea a las soluciones neoliberales, incluido un mayor control del capital, una planificación económica democrática y el control de las empresas por parte de los trabajadores.
Varias propuestas para una «Europa Social» han estado en la agenda de los responsables europeos a lo largo de los años. Los esfuerzos de la izquierda europea fueron decisivos en el primer Programa de Acción Social (PAE) adoptado por la CE en 1974, que condujo a la adopción de una serie de directivas y medidas europeas.
Entre ellas, el refuerzo del Fondo Social Europeo y la creación de agencias europeas para la formación profesional y las condiciones de vida y de trabajo. Pero los mayores avances se lograron en materia de igualdad de género y salud y seguridad en el trabajo, con la adopción de una serie de directivas por el Consejo en la segunda mitad de los años setenta.
Aunque en gran parte olvidados hoy en día, los sindicatos europeos se movilizaron de forma excepcional a finales de los años setenta y principios de los ochenta. Dos campañas destacaron especialmente. En primer lugar, la batalla por una estrategia económica alternativa orientada al empleo, en la que la izquierda europea decidió plantear una reivindicación en particular: la reducción del tiempo de trabajo sin pérdida de salario.
En segundo lugar, la batalla por la democratización del trabajo y la economía, que desembocó en 1980 en la propuesta de una directiva europea sobre los derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas multinacionales (la «Directiva Vredeling»).
Esta propuesta, que lleva el nombre de Henk Vredeling, Comisario socialdemócrata holandés de Asuntos Sociales, contenía propuestas que habrían obligado a las empresas multinacionales a informar y consultar a los representantes de los trabajadores sobre todos los asuntos «que puedan afectar sustancialmente a los intereses de los trabajadores». Habría obligado legalmente a todas las empresas con más de 99 empleados en la CE, incluidas las no europeas, a informar a los trabajadores de sus filiales europeas.
La directiva iba al corazón de la inmunidad legal de facto de las multinacionales, amenazaba directamente las prerrogativas del capital transnacional y provocó una feroz reacción de las organizaciones patronales, los círculos empresariales internacionales y las fuerzas conservadoras y liberales.
La derrota
A principios de los años ochenta, la visión de la izquierda europea sobre Europa empezó a perder terreno frente al centro-derecha y las fórmulas neoliberales. Entre 1979 y 1982, los partidos conservadores volvieron al poder en el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania Occidental con la elección de Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Helmut Kohl. Esto fue en parte una respuesta electoral al giro de los partidos socialdemócratas hacia políticas de austeridad tras la crisis económica que siguió a la crisis del petróleo de 1973.
La puesta en marcha del programa del Mercado Único y la Unión Económica y Monetaria en la segunda mitad de la década de 1980 supuso la liberalización económica y el aumento de las restricciones presupuestarias, lo que ejerció presión sobre los estados de bienestar nacionales. La «Europa social» – o al menos el proyecto específico de una Europa social que había apoyado la izquierda europea durante casi dos décadas – había fracasado.
Las razones por las que no se emprendió el camino hacia la «Europa social» son complejas. Algunas de ellas eran «exógenas» a la propia izquierda. Como la creciente popularidad de las soluciones «neoliberales» entre los círculos empresariales europeos (por ejemplo, la Unión de Industriales de la Comunidad Europea (UNICE), precursora de la actual «Business Europe») y los partidos conservadores.
Los factores estructurales e institucionales también favorecieron una Europa orientada al mercado. La mayoría de las cuestiones de política social y fiscal, como el impuesto sobre la renta, estaban (y siguen estando) excluidas de las competencias de la CE o, si no lo están, están sujetas al voto unánime del Consejo, lo que hace casi imposible avanzar en este ámbito.
El particular proceso institucional de toma de decisiones de la CE/UE también ha facilitado la «integración negativa» – es decir, la desregulación y liberalización económica en toda la UE – más que la «integración positiva». Además, las diferencias de política social entre los Estados miembros de la UE también han influido: con las sucesivas ampliaciones de Europa, la variedad cada vez más compleja de modelos sociales (el sistema universal de los países escandinavos, el modelo «democristiano» de países continentales como Francia y Alemania, el modelo liberal anglosajón relativamente autárquico y el modelo mediterráneo con menor gasto) ha dificultado cada vez más la armonización[5].
