Las clases dominantes formaron un bloque y, mediante sus parlamentarios en el Senado, consiguieron derrumbar el proyecto de la CPMF (Contribución provisoria sobre las movimientos financieros). Luego, aprobaron la continuidad de la DRU (Desvinculación de ingresos de la Unión), que permite el desvío del 20 por ciento de los ingresos de la Unión. Con esa […]
Las clases dominantes formaron un bloque y, mediante sus parlamentarios en el Senado, consiguieron derrumbar el proyecto de la CPMF (Contribución provisoria sobre las movimientos financieros). Luego, aprobaron la continuidad de la DRU (Desvinculación de ingresos de la Unión), que permite el desvío del 20 por ciento de los ingresos de la Unión. Con esa medida, los recursos del Estado pueden ser utilizados sin control para el pago de los intereses, en lugar de destinarlos a inversiones sociales.
La cuestión fundamental es que la CPMF era un impuesto que gravaba principalmente a los más ricos – 70 por ciento de su recaudación venía de las grandes empresas y bancos. Además, impedía ocultamientos, fraudes y desvíos.
Con la derrota en el Senado, el gobierno federal tomó la iniciativa de aumentar el IOF (Impuesto sobre las operaciones financieras) y la CSLL (Contribución social sobre ganancias líquidas) y retomó el cobro del impuesto sobre las remesas de ganancias para el exterior.
Esas propuestas fueron acertadas y justas, alcanzando sobretodo a los bancos, al sistema financiero y a las empresas extranjeras, apuntando al combate de la desigualdad social y al desarrollo nacional.
Una vez más las fuerzas conservadores se movilizaron y, encabezadas por la Fiesp (Federación de las Industrias del Estado de San Pablo) y la Febraban (Federación brasileña de bancos), lanzaron una campaña mentirosa contra las propuestas del gobierno, con el soporte da la Globo, los Demócratas y el PSDB.
Por un lado, mienten cuando afirman que los mas pobres serán afectados por esos impuestos y, por el otro, esconden que las tasas de interés exorbitantes cobradas por el sistema financiero constituyen el mayor costo de las compras a plazos. Se callan porque son los beneficiados por ese instrumento.
Ante esto, las organizaciones populares, sindicales, intelectuales y religiosas defendemos que «el recorte de los gastos públicos» – exigido por las clases dominantes – afecte al superávit primario y al pago de los intereses de la deuda pública, que conforman el mayor gasto del Presupuesto de la Unión en los últimos diez años.
Se trata de una transferencia de dinero del pueblo a los bancos y especuladores. En 2007 el gobierno federal gastó 160,3 mil millones de reales en intereses, un valor equivalente al 6,3 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), que representa cuatro veces la inversión en las áreas sociales.
Necesitamos una verdadera reforma tributaria, que sea eficaz y progresiva, incidiendo proporcionalmente en la renta y la riqueza.
Actualmente, el 70 por ciento de los impuestos cobrados recaen sobre el consumo y apenas el 30 por ciento sobre el patrimonio. Es preciso disminuir el peso sobre la población y aumentarlo sobre la riqueza y la renta. Además, es fundamental la reducción de la tasa de interés básica utilizada como referencia para el pago de los títulos de la deuda pública con los grupos financieros.
Los bancos, a su vez, tendrían que bajar las escandalosas tasas de interés que cobran a los consumidores y las empresas, que inviabilizan el crédito para el crecimiento del país.
Podrían eliminar las tasas de servicios, que rinden por año 54 mil millones de reales. Otra forma de aumentar la recaudación fiscal, sin perjudicar al pueblo con recortes al Presupuesto, es terminar con la Ley Kandir, que exime del ICMS (Impuesto sobre la circulación de mercaderías y servicios) a las exportaciones agrícolas y primarias, perjudicando inclusive a las cuentas de los Estados (provincias NdT).
Finamente, necesitamos una política permanente de distribución de la renta, para lo será necesario tomar medidas que graven el patrimonio, las ganancias y los privilegios del 10 por ciento de los más ricos, que se apropian del 75 por ciento de la riqueza nacional.
Sólo de esa forma podremos aumentar las oportunidades de empleo y renta y, sin reducir el empleo y el salario de los empleados, ampliar los servicios públicos de forma eficiente y gratuita para toda la población, especialmente en salud, educación y seguridad social.
La sociedad brasileña no puede callarse ante las presiones de los sectores conservadores y debe manifestarse, utilizando plebiscitos y consultas como ejercicio del derecho constitucional de decisión del pueblo sobre asuntos tan importantes para la vida de todos y del futuro del país.
Emir Sader, sociólogo y politólogo, secretario ejecutivo de CLACSO y profesor de la Universidad de Río de Janeiro, es miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO Joâo Pero Stedile, economista y miembro de la dirección nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Dom Demétrio Valentini, obispo de Jales y miembro de la Comisión Episcopal para el Servicios de Caridad, Justicia y Paz de la Conferencia Nacional de Obispos de la Iglesia Católica del Brasil. José Antônio Moroni es filósofo y miembro del INESC (Instituto de Estudios Socioeconómicos y directos de la Asociación Brasileña de ONGs.
Traducción para www.sinpermiso.info: Carlos Abel Suárez
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