El 7 de mayo de 2002, sentado de cara a la Asamblea Nacional, el entonces alcalde del municipio Baruta, del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, pronunció una de las pocas frases memorables de su carrera política: «Primero Justicia no es un partido golpista». Había pasado menos de un mes del golpe de Estado perpetrado por […]
El 7 de mayo de 2002, sentado de cara a la Asamblea Nacional, el entonces alcalde del municipio Baruta, del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, pronunció una de las pocas frases memorables de su carrera política: «Primero Justicia no es un partido golpista». Había pasado menos de un mes del golpe de Estado perpetrado por la derecha en contra del mandatario nacional Hugo Chávez Frías.
Apoyando los codos sobre la mesa llena de papeles, el edil mirandino -con su verbo parco- insistía en negar su participación en la dictadura de Pedro Carmona Estanga y el respaldo de su tolda política a los golpistas que usurparon el poder por menos de 48 horas.
«A las pruebas me remito», dijo. Sin embargo, varios videos de la jornada posterior al golpe mostraban a Capriles Radonski como actor principal en al menos dos sucesos que recibieron amplia cobertura mediática: el allanamiento a la residencia del ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, y el asedio a la embajada de Cuba, ubicada en la jurisdicción mirandina a su cargo.
Golpistas cumplieron deseos de PJ
Aunque Capriles aseguraba que Primero Justicia (PJ) no había tenido nada que ver con el golpe de Estado, días previos a ese suceso, su rostro aparecía en el ángulo inferior derecho de las pantallas de televisión acompañando el pronunciamiento de esa organización política, dirigida por Julio Borges, quien pedía no sólo la renuncia del Jefe de Estado, sino también de los diputados de la Asamblea Nacional, el Contralor, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia.
El decreto de Carmona -que suscribirían representantes del empresariado, la iglesia y los partidos políticos- se encargaría de hacer realidad los deseos de PJ al disolver todos los poderes públicos. De hecho, la fracción parlamentaria de ese partido fue la única que de inmediato puso sus cargos a la orden en la Asamblea Nacional.
La edición del diario Últimas Noticias del 13 de abril de ese año, reseña que «en las organizaciones de oposición, a excepción de Primero Justicia, no gustó el anuncio del presidente provisional, Pedro Carmona Estanga, de disolver la Asamblea Nacional».
Liliana Hernández, diputada de la tolda amarilla, aseguraba que no le importaba dejar su cargo porque «todo lo que facilite un proceso como éste, después del costo que tuvo, bienvenido es. Estamos facilitando la transición».
Esa diligencia de PJ para ponerse a disposición de Carmona podía explicarse porque el dictador había nombrado como ministro de Finanzas a Leopoldo Martínez, diputado de ese partido, quien dejó su curul para formar parte del gabinete golpista. No obstante, la acción del pueblo impidió la juramentación de los integrantes del gobierno de facto en Miraflores y permitió el regreso de Chávez.
La reacción de la tolda de Capriles ante el golpe de Estado no pasó desapercibida por los diputados revolucionarios. Después de que el presidente Chávez retomara el poder, el parlamentario del MVR Tarek William Saab denunció que existían indicios de que Primero Justicia estuvo comprometido con Carmona.
«Ellos renunciaron a su diputación. El martes cuando sesionemos estarán incorporados sus suplentes», manifestó entonces Saab, de acuerdo a una nota publicada en Últimas Noticias el 15 de abril.
Una vez restituída la democracia, Borges seguía afirmando que su partido no aceptaba «el orden constitucional vigente» e insistía en la renuncia de todos los poderes públicos pero paradójicamente alegaba que la fracción parlamentaria de su partido mantenía las diputaciones.
Al ser consultado por la posición de Martínez, Borges trató de zafarse de cualquier vinculación con él y respondió que el ex ministro de Carmona se había separado del partido: «No teníamos nada que ver con la junta, no formábamos parte del golpe».
Sin mea culpa
Otro de los hechos que fue negado por Capriles Radonski ante el parlamento fue su participación en el asedio a la embajada de Cuba: «el propósito de mi visita a la embajada fue tratar de disuadir la manifestación que había al frente de esa sede diplomática», aseguró.
A casi diez años de ese evento, existen imágenes de su irregular ingreso a la sede de la legación de La Habana. Una gráfica lo retrata en lo alto del muro que separaba la embajada de la turba que, desde tempranas horas de la mañana, amenazaba con dejar sin agua, sin luz y sin comida a las personas que se encontraban en la residencia diplomática, ubicada en Baruta, estado Miranda.
Capriles, vestido con chaqueta beige y jeans, traspasó el muro con la ayuda de alguien que sostenía una escalera. El alcalde llegó horas después que los «manifestantes» de la oposición destruyeran los automóviles de la embajada y dieran declaraciones amenazadoras a los diplomáticos como «se van a tener que comer las alfombras».
El entonces alcalde dijo en mayo de 2002 que intentaba «disuadir» la manifestación pero una nota del diario Últimas Noticias del 13 de abril, detalla que los efectivos policiales a cargo de Capriles tardaron horas en atender la situación, lo que permitió que los opositores realizaran actos vandálicos a sus anchas.
«Aunque las protestas se iniciaron en la mañana, todavía a las 3 de la tarde, los efectivos de seguridad no habían concurrido al sitio para poner orden, pese a los llamados del embajador (Germán Sánchez Otero)», reseña el rotativo.