Sin embargo, los hechos «endógenos» a la izquierda europea acabarían siendo decisivos en su derrota. Las divisiones internas en el campo socialdemócrata sobre la política europea y las estrategias para oponerse al neoliberalismo eran profundas y tuvieron consecuencias muy concretas para la (in)capacidad de la izquierda de presentar un frente unido. Surgieron grandes diferencias entre ciertos socialistas del «Sur», como el Partido Socialista Francés -que en aquel momento abogaba por la autogestión, la nacionalización y la planificación económica desde el nivel local hasta el europeo- y ciertos socialdemócratas del «Norte», como el SPD alemán, que favorecía su modelo de cogestión empresarial y era más reticente a hablar de planificación económica.
Pero también había muchas divisiones internas en los partidos socialdemócratas, sobre todo entre las nuevas corrientes de izquierda del socialismo europeo, apoyadas por jóvenes activistas de base, que promovían estrategias económicas alternativas encaminadas a limitar la empresa privada, ampliar el sector público y la nacionalización, y aumentar el control del capital, y la corriente dominante de la socialdemocracia europea, que prefería una forma más fuerte de capitalismo social keynesiano, por no mencionar las corrientes más derechistas a las que pertenecían tanto Helmut Schmidt, líder del SPD desde 1974, como James Callaghan, líder del Partido Laborista desde 1976.
Estas tensiones se mantuvieron constantes a pesar de los esfuerzos por aumentar la cooperación entre sindicatos y partidos a escala europea. Aunque existía una amplia unidad en temas generales (como la armonización social al alza y la reducción de la jornada laboral), persistían grandes desacuerdos en cuestiones institucionales importantes, como los poderes que debían otorgarse al Parlamento Europeo (PE) o la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas.
Además, las estructuras encargadas de garantizar la coordinación internacional y europea de las partes eran relativamente débiles, carecían de recursos y sus decisiones eran esencialmente no vinculantes. De hecho, tras varios años de laboriosos debates en la segunda mitad de los años 70, los partidos socialistas de la CE renunciaron finalmente a adoptar un programa electoral común vinculante para las primeras elecciones europeas.
La ambivalencia del Partido Laborista británico hacia la CE también obstaculizó el advenimiento de una «Europa social». La perspectiva de la adhesión del Reino Unido había sido una de las principales esperanzas de los socialistas europeos para empujar a la CE hacia la izquierda a principios de la década de 1970.
Sin embargo, aunque líderes del partido como Harold Wilson se habían mostrado cada vez más partidarios del mercado común a mediados de los 60, la decisión del partido de «boicotear» las instituciones europeas hasta el referéndum de 1975, y de abstenerse después de participar en los trabajos sobre el programa socialista común europeo en los años siguientes, debilitó el frente socialista[6].
Lo mismo puede decirse del boicot a las instituciones europeas por parte del Trades Union Congress (TUC), la principal confederación sindical británica, aunque la línea dura del movimiento sindical británico hacia el mercado común empujó a la CES a adoptar una postura más radical y combativa hacia las instituciones europeas durante la segunda mitad de los años setenta. La TUC y el Partido Laborista, cuyos flancos izquierdistas eran especialmente hostiles a la CE, temían que la contribución financiera del Reino Unido a la CE generara un déficit presupuestario y diera al gobierno un pretexto para aplicar políticas de austeridad.
También temían que el mercado común socavara las relaciones comerciales con los países de la Commonwealth y obstaculizara el desarrollo de los países del Tercer Mundo. Ambos se oponían a la Política Agrícola Común (que consideraban una carga insoportable para un país que dependía principalmente de las importaciones agrícolas de la Commonwealth), a la futura Unión Económica y Monetaria y a la política de competencia de la CE, que consideraban limitaba la capacidad de los Estados para intervenir en la economía y la sociedad.
