Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Las federaciones más importantes de sindicatos, los grandes movimientos sociales vecinales (en la combativa ciudad de El Alto) y los movimientos rurales de los sin tierra expresaron su consternación y rechazo ante algunos de los ministros nombrados por el Presidente Morales para que integren su gabinete, así como por las prioridades políticas inicialmente formuladas, que van en contra de las promesas hechas durante la campaña electoral del candidato Morales.
Nombramientos en el Gabinete: Neoliberalismo Multicultural
Uno de los peores pronósticos de la mayoría de las políticas gubernamentales aparece conformado por la retórica que se despliega durante las campañas. Este es especialmente el caso de los candidatos presidenciales que se van deslizando desde una posición de izquierdas hacia el centro. Se obtiene un indicador mucho más fiable de las políticas concretas que un régimen recién inaugurado puede desarrollar tras analizar a quién se ha nombrado ministro de gabinete para los ministerios más importantes.
El Presidente Morales nombró a 16 ministros de gabinete, de los cuales siete han sido ya cuestionados por los movimientos de masas que llevaron a Morales a la Presidencia. Mientras que comentaristas y propagandistas extranjeros alabaron la presencia de varios «indios» y cuatro mujeres en el gabinete, los movimientos populares en Bolivia están consternados por las pasadas trayectorias políticas de casi la mitad de los nuevos ministros. Salvador Ric Riera, un empresario conservador de Santa Cruz y acreditado multimillonario, acusado por los dirigentes del sindicato local de blanqueo de dinero y otras actividades sospechosas, fue designado para el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. En todos los regímenes anteriores, Obras Públicas fue uno de los ministerios más tristemente célebres por su corrupción, especialmente a la hora de asignar contratos para la construcción de autopistas del Estado. Teniendo en cuenta la importancia que Morales ha dado a la lucha contra la corrupción, la mayoría de los activistas se sintieron espantados por el nombramiento de Riera, quien apareció como donante financiero de última hora en la campaña de Morales. Su nombramiento es considerado como una concesión al sector de la oligarquía de Santa Cruz.
El Ministerio clave de Minas ha sido entregado a Walter Villarroel, que desertó de la derechista UCS para subirse al carro de Morales. Su nombramiento fue denunciado por el dirigente minero Cesar Lugo por las anteriores contribuciones de Villarroel en el gobierno, ya que durante el mismo ayudó a desmantelar la Corporación Minera Boliviana (COMOBOL) y a privatizar una de las mayores minas de hierro del mundo. También ha sido atacado por apoyar al anterior Presidente neo-liberal Carlos Mesa, quien antepuso las cooperativas privadas al fortalecimiento de las empresas estatales bajo control de los trabajadores.
El estratégico Ministerio de Defensa fue asignado a Walter San Miguel Rodríguez, abogado y anterior director de las Aerolíneas Bolivianas Lloyd (LBA), acusado de encubrir la privatización ilegal de las anteriores aerolíneas estatales. Actualmente, la Asociación de Pilotos ha pedido al Estado que intervenga en la firma para investigar delitos e irregularidades. El Ministro de Defensa es desde hace tiempo miembro del derechista MNR y un antiguo partidario del ex Presidente Sánchez de Losada, el Presidente que masacró a decenas de manifestantes en 2003 antes de volar al exilio en EEUU. ¡Menuda selección adecuada e «incorruptible» para liderar a los militares!
La Confederación de Profesores ha rechazado el nombramiento efectuado por Morales de Felix Patzi Paco como Ministro de Educación porque no tiene experiencia en la profesión, no tiene conocimientos en ese campo y es claramente incompetente para afrontar la crisis actual que sufre la educación.