Una de las instigadoras para que ocurriera el asalto a la embajada fue la representante de la Red de Veedores, Ruth Capriles, quien la noche del 9 de abril afirmaba que de la sede diplomática estaba «saliendo maletines negros con armas».
El motivo por el cual los violentos irrumpieron en el lugar fue porque supuestamente allí se encontraban refugiados el Vicepresidente, Diosdado Cabello, y los diputados del MVR Cilia Flores, Nicolás Maduro e Iris Varela. La «caza de brujas» había iniciado y Capriles fue también protagonista de esa persecución. El allanamiento ilegal a la residencia del ministro de Interior y Justicia así lo demostró.
El escarnio como show
«Si yo hubiese violado algún derecho humano, como cualquier otro ciudadano de este país, debería pagar por eso. Pero yo no he violado el derecho humano de nadie», dijo Capriles durante su comparecencia en la Asamblea.
Sus palabras pretendían defenderlo de las acusaciones sobre su comportamiento durante la aprehensión ilegal del ministro Rodríguez Chacín, quien después del golpe de Estado fue sacado de su residencia esposado mientras una multitud se acercaba para golpearlo y le gritaba «asesino».
Las cámaras de RCTV registraron ese momento. El reportero del suceso David Pérez Hansen narraba con gran excitación la agresividad con la que la turba trataba al titular de Interior y Justicia de su casa en la Calle Carlos Bello de Santa Fe norte, en el municipio Baruta. Hoy Pérez Hansen es el jefe de prensa de la campaña de Capriles Radonski.
Antes que expusieran a Rodríguez Chacín a los golpes, el video muestra a Capriles y al entonces alcalde de Chacao, Leopoldo López, hablando con el ministro -desarmado y ampliamente custodiado por efectivos de Polibaruta- para obligarlo a ponerse las esposas y complacer a los violentos que clamaban: «¡Esposado, esposado!»
En recientes días, durante una entrevista realizada por el periodista José Vicente Rangel, Rodríguez Chacín confirmó que en ese momento Capriles se negó a sacarlo por el sótano para evitar que la turba lo agrediera.
«Les sugerí que saliéramos por otros lugares como el sótano y la respuesta que recibí de Capriles precisamente fue que no, porque las cámaras de televisión estaban frente al edificio», narró Rodríguez Chacín, quien a diez años de esos sucesos considera que lo que pretendía el entonces alcalde de Baruta era «sacarme en frente de las cámaras para exhibirme, supongo. Para vanagloriarse».
Después de restituido el orden constitucional, una pequeña nota reseñada el 16 de abril en Últimas Noticias, recoge las declaraciones «de los alcaldes de Chacao y Baruta» y sin detallar a cuál de los dos correspondían las frases entrecomilladas.
La información señalaba que López y Capriles, dupla inseparable de Primero Justicia, negaban que la detención del ministro se hiciera «en aras de un revanchismo» y aseguraron que no estaban en búsqueda de «chivos expiatorios».
«En ningún momento fue un allanamiento sino una revisión, con autorización del Ministerio Público, del apartamento donde él estaba». Sin embargo, la entrevista que realizó Hansen a López minutos después que se llevaran a Rodríguez Chacín a comparecer ante la ex fiscal Mónica Fernández confirma que el procedimiento que realizaron de manera irregular fue, en efecto, un allanamiento.
«Procedimos a coordinar una orden de allanamiento con una juez de control (Mónica Fernández) que canalizó una orden de allanamiento muy rápido. Hay que decir que nos hicieron muy bien la orden de allanamiento», dijo López el 12 de abril.
Un detalle curioso es que López ni siquiera tenía jurisprudencia en ese municipio porque no era alcalde de Baruta, no obstante, él mismo admitió que había «coordinado directamente con el director de la policía municipal de Chacao para que se dirigiera inmediatamente a ese sitio».
Las razones por las cuáles los golpistas pretendían someter a «juicio» a Rodríguez Chacín fue por presunto porte ilícito de armas, pese a haber mostrado sus credenciales como militar efectivo y comisario activo de la Disip.
Meses más tarde, la fiscalía acusaría a la ex jueza por la presunta comisión de delitos de privación ilegítima de libertad, violación de domicilio y abuso de autoridad contra Rodríguez Chacín. Los mismos cargos pesarían sobre López y Capriles.
¿Copei del siglo XXI?
En los días previos al golpe, los medios presentaban a López y Capriles como las figuras emergentes de la política bajo el partido Primero Justicia, vástago de la tolda socialcristiana Copei y franquicia del Partido Popular Español (PP).
«Primero Justicia no es el Copei del siglo XXI, ni la refundación del socialcristianismo, ni somos de derecha, eso lo digo bien clarito», acotaba el «justiciero», filial de la ultraderecha española. Capriles arguía que la organización política a la que pertencía era una «opción a futuro» y tenía rostros «jóvenes».
El discurso del Alcalde coincidía perfectamente con las palabras que había expresado días antes un dirigente del Partido Popular español, invitado por la oposición para que se pronunciara sobre la situación política del país.
Su nombre era José Moragás, quien se desempeñaba como Secretario Ejecutivo de Política Internacional del PP, y pedía a la oposición «abrir los cuadros a jóvenes» por lo que ofreció a sus partidos filiales -Primero Justicia, entre ellos- «cooperación en materia política».
Fuente: http://www.avn.info.ve/contenido/primero-golpe-y-sin-justicia