Aparte de las divisiones internas, otra causa clave del fracaso de la «Europa Social» fue la incapacidad de la izquierda para construir una coalición eficaz a escala europea. Aunque todo el mundo estaba de acuerdo en que era necesaria una amplia alianza para construir «otra Europa», las posiciones de los distintos partidos de la familia socialista diferían sobre la forma que debía adoptar. Algunos, como los socialistas franceses, eran partidarios de una «Unión de la Izquierda» a escala europea con los partidos comunistas, muchos de los cuales estaban adoptando en aquel momento estrategias denominadas «eurocomunistas» y una actitud reformista hacia la CE, empezando por el Partido Comunista Italiano.
Otros socialdemócratas prefirieron girar a la derecha, hacia las fuerzas «democráticas y progresistas» de las familias de partidos democristianos y liberales. La dirección del SPD, por ejemplo, se oponía firmemente a cualquier colaboración con los partidos comunistas. Estas tensiones persistieron durante toda la década y resultaron ser una debilidad importante cuando la ofensiva de la derecha cobró realmente impulso[7].
La ofensiva patronal y la debilidad del movimiento social europeo
Aunque las divisiones en el seno de la izquierda europea hubieran sido menores, los promotores de la «Europa social» no tenían capacidad de presión para imponer su programa en las instituciones europeas. En cambio, el lobby de la floreciente clase empresarial demostró una eficacia devastadora[8].
Los debates sobre la Directiva Vredeling en el Parlamento Europeo estuvieron acompañados de la campaña de presión más cara e intensa de la historia del Parlamento Europeo hasta la fecha. Los sindicatos europeos y los partidos socialdemócratas, por su parte, se mostraron incapaces de contrarrestar la ofensiva del capital europeo, poco acostumbrados como estaban a navegar por los pasillos del poder transnacional «multinivel».
De hecho, con la excepción del gobierno de Brandt a principios de la década de 1970, los gobiernos socialistas europeos no consiguieron impulsar propuestas para una «Europa social» en el seno del Consejo. En la segunda mitad de la década de 1970, por ejemplo, los Estados miembros de la CE (incluidos los gobiernos socialdemócratas) abandonaron su compromiso anterior de redactar un segundo PEA.
Cuando los socialistas llegaron al poder en Francia en 1981 y volvieron a incluir la «Europa social» en la agenda, la izquierda había perdido su mayoría en el Consejo; las ideas de Mitterrand fueron cortésmente ignoradas, incluso por Schmidt, que nunca había abrazado la «unión social» de su predecesor Brandt. La necesidad de unanimidad en el Consejo obstaculizó sin duda el avance hacia una Europa de economías planificadas y reguladas y de redistribución. Pero si los gobiernos alemán, británico y francés hubieran defendido resueltamente una agenda «social» a finales de los setenta y principios de los ochenta, las cosas podrían haber ido en otra dirección.
Pero en última instancia, una de las principales razones de la derrota de la «Europa Social» fue el fracaso de la izquierda europea a la hora de movilizar el apoyo transnacional «de base» para un cambio radical a escala europea. Tal movilización habría sido necesaria para invertir el equilibrio de poder a favor de los trabajadores. Aparte de una reunión simbólica bajo la Torre Eiffel unos días antes de las primeras elecciones al PE, los partidos socialistas europeos nunca previeron movilizar a sus militantes y simpatizantes en favor de su visión del futuro del continente.
Durante toda la larga década de 1970, la política europea siguió siendo un asunto de los dirigentes de los partidos y una preocupación marginal para los miembros de los escalones medios y bajos de los partidos socialistas. Los partidos de izquierda tampoco supieron integrar los nuevos movimientos sociales, como el movimiento antinuclear en Alemania o las florecientes campañas de desarme, en un momento en que parecían representar la vanguardia de la movilización progresista en el continente. Combinadas con el declive gradual de la organización de la clase trabajadora y la fragmentación del voto obrero a partir de la década de 1980, las perspectivas de movilización popular a favor de una Europa alternativa se hicieron cada vez más remotas, mientras que la Europa neoliberal se convertía rápidamente en una realidad.