La Confederación del Trabajo (COB) ha criticado duramente el nombramiento de Luis Alberto Arce para encabezar el Ministerio de Hacienda. Arce estuvo conectado durante mucho tiempo con las instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial y Banco de Desarrollo Inter-Americano) y fue siempre partidario de sus regresivos programas de ajuste estructural. El Ministerio de Hacienda es el responsable del establecimiento de los parámetros para el resto de los ministerios, incluidas las inversiones, los gastos e ingresos sociales.
El Ministerio de Asuntos Exteriores será dirigido por un antiguo concejal del ayuntamiento de El Alto, David Choquehuanca. Fue un estrecho colaborador del corrupto ex Presidente neo-liberal Jaime Paz Zamora. Tiene capacidad para defender sus políticas de libre mercado tanto en español como en aymara.
La designación hecha por Evo Morales de Abel Mamani para el Ministerio de Agua fue muy protestada por los dirigentes de la Federación de Consejos Vecinales (FEJUVE) de El Alto, la organización principal que encendió la mecha de las insurrecciones que derribaron a los dos anteriores presidentes neoliberales y que dieron a Morales una rotunda mayoría del 70% en El Alto. Morales y Mamani actuaron sin consultar con las asambleas populares de FEJUVE, a pesar de la importancia del tema del agua en El Alto. Además, Mamani, antiguo dirigente de FEJUVE, fue criticado por malversación de fondos y por su fracaso a la hora de conseguir satisfacer la demanda general de nacionalización de los derechos de distribución de agua en El Alto, que siguen siendo de propiedad extranjera. Los grupos vecinales se sintieron menos impresionados por la facilidad de Mamani para hablar en quechua que por su falta de militancia y por su oportunismo político.
Los movimientos sociales alabaron los nombramientos de Morales para Hidrocarburos (André Soliz Rada) que prometió promover la nacionalización del gas y del petróleo, Justicia (Casimira Rodríguez Romero, una dirigente de la Unión de Trabajadoras Domésticas), Trabajo (Alex Galve Mamani, un antiguo líder de la Confederación de Trabajadores de la Industria). En cuanto al resto de Ministros, no hay, por el momento, ni oposición seria ni alabanzas. Sin embargo, en el nombramiento de Soliz Rada para Hidrocarburos debe tenerse en cuenta que era un antiguo dirigente del partido de centro-derecha CONDEPA, que cohabitó con antiguos presidentes neo-liberales, incluso cuando polemizó contra la ilegal liquidación de los recursos estatales petrolíferos. El Ministro de Asuntos Agrarios y Campesinos es un intelectual de Santa Cruz, sin vínculos con los movimientos campesinos importantes de los Andes o Cochabamba.
Los puestos económicos clave han ido a parar a manos de tecnócratas y liberales mientras que los «ministerios sociales» han recaído en izquierdistas. Aunque esta situación da la impresión de diversidad en la representación, de hecho es el ministerio económico (Hacienda), el que establecerá los parámetros económicos para conceder los presupuestos que influirán profundamente en cualquier cambio social.
La Agenda Post-Electoral
En su discurso inaugural en el Congreso, Evo Morales fue categórico en su defensa de los grandes propietarios de plantaciones y en su oposición a cualquier redistribución de tierras fértiles y productivas. «Quiero contarles, distinguidos Congresistas, mi posición en cuanto a la política sobre la tierra. Quiero decirles que la tierra productiva, tanto si es productiva o ha sido prestada para usos sociales económicos, será respetada en los tamaños de 1.000, 2.000, 3.000 o 5.000 hectáreas. Pero aquellas tierras que estén siendo utilizadas para propósitos especulativos revertirán al Estado para redistribuirlas entre los campesinos sin tierra» (22 de enero de 2006). Morales también condenó la esclavitud en las regiones orientales de Bolivia.
La exclusión de todas las grandes propiedades de la tierra, plantaciones y latifundios hecha por Morales satisface las promesas pre-electorales hechas a los ricos oligarcas y empresarios del agro de Santa Cruz, pero implica una negación de sus promesas de reforma agraria a los movimientos campesinos y a los sin tierra. Como ya ocurrió en el pasado, los asentamientos promovidos por el gobierno en remotas tierras públicas de suelo precario, que se sitúan lejos de instalaciones de mercados, transportes y de facilidades para la obtención de créditos, están destinados al fracaso.
