En Rusia, los jubilados han aguado las fiestas del Nuevo Año a los funcionarios públicos. En vez de festejar la Navidad ortodoxa rusa, los pensionistas han organizado marchas de protesta y bloqueado las carreteras. Las manifestaciones han estallado en todo el país, desde el Lejano Oriente hasta Kaliningrado. La demanda es una sola: restituir los […]
En Rusia, los jubilados han aguado las fiestas del Nuevo Año a los funcionarios públicos. En vez de festejar la Navidad ortodoxa rusa, los pensionistas han organizado marchas de protesta y bloqueado las carreteras. Las manifestaciones han estallado en todo el país, desde el Lejano Oriente hasta Kaliningrado. La demanda es una sola: restituir los privilegios sociales.
El 1º de enero en Rusia entró en vigor la Ley de sustitución de privilegios sociales por compensaciones monetarias. Para ello han sido asignados
200 mil millones de rublos del presupuesto federal: 4,5 veces más de lo que se asignaba en los años anteriores para pagar los privilegios sociales. Entonces, ¿por qué hay tanto descontento?
Para la fecha, en Rusia hay más de 12 millones de personas que viven a cuenta del Estado. Son los funcionarios públicos de ámbito federal (un millón de personas), los militares (4,5 millones) y los trabajadores de los sectores presupuestados (7 millones). Vale señalar que los jubilados no figuran en esa lista. El total de todos los compromisos financieros ante esas capas de la población supera dos veces los ingresos del arca pública.
La nueva ley, que prevé la sustitución de privilegios sociales por compensaciones monetarias, es parte de la reforma presupuestaria implantada por el Gobierno. Esta idea guarda la más estrecha relación con la política económica liberal. ‘En realidad, el objetivo es uno solo y consiste en reducir la participación del Estado en los gastos del sector monopolio de la economía nacional -considera el asesor económico del presidente ruso Andrei Ilarionov-. Mientras más bajos son los gastos públicos, más altos son los ritmos del crecimiento económico. La reducción de los gastos del Estado permite destinar más recursos para el sector privado. A su vez, ello impulsa el desarrollo de la economía. Como consecuencia, aumentan el índice de empleo y la actividad laboral de la población. Cuando crecen los ingresos de los trabajadores, disminuye la pobreza en el país. Es ésta la lógica de las reformas’.
Efectivamente, el sistema de los privilegios sociales en Rusia – bastante enredado y voluminoso- era una carga insoportable para el presupuesto público e impedía hacerlo transparente. A veces era imposible entender qué departamento debía pagar tal o cual subsidio porque una misma persona podía pretender varios subsidios a la vez. Por ejemplo, podía tratarse de un veterano de la guerra, un minusválido y un veterano del trabajo simultáneamente. Como resultado, tres departamentos lo consideraban cliente suyo.
Con todo, vale señalar que las autoridades se han apresurado un poco a plasmar en realidad esa promisoria idea. El llevar a cabo una reforma de tal envergadura es una tarea difícil incluso cuando las condiciones son ideales y no quedan otros problemas. Sin embargo, la Duma de Estado (cámara baja del Parlamento ruso) había aprobado a finales de 2003 otras dos leyes difíciles de cumplir: ‘De la organización del poder estatal en las entidades federadas de Rusia’ y ‘De los poderes públicos locales’. Esos documentos habían redistribuido las responsabilidades regional y federal. Como consecuencia, han cambiado sensiblemente las relaciones interpresupuestarias.
He aquí los ejemplos. Los subsidios para niños han pasado a ser un asunto de la competencia de los poderes locales, como también las escuelas y guarderías. Pero al mismo tiempo, las nuevas leyes no preveían ninguna fuente de financiación. Y ahora se ha procedido a sustituir los privilegios sociales por compensaciones monetarias. Como resultado, los jubilados y las personas con derecho a percibir los privilegios han sido divididos en dos grupos: 14 millones de ciudadanos estarán a cargo de las autoridades federales (en este apartado predominan los minusválidos, los veteranos de la guerra y los socorristas que habían cooperado a liquidar las secuelas del accidente en Chernobil). El otro grupo, 19 millones de ciudadanos (principalmente los veteranos del trabajo y trabajadores de la retaguardia durante la Segunda Guerra Mundial) estará a cargo de los poderes públicos locales. O sea, para poder financiar todas estas tareas, los poderes públicos locales necesitarán enormes recursos financieros.
