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Por una fiscalidad europea

Fuentes: El salto

La Unión Europea tiene que elegir los medios para incrementar sus recursos para satisfacer la devolución de los fondos Next Generation. Los mecanismos utilizados de obtención de ingresos europeos no son ahora los más equitativos y progresivos

Aun estando la mayor parte del debate económico y partidario centrado sobre el destino y el reparto de los fondos europeos de recuperación, Presupuesto Next Generation, ya va siendo necesario discutir los mecanismos fiscales para satisfacer su devolución, que no sea mediante una mera reducción de los programas actualmente en vigor.

De momento, los recursos de la Unión Europea proceden, básicamente, del IVA que recaudan los Estados, los derechos arancelarios, multas y de un porcentaje de la Renta Nacional. También desde 2021, hay que incluir un impuesto sobre los plásticos no reciclados. Con la obligación del pago de la deuda comunitaria derivada del Presupuesto extraordinario Next Generation y las nuevas necesidades financieras, por ejemplo, para cubrir el Fondo Social del Clima, en los próximos años, la Unión Europea tiene que elegir los medios para incrementar sus recursos. Y, además de mejorar la suficiencia fiscal europea, la Unión debiera obtener una recaudación más equitativa y progresiva, coherente con los nuevos Pilares 1 y 2 de la fiscalidad internacional –una fiscalidad mínima, incluyendo a las empresas tecnológicas- y las necesidades de la sociedad y la economía de la UE.

Además de mejorar la suficiencia fiscal europea, la Unión debiera obtener una recaudación más equitativa y progresiva. Pero no está claro que esto vaya a ocurrir

Pero no está claro, desgraciadamente, que esto vaya a ocurrir. De momento, la Comisión Europea, de acuerdo con la Decisión 2020/2053 del Consejo sobre el sistema de recursos propios, ha propuesto tres nuevas fuentes de ingresos, los cuales, parcialmente, provendrían del comercio de derechos de emisión, los recursos generados por el ajuste en frontera por las emisiones de carbono y, finalmente, parte de los beneficios residuales de las multinacionales que se reasignarán a los Estados miembros de la UE en virtud del reciente acuerdo OCDE/G-20. Si los dos primeros son destinados, principalmente, con carácter finalista al Fondo Social del Clima, entonces, no hay mucho margen para mejorar las atribuciones de un sistema fiscal moderno ni tampoco para poder cubrir las nuevas necesidades presupuestarias europeas.

Hay voces en el Parlamento Europeo (y en algunos Gobiernos) que, desde nuestro punto de vista acertadamente, quieren incluir entre los recursos propios de la UE un Impuesto sobre las Transacciones Financieras y, en una lógica paneuropea, asimismo, un recargo en el Impuesto sobre el beneficio de sociedades.

En un primer momento, cuando todavía no se había llegado al acuerdo multilateral de poner un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, el llamado Pilar 2 de la OCDE, para dificultar las prácticas de las multinacionales de “optimizar” sus pagos fiscales, trasladando beneficios a jurisdicciones no cooperativas y paraísos fiscales diversos, se defendía el imponer a las empresas tecnológicas y digitales un recargo o un impuesto específico que compensase, al menos, parcialmente sus estrategias de planificación fiscal agresiva. Ahora, tras el acuerdo multilateral, el recargo, si tiene sentido, tendría que universalizarse.

Hay voces en el Parlamento Europeo (y en algunos Gobiernos) que, desde nuestro punto de vista, acertadamente, quieren incluir entre los recursos propios de la UE un Impuesto sobre las Transacciones Financieras y un recargo en el Impuesto de Sociedades.

Y llegados a este punto, hay otros planteamientos para que un recargo o un porcentaje del impuesto sobre la renta personal fuera el que coadyuvase al pago de la deuda y la hacienda europea. Esto sería lo más propio para identificar a una Europa de la ciudadanía.

Actualmente, desde el punto de vista de equidad y progresividad, los mecanismos utilizados de obtención de ingresos europeos no son, precisamente, los más equitativos y progresivos. No se hacen en función de las rentas personales del ciudadano y no contribuyen mucho más los que más tienen. Además, sufragan relativamente más los países con más propensión al consumo (y déficit comercial) que los países que, proporcionalmente, tengan más superávit comercial.

Si queremos ir hacia una economía más cohesionada, como pretenden los Tratados de la Unión, hay que avanzar hacia una Hacienda común europea y luchar contra el fraude

Pero, lo propio, si queremos ir hacia una economía más cohesionada, como pretenden los Tratados de la Unión, es, asimismo, avanzar hacia una Hacienda común europea, eliminar los paraísos fiscales dentro de la UE, mejorar en el intercambio de información y evitar las prácticas de empresas vacías o buzón que se domicilian en una soberanía fiscal para eludir los impuestos de sus centros de generación de actividad real. En definitiva, luchar contra el fraude. También, en el plano internacional, la UE tiene que luchar contra los paraísos fiscales, la corrupción y la falta de colaboración fiscal o simetría informativa que existe, incluso con países próximos, siendo un ejemplo claro entre los países de la UE y los Estados Unidos.

La ciudadanía europea, como la nacional o local, se construye mediante la pertenencia a un espacio de obligaciones y derechos comunes. Entre las obligaciones están los impuestos y si estos desean estar legitimados, socialmente hablando, tiene que existir una percepción de equidad y progresividad en su recaudación, así como la sensación de que los derechos son iguales para todos.

Santiago González Vallejo. Economista. Miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/justicia-fiscal/por-una-fiscalidad-europea