El derecho nacional e internacional ya no cuenta. El actual espectáculo legal ante el Tribunal de Comercio de Londres acerca de las reservas de 30 toneladas de lingote de oro venezolanas guardadas en Gran Bretaña lleva a esta conclusión.
Sorprendentemente, con una velocidad que nadie se imaginó, la corte, con el juez Nigel Teare, decidió reconocer únicamente a Juan Guaidó como presidente legitimo de Venezuela. Un acto moderno de piratería.
El 22 de junio comenzó en Londres el juicio por los activos de Venezuela bloqueados en Inglaterra. Se trata de unos 1,3 mil millones de dólares en propiedades estatales venezolanas. Durante décadas los gobiernos, incluso anteriores al chavismo, usaron sus barras de oro en las bóvedas subterráneas del Banco de Londres para transacciones financieras internacionales. Hoy el Banco de Londres se niega a cumplir con su obligación de devolverlas conforme a un contrato internacional vigente.
Dada la dramática situación económica de Venezuela, profundizada y llevada a la asfixia económica por las sanciones de EEUU., el gobierno de Nicolás Maduro trató recuperar los activos sin éxito de hace un año. En consecuencia el Banco Central de Venezuela (BCV) demandó al Banco de Inglaterra (BoE) el 14 de mayo de este año por incumplimiento de contrato.
El juez Nigel Teare abrió el proceso esta semana. Aceptó de antemano una estrategia de litigio que requería, como primer paso, aclarar quién era el presidente legítimo de Venezuela «reconocido» como tal por el gobierno británico (!): el presidente Maduro o el líder opositor, el autodenominado «presidente interino» Juan Guaidó.
¿Gran Bretaña podrá decidir sobre un tema de la soberanía de Venezuela?
El juez Teare introdujo un marco político en el proceso legal que crea un precedente peligroso. Como si fuera de derecho de que un poder extranjero – Gran Britania – pueda decidir sobre un tema que afecta la soberanía de una nación, esquivando consultar la voluntad de su población.
El 22 de junio, el primer día del juicio, el abogado de Guaidó, Andrew Fulton, argumentó que Gran Bretaña hubiera reconocido a Guaidó «legalmente y políticamente» como el presidente de Venezuela. Citó una declaración del Canciller del Reino Unido, Jeremy Hunt, del 4 de febrero de 2019 como evidencia «concluyente». La declaración pública en ese momento rezaba: “El Reino Unido ahora reconoce a Juan Guaidó como el presidente constitucional provisional de Venezuela hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales creíbles”. Así que Guaidó tendría curso legal como presidente de Venezuela, aunque esa sea una fake news más..
Válidas relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano.
El abogado Nick Vineall, representante de los intereses de la Junta Ejecutiva del Banco Central de Venezuela (BCV), argumentó en dirección contraria: el gobierno británico haya reconocido al gobierno de Maduro debido a las realidades diplomáticas. Sostuvo que ambas partes siempre mantuvieron “relaciones diplomáticas plenas, normales y recíprocas». Ambos gobiernos operan embajadas en el otro país.
Al mismo tiempo, Vineall, quien insistió en la importancia del estatus diplomático, enfatizó: “La declaración del entonces canciller Hunt con respecto a Juan Guaidó es ambigua y no abarcativa”. Si bien expresaría apoyo político, no implicara un reconocimiento de Guaidó en todos los aspectos como jefe del estado venezolano, o jefe de su gobierno. Él advirtió: “Si Londres le concediera a Guaidó derechos gubernamentales integrales, sería una violación del derecho internacional”.
El abogado también recordó que el gobierno británico se había negado a proporcionar un certificado para el juicio actual, reconociendo a Guaidó de forma inequívoca. Solamente hubiera señalado la declaración «ambigua» del canciller Hunt.
El debate pone sobre la mesa las contradicciones y limites en dichas construcciones políticas y legales. Por un lado 50 gobiernos reconocieron a Guaidó al comienzo de su carrera como presidente interino de Venezuela, mientras otros 150 estados miembros de la ONU no lo hicieron. Por otro lado, todos mantuvieron sus relaciones diplomáticas oficiales con el gobierno de Maduro. Habría que ver si los mismos gobiernos estarían dispuestos darle a Guaidó el mismo crédito por sus acciones en este año y medio.
El trasfondo de la disputa sobre la verdadera presidencia
Pero, ¿cuál es el trasfondo de la disputa sobre la verdadera presidencia de Venezuela? ¿Qué relación tiene con el oro depositado en Londres?
Conforme con la ley venezolana, los integrantes de la junta ejecutiva del Banco Central (BCV) son nombrados por el presidente del país. Pero hace unos meses les nació una competencia. Guaidó fundó un gremio directivo del BCV «en el exilio», en los Estados Unidos. Este grupo ahora reclama el control sobre el banco estatal y sus transacciones como si fuera una institución paralela con una legalidad paralela.