Las cosas fueron un poco diferentes en el frente sindical, donde sí hubo intentos de construir un movimiento obrero transnacional a favor de una «Europa social» a finales de los setenta y principios de los ochenta. El «Día de Acción Europea» y la «Semana de Acción Europea» organizados por la CES en 1978 y 1979, en los que millones de trabajadores participaron en diversas iniciativas, manifestaciones y huelgas, marcaron una fase de activismo especialmente incisiva en la historia del sindicalismo europeo.
Sin embargo, la propuesta de los sindicatos franceses y belgas de organizar entonces una huelga coordinada a escala europea fue rechazada por la mayoría del Comité Ejecutivo de la CES, y la mayor confederación sindical de la CE no consiguió establecer vínculos orgánicos con los sindicatos nacionales para estas campañas, ni movilizar a los trabajadores en apoyo de sus principales objetivos políticos[9].
Por una Europa socialista
El fracaso de la izquierda europea a la hora de construir una Europa «social» -o más bien socialista- durante los largos años 70 es rico en lecciones para el periodo actual. Por un lado, sugiere la necesidad de un cierto pesimismo sobre la posibilidad de transformar alguna vez la UE en un instrumento de progreso social, democrático y ecológico. Hay que señalar que en los largos años setenta, la relación de fuerzas era mucho más favorable a la izquierda y al movimiento obrero que en la actualidad, y el marco de la gobernanza socioeconómica europea era mucho más maleable.
Con veintisiete Estados miembros en el Consejo, el neoliberalismo más arraigado que nunca en los tratados y las políticas europeas y un número creciente de gobiernos que se inclinan hacia la derecha y la extrema derecha, los intentos de reimaginar una «Europa social» para el siglo XXI parecen cada vez más una quimera. Aunque las recientes crisis parecen haber abierto pequeñas grietas en el consenso de Maastricht, distan mucho de ser suficientes para invertir la tendencia.
Mientras tanto, las fuerzas conservadoras y neoliberales ya están ocupadas reafirmando la austeridad. Un ejemplo es la nueva versión del «pacto de estabilidad» adoptada por el Parlamento Europeo el 17 de enero de 2024, que, tras la cortina de humo de una «mayor flexibilidad», reforzará las posibles sanciones contra los países cuya deuda pública supere el 60% del PIB, reforzará la superausteridad permanente y obstaculizará cualquier inversión significativa de bifurcación ecológica por parte del Estado (por no hablar de la reciente propuesta del Consejo Europeo de imponer 100.000 millones en recortes durante los próximos años)[10]. Estas decisiones no han tardado en hacerse sentir en Francia, con el reciente anuncio de 10+10.000 millones en «ahorros» -es decir, recortes presupuestarios- por parte de Bruno Le Maire.
Al mismo tiempo, la historia de la derrota de la «Europa social» debería incitar a aquellos de la izquierda que todavía creen que la UE puede cambiarse -o quizás ser suplantada por otro tipo de cooperación europea- a trabajar incansablemente para superar sus divisiones internas y sus debilidades estratégicas.
Es justo decir -aunque bastante discutible- que algunos creen que hoy hay motivos para el optimismo, ya que los partidos socialdemócratas, los Verdes y la izquierda radical, los sindicatos y la sociedad civil están relativamente mejor organizados a escala europea que en el pasado, los ciudadanos están más atentos a la política europea y, gracias a la crisis climática, los ciudadanos se ven empujados a pensar y movilizarse transnacionalmente.
Sin embargo, para llevar el proyecto europeo en una dirección radicalmente diferente, la izquierda debería construir una alianza auténticamente transnacional claramente opuesta a las versiones neoliberales y conservadoras de «Europa», acordar un programa común para una Europa social, ecológica, democrática y transfeminista orientada hacia los intereses de los trabajadores y las clases populares, y lanzar una ofensiva política y social basada en la movilización popular de masas.
