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Premiar a los agentes de la masacre de Carajás es irresponsabilidad, dice MST

Fuentes: Radioagencia NP

(2’00» / 470 Kb) – Los soldados que participaron de la masacre de Eldorado de Carajás, en abril de 1996, fueron promovidos a cabo por el gobierno estadual. La gobernadora Ana Júlia Carepa (del Partido de los Trabajadores) sancionó el viernes, día 26, una ley estadual que permite la promoción de policías militares que responden […]

Clique aqui para ouvir(2’00» / 470 Kb) – Los soldados que participaron de la masacre de Eldorado de Carajás, en abril de 1996, fueron promovidos a cabo por el gobierno estadual. La gobernadora Ana Júlia Carepa (del Partido de los Trabajadores) sancionó el viernes, día 26, una ley estadual que permite la promoción de policías militares que responden a procesos judiciales. La medida fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa. Según la asesoría del gobierno, la ley pretende «corregir una desigualdad».

Anteriormente, sólo policías de patentes altas podrían subir de cargo si estuviesen sufriendo un proceso.

El coordinador nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en Pará, región norte brasileña, Ulises Manaças, afirmó que el movimiento está indignado con la decisión.

«Para nosotros es una actitud irresponsable y extremamente peligrosa, porque promover a ochenta policías que participaron de la masacre de Eldorado de Carajás es dar un premio a agentes del Estado que estuvieron involucrados en un crimen que la sociedad brasileña e internacional condenan.»

Según Ulises, los laudos del proceso de la masacre comprueban que más de diez personas, de las diecinueve que fueron asesinadas, murieron por ejecución sumaria, sin derecho a defensa y con disparos de armas de fuego a menos de diez centímetros de distancia, en la nuca y en la cabeza. Además, los policías estaban sin identificación, no revelaron sus identidades, y no hubo registro de identificación de las armas que salieron de los cuarteles.

Ahora el MST organiza una moción de repudio al gobierno del estado y, según Ulises, recurrirá a los organismos jurídicos nacionales y a las organizaciones internacionales, como la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).