En su discurso al Congreso, Morales destacó la «austeridad» de los salarios gubernamentales para los legisladores y para él mismo. Sin embargo, esa moralidad personal fue aprovechada para llevar también la austeridad a los presupuestos estatales – una posición claramente articulada por su reciente nombramiento de Luis Arce como Ministro de Hacienda. Tan pronto como Arce tomó posesión de su cargo, convocó una reunión con los directores del Banco Central, la Oficina de Impuestos e Ingresos, los Ministerios de Desarrollo y Planificación y otros para anunciar que Bolivia seguiría cuatro «ejes» en política: mantener la estabilidad macro-económica, generar una nueva conciencia para pagar impuestos, animar a los consumidores a comprar productos hechos en Bolivia y fomentar el uso de la divisa boliviana en lugar del dólar.
La defensa de Arce del pacto de estabilidad macro-económica respaldada por el FMI es una garantía de que los programas sociales patrocinados por el gobierno se verán severamente limitados y de que no se emprenderán cambios estructurales ni menores ni mayores (expropiaciones de tierra, industrias, bancos y minas). Las cuatro prioridades de Arce excluyen cualquier programa redistributivo y favorecerán la adopción de medidas intrascendentes que, en términos absolutos, tendrán un impacto cero a la hora de reducir las desigualdades o la pobreza y, como mucho, sólo lograrán aumentar un mínimo los servicios sociales.
Ya se había intentado anteriormente animar a los consumidores para que «compraran productos bolivianos» y se había fracasado porque el contrabando proporciona un sustento decente en ausencia de programas de trabajo a gran escala financiados públicamente (lo que es impensable con la estrategia de austeridad fiscal de Arce). Además, sin incremento sustancial alguno en el salario mínimo mensual de 50$, los consumidores preferirán el contrabando de productos chinos más baratos a los productos manufacturados locales. Finalmente, dado el enorme ejército de vendedores callejeros ‘informales’ que dependen de vender importaciones baratas, cualquier tipo de inversión pública en alternativas de empleo condenará las campañas de consumo «nacionalista». El nuevo Ministro de Asuntos Exteriores de lengua aymara, David Choquehuanca, tras tomar posesión, afirmó que Bolivia estaba abierta a discutir un acuerdo de libre comercio con EEUU – algo que el anterior régimen neo-liberal no pudo avanzar. )». Reiteró, en cuanto se hizo cargo del Ministerio de Exteriores, «No rechazamos entrar en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)».
Y fue más lejos aún, «Vamos a tener relaciones con todo el mundo, tenemos que hablar de acuerdos de libre comercio con varias naciones y analizar la situación con la Comunidad Andina, el Mercado del Cono Sur (MERCOSUR), organizaciones con las que Bolivia tiene acuerdos comerciales». Continuó aludiendo a los viajes de Morales al extranjero por varios países latinoamericanos, europeos y por Sudáfrica antes de su toma de posesión. «Cuando Evo viajó al exterior dijo que aprendió cómo hacer buenos negocios». Efectivamente, el periplo de Evo por el extranjero y sus conversaciones con el Embajador de EEUU en Bolivia (Greenlee) y el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, se produjeron esencialmente para asegurarle a Europa y a EEUU su ortodoxia en el campo de la economía, para fomentar más y mayores inversiones en el sector de la minería y para asegurar su certificado de buena conducta.
Puestos a recordar la retórica de su campaña, aunque los nombramientos de Morales para los puestos clave de su gabinete y el apoyo entusiasta que le prestan las comunidades indias pueden parecer «contradictorios» a los observadores extranjeros, todo es en realidad compatible con el lado menos público de su trapicheo y negociaciones políticas con las elites políticas y económicas que se desarrollaron antes y durante su campaña electoral.
