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Presión por transgénicos

Fuentes: Adital

El gobierno brasilero vuelve a ser presionado por los productores de soja transgénica del Estado de Río Grande do Sul, para la alegría de la multinacional Monsanto, según la campaña «Por un Brasil Libre de Transgénicos». Esos productores quieren usar sus propias semillas, que son clandestinas, en la cosecha que se anuncia sin perder el […]

El gobierno brasilero vuelve a ser presionado por los productores de soja transgénica del Estado de Río Grande do Sul, para la alegría de la multinacional Monsanto, según la campaña «Por un Brasil Libre de Transgénicos». Esos productores quieren usar sus propias semillas, que son clandestinas, en la cosecha que se anuncia sin perder el acceso al financiamiento público para coste y cobertura del seguro agrícola. El gobierno ahora, estaría recogiendo lo que sembró en 2003, cuando esquivó la ley y autorizó la comercialización de la cosecha transgénica ilegal vía Medida Provisoria.

Como detentora de la patente de la soja Roundup Ready, la Monsanto cobra una tasa extra a los agricultores que cultivan sus semillas. Esos royalties son cobrados tanto al productor que adquirió semillas certificadas, como al que continúa usando la pirateada desde Argentina. El primero paga la tasa en el momento de la compra de la semilla y el último, cuando entrega su cosecha, paga el 2% sobre el valor total de la carga. Así, independientemente de la solución adoptada por el gobierno, la empresa continuará lucrando.

 

La presión sufrida por el gobierno viene por un lado desde los productores, sobre todo de la Fetag-RS (Federación de Trabajadores de la Agricultura), que quiere continuar usando las semillas piratas, y por el otro de las empresas semilleras, que no quieren vender sus semillas. En el caso de las semillas certificadas, las semilleras se quedan con una parte de la tasa de royalty cobrado por la Monsanto.

 

El Ministerio de Agricultura ya dio señales con una medida de ayuda a las semilleras, proponiendo cambiar las semillas piratas por las certificadas. Con esto, el Estado asumiría el perjuicio económico de cambiar un producto más caro por uno más barato. Pero queda la cuestión: ¿qué hará el gobierno con la soja transgénica cambiada por la semilla certificada? ¿Por qué no aprovechar para cambiar semillas piratas por semillas no-transgénicas?

 

Esta discusión se da en el mismo momento en que la empresa de agrotóxicos Dow AgroScience confirmó dos nuevos casos de plantas resistentes al herbicida glifosato en el Sur del País: azevém (Lolium multiflorum) y buva o hierba-lanceta (Conyza spp.). La conclusión de la empresa es que el fenómeno es el resultado del uso repetido del herbicida sobre la soja transgénica.

 

La semilla de soja RR entró en Río Grande do Sul con un precio irreal, ya que era contrabandeada. No había cobro de royalties hasta 2004 y el herbicida fue rebajado en su precio para estimular la adopción del paquete. Juntos, esos factores, daban una sensación de ventaja que ayudó a ocultar la menor productividad de la soja transgénica. Ahora que las semilleras quieren llevarse su tajada, están presionando por el fin de la «promoción de inauguración».

 

Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]