La jugada permite al gobierno de los EEUU y sus aliados para dar la apariencia de un marco legal a las expropiaciones y bloqueos de las finanzas venezolanas en el extranjero. Pretenden que el grupo de Guaidó represente una alternativa legalmente legítima a la actual junta directiva del Banco Central Venezolano en cargo. Sugiriendo que tendría el derecho de recibir los enormes activos del pueblo venezolano. El tribunal comercial internacional de Londres también se basa en esta hipótesis.
Siguiendo al guión, este proceso legal abre la posibilidad de cambiar el órgano rector del Banco Central, tratando cortar sus raíces al cuestionar la legitimidad del propio Presidente del país.
Decisión sobre dos grupos de directorio del Banco Central Venezolano
Ahora el tribunal decidirá cuál de los dos grupos de la junta del Banco Central Venezolano está legitimado para el cargo y, por lo tanto, se considere el socio contractual legítimo del Banco de Inglaterra. Según el tribunal, había que aclarar de antemano cuál de las dos figuras presidenciales tenía derecho a nombrar una dirección del banco. La respuesta dependería del reconocimiento por el gobierno británico. ¿El mundo al revés?
El consejo ejecutivo del BCV mostró responsabilidad humanitaria al destinar sus activos en el extranjero a un fondo fiduciario de la ONU con fines humanitarios en Venezuela. Ante la situación de emergencia inmediata de sus compatriotas agravada por la epidemia del Coronavirus, Juan Guaidó debería suspender por lo menos temporalmente la disputa jurídica y apoyar la acción de la ONU en Venezuela, acordando con financiarla con fondos venezolanos en el extranjero. No es de extrañar que Guaidó hoy en Venezuela cuenta con pocos seguidores.
¿Jurisdicción limitada de la corte británica?
Además, debe aclararse si el Tribunal Comercial Británico tiene la competencia legal para reconocer el nombramiento de unos ejecutivos bancarios extraoficiales por parte de Guaidó – sin respetar las leyes venezolanas. La Corte Suprema de Venezuela ya declaró nulos los hechos. ¿El tribunal de Londres ignorará la sentencia de Caracas? Con qué argumentos?
Guaidó no cumple criterios de presidente interino
Guaidó no tiene legitimidad legal en Venezuela, definitivamente no cumple con los criterios establecidos en la constitución venezolana para un presidente interino. Tampoco lo tiene según criterios de derecho internacional. Por ejemplo, debería haber convocado a nuevas elecciones a más tardar después de tres meses de su auto-proclamación. ¿Puede el tribunal inglés ignorar las normas constitucionales venezolanas?
Esquivando el problema, el abogado Fulton, defensor de Guaidó, reclamó en el juicio que el tribunal no podría juzgar si Guaidó posee autoridad sobre el estado de Venezuela y sus instituciones, ya que excede la jurisdicción de un tribunal británico. Solo podía decidir si el gobierno británico lo reconoció. En consecuencia las decisiones de Guaidó deberían ser «aceptados sin cuestionarlos» como “actos soberanos de un estado extranjero”.
El abogado Vineall tomó la posición opuesta. Le pidió al juez que tomara en cuenta el fallo de Caracas. Porque «el tema de la disputa es el oro almacenado en el área de jurisdicción británica».
Las decisiones del juez Teare no deben esperarse hasta agosto o septiembre, un desperdicio de tiempo valioso para la población venezolana que está esperando los fondos de la ONU convertidos en medicamentos y alimentos.
Guaidó está relacionado con delitos graves
Sin embargo, todos los esfuerzos legales y políticos para imponer a este joven como jefe de Estado venezolano chocan con su cuestionada idoneidad.
No puede calificar para tal cargo, al menos hasta que los tribunales hayan resuelto los delitos graves de los que se le acusa. Esto incluye la corrupción en la administración de fondos de origen incierto, destinados a desertores militares venezolanos involucrados en el intento de golpe armado en Venezuela en 2019.
Incluye los contactos documentados con la mafia del narcotráfico colombiana, o su firma en virtud de un contrato de dos millones de dólares con la empresa mercenaria estadounidense Silvercorp por ataques terroristas y asesinatos de encargue en Venezuela, también completamente documentados.
La Interpol también debería estar interesada. ¿Desde cuándo no han sido crímenes justiciables en el mundo entero? ¿Es esta persona idónea como garante para la administración limpia del dinero estatal millonario venezolano? ¿Pueden el gobierno y el poder judicial del Reino Unido permitirse ignorar dichos casos?
Convertir la política internacional en derecho internacional
En el juicio de Londres están transformando la política internacional en derecho internacional. Lo que crea un precedente y una incertidumbre legal futura, cuyas consecuencias no son previsibles. En el futuro, los tratados de estado e internacionales podrían socavarse retrospectivamente o incluso cancelarse por completo por medio de este tipo de gobiernos paralelos con instituciones de sombra y presuntos funcionarios designados por fuera de normas legales. Falta solo el veredicto de un juez para proporcionar la palabra mágica «justicia». ¿Quieren luchar contra el déficit democrático en Venezuela con un déficit democrático en Europa?
Gabriela Kuenhle: Psicóloga y socióloga, periodista colaboradora en medios de prensa europeos y latinoamericanos en temas de derechos humanos, democracia y medio ambiente. Colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).