Veintiseis años después de la puesta en marcha de los primeros planes de ajuste estructural en los países del Sur que debían resolver la crisis de la deuda de 1982, los países de la Unión Europea (UE) afectados por la crisis financiera del 2007 adoptan medidas similares bajo la terminología de «políticas de austeridad». Algunas […]
Veintiseis años después de la puesta en marcha de los primeros planes de ajuste estructural en los países del Sur que debían resolver la crisis de la deuda de 1982, los países de la Unión Europea (UE) afectados por la crisis financiera del 2007 adoptan medidas similares bajo la terminología de «políticas de austeridad». Algunas de estas medidas están directamente incluidas en los acuerdos llamados «memorandos» suscritos entre el Estado endeudado y la Troïka compuesta por el Banco central europeo ( BCE ), la Comisión europea y el Fondo monetario internacional (FMI). Dichos memorandos contienen prescripciones precisas [1] que acentúan las desigualdades en el reparto de las rentas y aumentan el desempleo, incrementando por tanto la pobreza [2] . Lo que empezó como una crisis financiera se ha transformado, en el seno de la UE, en una crisis de endeudamiento de los Estados llamada «crisis de deudas soberanas» o «crisis de deudas públicas», y luego en una crisis económica y social con un impacto negativo en los derechos fundamentales.
Esta situación se ve agravada por la acción de algunos acreedores llamados « fondos buitre «. Los fondos buitre son «entidades comerciales privadas que adquieren deudas impagadas o dedudoso cobro, bien mediante compra, cesión o cualquier otra forma de transacción y a veces por procedimientos judiciales, para realizar altos beneficios». Estos fondos «adquieren generalmente en el mercado secundario la deuda soberana de paises pobres morosos a un precio muy inferior a su valor nominal para luego intentar, por vía judicial, por la incautación de activos o presiones políticas recuperar el monto íntegro más intereses, multas y las costas judiciales [3] .