Por si fuera poco, actualmente en el país se lleva a cabo la reforma fiscal. A partir del nuevo año ha sido reducido el impuesto social único, lo que permitirá a la libre empresa ahorrar 280 mil millones de rublos. El Ministerio de Finanzas ha calculado que los ingresos al arca pública en 2005 disminuirán 185 mil millones de rublos. Aún más difícil será la situación en las entidades federadas: el Gobierno federal ha decretado retirarles una parte del impuesto sobre utilidades y la parte leonina del impuesto sobre la extracción de los recursos minerales. Se trata de casi 102 mil millones de rublos. Verdad es que en el presupuesto federal ha sido prevista una reserva de ayuda financiera a las entidades federadas, pero son 30 mil millones de rublos nada más. ¿Con qué dinero, entonces, será cubierto el déficit de los presupuestos locales?
Está claro que todo ese dinero tendrá que ser tomado en el Fondo de Estabilización. Es donde van acumulándose las superganancias que aportan las exportaciones petroleras. Pero cabe tener en cuenta que es sumamente difícil ejecutar todas las leyes a la vez, y máxime cuando el país está reformándose simultáneamente en todas las direcciones posibles. Es lo mismo que si en una ciudad de varios millones de habitantes se procediera a reparar las carreteras, puentes y líneas de tranvía todas a la vez. Incluso si hay dinero suficiente para tal reparación, resultaría imposible transitar por la ciudad porque el tráfico quedaría paralizado. De hecho, es lo que ha sucedido esta vez.
El presidente de la Duma de Estado, Boris Grizlov, ha declarado que la Ley de sustitución de privilegios sociales por compensaciones monetarias permite cumplir la tarea clave: prestar ayuda social selectiva a las categorías privilegiadas de la población. En virtud de la ley, había sido previsto empezar a pagar el 24 de diciembre pasado. Pero en varias entidades federadas, los pensionistas y demás personas con derecho a los privilegios sociales no han recibido ningún dinero hasta ahora. Simplemente porque no han sido ‘ajustados’ debidamente los mecanismos que permiten ejecutar la ley in situ.
En algunas entidades federadas han quedado suprimidos los privilegios sociales naturales. Los poderes locales tenían derecho a dejarlos intactos o sustituirlos por una adecuada compensación monetaria. Así, muchos pensionistas lamentan haber perdido el derecho a viajar gratuitamente en el transporte público urbano, y hay otros que se afligen por haber quedado suspendido el descuento del 50% para las llamadas telefónicas y los servicios comunales y de vivienda. En lugar de ello, se les ha pagado 200 ó 300 rublos, una suma que no cubre en absoluto sus gastos para los servicios mencionados. Como resultado, la población se sintió ofendida e invadió las calles organizando actos de protesta.
A juzgar por la reciente reunión del Gobierno presidida por Vladimir Putin, ya nadie derogará la Ley de sustitución de privilegios sociales por compensaciones monetarias. No obstante, las autoridades federales buscan una salida a la crítica situación. La semana pasada se habían reunido los diputados de la Duma de Estado junto con el viceprimer ministro Alexander Zhukov; el ministro de Finanzas, Alexei Kudrin; el titular de Sanidad y Fomento Social, Mijaíl Zurabov; el ministro del Interior, Rashid Nurgaliev, y el titular de Desarrollo Regional, Vladimir Yakovlev. Quedó acordado que a partir del 1º de febrero sería aumentada un 15% la pensión básica en Rusia, lo que permitiría compensar los gastos de los jubilados. En adelante, a partir del 1º de agosto, se procedería a indexar los pagos mensuales a la población según los índices de inflación. Este mes de enero, por ejemplo, se les pagará a los policías para cubrir sus gastos de transporte. Las autoridades locales, además, estudiarán la posibilidad de facilitar a los pensionistas bonos de transporte cuyo precio no excederá la cuantía de las compensaciones monetarias.
El vicepresidente del comité para la política social de la Duma de Estado, Oleg Shein, estima que todas estas medidas resultarán insuficientes. A su juicio, las manifestaciones de protesta organizadas por los jubilados es tan sólo el inicio de unos hechos más serios. De momento, la gente se reúne en las calles de forma espontánea. La experiencia acumulada en muchas ciudades de la provincia de Moscú muestra que si las autoridades aceptan negociar con los manifestantes, la tensión callejera disminuye bastante rápido. Incluso, si las reivindicaciones planteadas no han sido cumplidas de lleno. Es porque el hacer llegar su voz hasta las autoridades supremas siempre ha sido el objetivo más importante para los rusos.