Traducción de Jordi Martínez
La inspiradora Alexandria Ocasio-Cortez dejó conmocionados recientemente a los demócratas al respaldar un tipo marginal del impuesto sobre la renta tan alto como del 70%. La respuesta de economistas progresistas como Paul Krugman ha sido abrumadoramente positiva. En una columna reciente, señaló que en el contexto de bajo poder de negociación, búsqueda de rentas por parte de las élites y necesidad de aumentar los ingresos en el contexto de la alta deuda del gobierno de EE. UU. (104% del PIB, y mayor si se cuenta la deuda subnacional) un tipo impositivo máximo del 70% es perfectamente razonable.
Como Krugman y muchos otros han señalado, los tipos impositivos marginales máximos del 70% o más eran normales en el período de posguerra -también conocido como la «edad de oro del capitalismo» debido a la combinación de un alto crecimiento con baja inflación, desempleo y desigualdad-. Desde entonces, las sucesivas oleadas de competencia fiscal han suprimido tanto los impuestos a la renta como a las corporaciones, llevando a una situación en la que el Reino Unido, la quinta economía más grande del mundo, cobra unos impuestos a las corporaciones (19%) a un nivel más bajo que Afganistán (20%).
La mayoría de los economistas convencionales hoy en día aceptan que la competencia fiscal ha sido enormemente destructiva para la economía global. De hecho, implementar un impuesto a la riqueza global de hasta el 70% fue la recomendación central de la famosa obra de Thomas Piketty de 2013, El Capital en el siglo XXI. Pero el problema con estos economistas «progresistas» es que no parecen estar interesados en los factores estructurales que han hecho tan fácil la competencia fiscal.
Las tasas impositivas no empezaron a disminuir porque todos decidieran repentinamente que era una buena idea permitir que multinacionales como Apple pagaran impuestos a un tipo del 0,005%. Los tipos impositivos empezaron a disminuir porque las élites así lo quisieron -de hecho, se habían pasado el período de posguerra construyendo una economía global conectada con la competencia fiscal.
La edad de oro del capitalismo tuvo lugar bajo el sistema de vinculación del tipo de cambio de Bretton Woods, que permitía el uso de controles de capital (límites en la cantidad de dinero que puede entrar o salir de un país). Estos controles eran anatema para la élite global, que buscaba el derecho de mover su dinero a dondequiera que se pudieran encontrar las oportunidades de inversión más rentables -y las tipos de impuestos más bajos-. Friedrich Hayek, el padrino intelectual del neoliberalismo, llamó a los controles de capital «el avance decisivo en el camino hacia el totalitarismo y la supresión de la libertad individual».
A medida que avanzaba el siglo XX, el capital internacional ejerció presión contra las restricciones impuestas por Bretton Woods. Los mercados del Eurodólar surgieron en Londres como un lugar de flujos de capital sin restricciones fuera de la jurisdicción de cualquier autoridad nacional; crecieron corporaciones multinacionales masivas que fueron capaces de trasladar capital a través de las fronteras; y, finalmente, el mismo sistema de Bretton Woods se derrumbó. Los neoliberales ya habían empezado a construir el nuevo orden mundial que iba a reemplazarlo.
Como escribe Quinn Slobodian en su reciente libro, Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism, lo hicieron construyendo un conjunto de instituciones internacionales para promulgar un nuevo marco legal internacional que protegiera el «derecho humano de la fuga de capitales». El FMI, el Banco Mundial y la Unión Europea se encontraban entre los adeptos más entusiastas de este marco -esta última lo consagró en la creación del Mercado Único como una de las cuatro libertades-.
El aumento de la movilidad del capital significó que las corporaciones, los inversores y las élites adineradas podían ahora amenazar a los gobiernos que no cumplían con su privilegiada agenda. Los tipos impositivos en todo el mundo se desplomaron cuando los gobiernos «compitieron» entre sí para atraer inversores y corporaciones altamente móviles. La medida del éxito de un gobierno se convirtió en su capacidad para implementar políticas «amistosas con el mercado». Aquellos que no lo hicieran sufrirían el tipo de chantaje económico que sufrió el presidente socialista francés François Mitterrand en 1983.
Aumentar los tipos impositivos marginales máximos es la mejor vía de acción moral y económica para el Reino Unido, pero cualquier gobierno socialista que intente hacerlo será castigado severamente por «los mercados». Sin restricciones en la movilidad del capital, los inversores continuarán ejerciendo un poder de veto sobre la política fiscal de los estados nacionales y la competencia fiscal solo continuará empeorando.
La infraestructura técnica para la implementación de los controles está ahí -la mayoría de ellos podría realizarse electrónicamente a través del software existente-. Un gobierno conservador -el partido de las finanzas británicas- nunca los usará. Un gobierno laborista debería, y eso significa hacer que la capacidad de desplegar controles de capital en la política monetaria cotidiana sea un pilar central en cualquier acuerdo sobre el brexit.