Después de cuatro sesiones plegadas de larguísimos pronunciamientos (ayer, por ejemplo, el voto de la magistrada Rosa Weber consumió exactamente una hora y diecinueve minutos), pasadas las seis de la tarde de ayer el presidente del Supremo Tribunal Federal, José Antonio Días Toffoli, anunció que se suspendían las sesiones, las cuales serán retomados en la […]
Al suspenderse el juicio, el resultado era de cuatro votos favorables a que se cumpla una sentencia antes de agotados todos los recursos, y tres favorables a que se respete lo que dicen el Código Penal y la Constitución, o sea, que nadie (excepto en condiciones muy determinadas, como en casos de crímenes considerados extremos, como asesinato, violación o tortura) sea encarcelado hasta que la sentencia sea definitiva.
Faltan los votos de cuatro magistrados de la corte suprema. Dos de ellos, en todo caso, ya anticiparon que votarán por la exigencia de que se agoten los recursos antes de que alguien sea encarcelado.
El tercer voto, que no fue anticipado pero es fácilmente previsible, corresponde a la magistrada Carmen Lucia, que ya presidió el Supremo Tribunal Federal: ella siempre votó para que una condena en segunda instancia implique la prisión del acusado.
Quien no anticipó su voto es precisamente el presidente de la corte, Dias Toffoli, que será el último a votar. Con la expectativa de que haya un empate de cinco votos por lado, el suyo será decisivo. Por sus manifestaciones conocidas hasta ahora, lo más probable es que sugiera una salida intermediaria, determinando prisión cuando haya una decisión del Superior Tribunal de Justicia, instancia inmediatamente inferior al Supremo Tribunal Federal.
Si prevalece la posición intermedia, o sea, si los demás magistrados aceptan la propuesta que posiblemente sea presentada por Dias Toffoli, la situación de Lula no cambia: el pasado abril el Superior Tribunal de Justicia rechazó una apelación del ex presidente y mantuvo su condena.
La estrategia de la defensa del ex presidente, en todo caso, es más osada. Tomando por base las revelaciones divulgadas por la publicación digital The Intercept, del periodista norteamericano Glenn Greenwald, y que muestran que todo el juicio a Lula fue manipulado por el entonces juez y actual ministro bolsonarista Sergio Moro, lo que se pretende es que el proceso sea anulado y se empiece otra vez de cero.
Al margen de toda esa discusión, las acciones de los últimos días de parte de los que condenaron Lula da Silva dejan en claro que se trata de anticipar una derrota en la corte suprema con medidas destinadas a liberar el ex presidente. Ya se pidió a la jueza encargada del cumplimiento de la sentencia que él pase al régimen semi-abierto, y ahora el Ministerio Público Federal pide que se anule un segundo juicio que ya lo condenó en primera instancia.
Este segundo juicio se refiere a una finca que Lula usaba con su familia en los fines de semana, y cuyo propietario real – declarado y comprobado – es hijo de uno de los mejores amigos del ex presidente. La excusa para condenarlo es que en la reforma del lugar actuaron ingenieros y funcionarios indicados por constructoras denunciadas en la llamada «Operación Lava Jato», lo que configuraría actos de corrupción.
Un detalle refuerza la idea de que todo juicio llevado a cabo hasta ahora es parte de una gran farsa: la jueza substituta de Moro en el proceso no dudó en copiar literalmente, y sin el mínimo cuidado en disfrazar, grandes tramos de la condena anterior. Tan estruendoso ha sido el plagio que el mismo Ministerio Público acusador pide ahora que el juicio sea anulado.
Lula, sin embargo, quiere más: reitera que exige que se declare su absoluta inocencia, y que mientras eso no ocurra se negará a dejar la cárcel. Sea como fuera, persiste la sensación general de que antes que 2019 termine Lula da Silva estará libre.