Cualquier otra estrategia, como aprendieron a su costa las izquierdas de los años 70, es una quimera y está condenada al fracaso.
[NB: Una versión ligeramente diferente de este artículo apareció en la versión impresa de Jacobin Alemania en marzo de 2024].
Notas:
[1] François Denord y Antoine Schwartz, L’Europe sociale n’aura pas lieu, París, Raisons d’agir, 2009.
[2] Wolfram Kaiser, Christian Democracy and the Origins of European Union, Cambridge, Cambridge University Press, 2007
[3] La Comunidad Europea (también denominada a menudo «Comunidades Europeas»), formada inicialmente en los años cincuenta por seis países miembros europeos (Francia, Italia, Alemania Occidental, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo), constaba de tres organizaciones internacionales: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea (a menudo denominada «Mercado Común») y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Finalmente, se integraron en la Unión Europea en 1993
[4] Véase, por ejemplo, Christian Salm, Transnational Socialist Networks in the 1970s: European Community Development Aid and Southern Enlargement, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2016; Christophe Degryse y Pierre Tilly, 1973-2013: 40 Years of History of the European Trade Union Confederation, Bruselas, ETUI, 2013; Maud Bracke, «From the Atlantic to the Urals? Italian and French Communism and the Question of Europe, 1956-1973», Journal of European Integration History 13, nº 2, 2007, pp. 33-53
[5] Gøsta Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge, Polity Press, 1990.
[6] Erin Delaney, «The Labour Party’s Changing Relationship to Europe: The Expansion of European Social Policy», Journal of European Integration History 8, enero de 2002, pp. 121-38.
[7] Véase también Michele Di Donato, ‘The Cold War and Socialist Identity: The Socialist International and the Italian «Communist Question» in the 1970s’, Contemporary European History 24, nº 2, mayo de 2015, pp. 193-211.
[8] Sylvain Laurens, Lobbyists and Bureaucrats in Brussels: Capitalism’s Brokers, Abingdon; Nueva York, Routledge, 2017; Svein S. Andersen y Kjell A. Eliassen, «European Community Lobbying», European Journal of Political Research 20, nº 2, 1991, pp. 173-87; Sonia Mazey y Jeremy Richardson, eds, Lobbying in the European Community, Oxford; Nueva York, Oxford University Press, 1993.
[9] Aurélie Andry, «La lutte oubliée du mouvement syndical pour une réduction du temps de travail en Europe à l’heure du tournant néolibéral», Le Mouvement Social, n°275, 2/2021, pp. 137-152.
[10] Aunque el nivel «autorizado» de déficit presupuestario se fije en el 3%, los países deberán comprometerse a no superar el 1,5%, según los deseos de Alemania, para disponer de un colchón de seguridad en caso de crisis o de choque imprevisto. Por no hablar de las reglas de reducción automática anual de la deuda para los países que superen el 60%, que son un requerimiento para realizar recortes constantes y salvajes del gasto público. Véase el artículo de Martine Orange en Mediapart sobre este tema.
Aurélie Dianara. Investigadora en el Laboratoire IDHES, Université d’Évry Paris-Saclay, y miembro del proyecto financiado por la ANR-DFG » ‘Workplace democracy: a European ideal?: discourses and practices about the democratization of work after 1945’ «. Antes de llegar a Évry, realizó su doctorado en Historia y Civilización en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, fue profesora ayudante en la Universidad París Sorbona y ocupó un puesto de investigadora asociada en la Universidad de Glasgow. Sus investigaciones se centran principalmente en la historia de la integración europea y la historia del socialismo y el sindicalismo en Europa. Recientemente ha publicado el libro «Social Europe, the Road not Taken: The Left and European Integration in the Long 1970s». Es militante de Potere al Popolo en Italia.
Texto original: https://www.contretemps.eu/europe-sociale-gauche-socialisme-mitterrand/
Traducción: Antoni Soy Casals
Fuente: https://sinpermiso.info/textos/por-que-la-europa-social-nunca-nacio