Una de las últimas noticias económicas del año pasado ponía de manifiesto lo «consecuentes» que son, en sus actos, los grandes banqueros y algún que otro alto directivo de este país con la retahíla monódica que esos mismos personajes entonan cuando tratan el tema de la edad de jubilación. Y es que tanto en el […]
Una de las últimas noticias económicas del año pasado ponía de manifiesto lo «consecuentes» que son, en sus actos, los grandes banqueros y algún que otro alto directivo de este país con la retahíla monódica que esos mismos personajes entonan cuando tratan el tema de la edad de jubilación.
Y es que tanto en el BBVA como en el Banco Santander y, más recientemente, en la propia Telefónica han decidido modificar los reglamentos de sus consejos de administración para permitir que sus respectivos presidentes y, en su caso, algún que otro consejero más puedan permanecer en sus puestos hasta los 70 años en lugar de jubilarse a los 65.
Eso, como decía, se llama predicar con el ejemplo porque basta recurrir a las hemerotecas para saber que el servicio de estudios del BBVA lleva tiempo recomendando que la edad de jubilación debería retrasarse unos años más y ahí está su presidente, dando ejemplo. Una propuesta que también es compartida por el servicio de estudios de La Caixa o, como señalé hace algún tiempo, hasta por el que fuera el principal asesor económico de Zapatero, David Taguas.
Eso sí, al mismo tiempo que parecieran estar dando ejemplo decidiendo alargar su vida laboral hasta los 70 años -cosa que, dicha sea de paso, a mí tampoco me importaría si mi salario ascendiera a los casi 10 millones de euro anuales que cobra Francisco González, presidente del BBVA-, esos mismos personajes no han parado mientes en utilizar el recurso a las jubilaciones anticipadas para reestructurar las plantillas de las empresas que administran.
Y es entonces cuando a uno le comienzan a asaltar las dudas.
¿Por qué en un país en donde la edad de jubilación real es, por término medio, de 62 años, según datos de la propia Seguridad Social, no se penalizan las jubilaciones anticipadas que tan alegremente emplean esas grandes empresas para reajustar sus plantillas y sacar del mercado de trabajo a una mano de obra altamente cualificada para el puesto que desempeñaban?
Es más, ¿por qué estas empresas aplican el doble rasero de pedir la prolongación de la vida laboral para el resto de empleados de la economía y, sin embargo, utilizan las jubilaciones anticipadas en sus propias empresas para ajustar plantillas? Si tanto les preocupa la solvencia a largo plazo del sistema de pensiones no se entiende que, en los últimos diez años, entre el BBVA y el Banco Santander hayan sumado casi 40.000 prejubilaciones, con el descenso equivalente de la población activa de este país y la pérdida de riqueza que hubieran podido producir en sus puestos de trabajo hasta el día de su jubilación.
Y, finalmente, ¿por qué consideran esos altos ejecutivos que su experiencia profesional acumulada es tan valiosa que deben permanecer en el cargo hasta los 70 años mientras que la de sus trabajadores pareciera que se disuelve conforme envejecen? Es más, ¿por qué si son prejubilados con el argumento de su falta de adaptación a las nuevas tecnologías y la mayor formación de las nuevas cohortes de trabajadores, éstos son, paradójicamente, peor remunerados?
Pero no es tan sólo en esa materia en la que los grandes banqueros son consecuentes. Su preocupación por la viabilidad futura del sistema público de pensiones les lleva a compensar sus aberrantes salarios con jugosos planes de pensiones privados para poder mantener, como recomiendan sus entidades a cualquier jubilado, un nivel de vida digno una vez llegado el momento de abandonar su puesto de trabajo.
Y, así, por ejemplo, en 2006, Emilio Botín, presidente del Banco Santander, recibió 10 millones de euros en forma de aportación a su fondo de pensiones; mientras que Francisco González, presidente del BBVA, complementó sus 9 millones de euros de salario con un ingreso en su fondo de pensiones privado de casi 11 millones.
La conclusión que se extrae de lo anterior es clara. Dejen de dudar y sigan el ejemplo de nuestros grandes banqueros: trabajen hasta los setenta años y corran a suscribir un fondo privado de pensiones porque con la pensión pública, después de haber trabajado y cotizado durante cuarenta o cuarenta y cinco años, no van a tener para pagar las medicinas que, por cierto, también se encargan de pedir que deben sean sufragadas parcialmente por los beneficiarios del sistema sanitario.
Luego no vengan a decir que nadie les advirtió e, incluso, se sacrificó para enseñarles cuál era el camino correcto.
Alberto Montero Soler ([email protected]) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y miembro de la Fundación CEPS. Puedes ver otros escritos suyos en su blog «La otra economía».