De hecho, desde que se presentó para la presidencia en el año 2002, el Presidente Morales se ha opuesto a muchas de las demandas de los movimientos sociales de masas que han tenido lugar durante estos últimos años. No apoyó ni participó en los movimientos insurreccionales populares que derrocaron al Presidente neoliberal Sánchez de Losada en octubre de 2003, ni en el movimiento popular que expulsó al Presidente Carlos Mesa en mayo-junio de 2005. Apoyó un referéndum del Presidente Mesa (2004) para aumentar el pago de impuestos sobre el gas y el petróleo que excluía de forma explícita la nacionalización. Durante su campaña electoral y en sus encuentros con las masas, Morales manifestó que apoyaba la «nacionalización» al tiempo que aseguraba a las compañías extranjeras alrededor del petróleo y del gas que garantizaría sus activos, inversiones y beneficios con la condición de que aumentaron sus pagos de impuestos. En su viaje a Brasil, Argentina, España y Francia reafirmó su compromiso de proteger las inversiones existentes en los sectores del petróleo y del gas, y fue más allá pidiéndoles que aumentaran y ampliaran sus inversiones en explotaciones mineras y en el tratamiento del producto obtenido. Su nombramiento del liberal Walter Villarroel para el Ministerio de Minería, a pesar de las decididas objeciones y amenazas de acción en el trabajo de los sindicatos mineros (que le llevaron al poder), es indicativo de la determinación del Presidente Morales de seguir un modelo ortodoxo de explotación minera basado en la inversión exterior.
Carlos Villegas, Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación del Desarrollo, tras tomar posesión de su cargo declaró que REPSOL (la corporación multinacional española) y TOTAL (el gigante del gas francés) «han manifestado que deseaban renegociar sus contratos para proporcionar una cuota mayor de beneficios a Bolivia (Financial Times, 23.1.2006)- La «nacionalización», según la administración Morales, se reduce a poco más que un aumento de los ingresos obtenidos a partir de los impuestos. El compromiso de Bolivia con «el mantenimiento de la estabilidad macro-económica» viene fundamentalmente a significar que los nuevos ingresos procedentes de los impuestos seguirán sirviendo para pagar la deuda pública y exterior en la que incurrieron los corruptos regímenes anteriores, que casi nunca se invirtió en actividades productivas.
El viaje de Morales a Cuba y Venezuela y las promesas de ayuda socio-económica obtenidas han servido para proporcionarle legitimidad «izquierdista»; sus viajes a España, Francia, Holanda, Bélgica, Sudáfrica y Brasil para discutir acuerdos políticos y económicos que limitarán a Bolivia a su papel convencional de exportador minero y energético. Más importante que sus muy publicitados viajes al extranjero fue su encuentro en La Paz con el Embajador de EEUU, David Greenlee, en la residencia del Embajador antes de su viaje a Cuba y Venezuela. Aunque no se facilitaron detalles sobre la conversación que mantuvieron, ambas partes dieron por sentado que no habían aflorado conflictos importantes. El Vicepresidente García Linera anunció que el encuentro fue cordial y que sirvió para fundamentar futuros acuerdos.
Privatizando MUTUN: Bolivia en Venta
Uno de los proyectos de explotación minera más lucrativos a los que el régimen de Morales tiene que hacer frente es el de las minas de propiedad estatal de hierro y manganeso de Mutun, en Santa Cruz, con 40.000 millones de toneladas en depósitos de hierro. Expertos bolivianos estiman que el valor de la materia prima del hierro que contienen es de 400.000 millones de dólares según los precios actuales; una vez transformado en barras de hierro o acero para la construcción se valoraría en 30.000 billones de dólares menos los costes de producción e inversión. Mutun está lista para ser subastada y varias multinacionales compiten para obtenerla. La subasta, que fue fijada con anterioridad a la toma de posesión de Morales, se fundamentó en la excavación y exportación de barras de mineral de hierro, sin intención de añadirles valor mediante su conversión en acero. Para que el régimen de Morales pudiera «industrializar» la materia prima, consiguiendo valor añadido y aumentando los ingresos nacionales, sería preciso canalizar el gas natural para que funcionaran las refinerías de acero. Eso a su vez requeriría la nacionalización de la producción del gas, porque la multinacional brasileña PETROBRAS podría ciertamente no cooperar, ya que los beneficios de sus ventas en el interior de Bolivia se reducirían al tener que poner precios mucho más bajos que en Sao Paulo.
La afirmación de Morales de querer «industrializar» la producción de la materia prima entra directamente en conflicto con su política de garantizar la propiedad extranjera de los recursos de hidrocarburos a cambio de tasas de impuestos más altas. Morales usa un doble discurso: su oposición al «neo-liberalismo» se contradice con su apoyo a las «políticas macro-económicas de estabilización»; su defensa de la austeridad presupuestaria y el rechazo de su Ministro de Hacienda a triplicar, o incluso aumentar, el salario mínimo («se está estudiando un aumento para ver si es compatible con las políticas macro-económicas de estabilidad», según el Ministro de Hacienda) no armoniza bien con su promesa de reducir la pobreza; sus garantías a las inmensas plantaciones actuales de los empresarios del agro se oponen a las demandas de millones de campesinos sin tierra, o con parcelas de subsistencia; y sus garantías hacia las corporaciones multinacionales de exportación que controlan la situación en el sector de los hidrocarburos chocan con las demandas nacionales que defienden que se debe aprovechar la energía para el consumo y la industrialización locales.
Antes que después, las diferencias polarizadas de intereses entre aliados y oligarquías del mundo empresarial locales y extranjeros y las masas que lucharon y se sacrificaron para llevarle al poder se encaminarán hacia una nueva ronda de conflictos y confrontaciones. Morales está montando dos caballos que van en direcciones opuestas. Los fotogénicos rituales tradicionales andinos, el color y el boato de la inauguración electoral se desvanecerán frente a la continuidad de la pobreza, la desigualdad y las graves concentraciones de la riqueza. Con el pasar del tiempo, se irá extendiendo un profundo desencanto alrededor de un presidente que habla para el pueblo pero trabaja para los ricos, incluidos los extranjeros ricos. Por ahora, la Central Obrera Boliviana y los dirigentes de los principales movimientos de mineros, profesores y vecinos han enviado un claro y franco mensaje a sus afiliados de que se preparen para la acción directa en caso de que Morales reniegue de las tres demandas fundamentales del pueblo: nacionalización del gas y el petróleo y expulsión de las compañías multinacionales del petróleo; expropiación de las grandes propiedades de terratenientes y redistribución de 25 millones de acres de tierra a los campesinos sin tierra; y aumento inmediato del salario mínimo nacional. La gran mayoría de los dirigentes de movimientos y activistas (indios y mestizos) no se han dejado impresionar por los rituales indios y el teatro cultural organizado por el entorno de Morales. Están preparados para relanzar las movilizaciones de masas cuando los pobres tengan claro que Morales ha abrazado la agenda de los banqueros, de las corporaciones transnacionales y de los propietarios de la industria del agro.
Bolivia no es Brasil ni Argentina ni Uruguay ni Chile, donde los regímenes de centro-izquierda controlan sindicatos y sectores de los movimientos sociales. Los sindicatos más importantes son totalmente independientes del Estado, del partido de Evo, del Movimiento por el Socialismo (MAS) y de su gabinete. La transición del líder campesino de masas al complaciente hombre de Estado ante las corporaciones multinacionales no será una operación fácil ni suave: lo más probable es que Evo tenga que enfrentar los desafíos y la inestabilidad política que envió a sus predecesores a una temprana jubilación.