Lejos de los pabellones que albergaron la conferencia ambiental más ambiciosa de las últimas dos décadas, Río+20, una aldea de pescadores de la región metropolitana de Río de Janeiro mostró que el precio de denunciar crímenes ecológicos puede ser una ejecución extrajudicial. La aldea ubicada en la playa de Mauá, municipio de Magé, 84 kilómetros […]
Lejos de los pabellones que albergaron la conferencia ambiental más ambiciosa de las últimas dos décadas, Río+20, una aldea de pescadores de la región metropolitana de Río de Janeiro mostró que el precio de denunciar crímenes ecológicos puede ser una ejecución extrajudicial.
La aldea ubicada en la playa de Mauá, municipio de Magé, 84 kilómetros al norte de Río, no tuvo tiempo de evaluar los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en esta misma ciudad entre el 20 y el 22 de junio.
Precisamente el 22, día en que los jefes de Estado firmaban un documento cuestionado por su indefinición en temas cruciales como la protección de los océanos, dos pescadores y activistas ambientales que luchaban por esa causa, Almir Nogueira y Jõao Luiz Telles, no volvieron a casa.
El cuerpo de Nogueira fue encontrado dos días después, sumergido y amarrado a su barco, frente a una playa cercana. El de Telles apareció el 25 de junio, con manos y pies atados en posición fetal, en la costa de otro municipio próximo.
Ambos tenían señales de haber muerto ahogados.
«Si son hombres de mar, van a morir en el mar. Ese es el recado que nos están dando», dijo entre sollozos Alexandre Anderson, presidente de la Asociación de Hombres y Mujeres del Mar (Ahomar), en un acto de repudio el viernes 29 para exigir a las autoridades una inmediata investigación.
Las víctimas eran miembros de esa organización de 2.000 pescadores artesanales que luchan contra la contaminación del mar, su hábitat y fuente de sustento de varias generaciones, en la Bahía de Guanabara.
Ahomar denuncia los impactos socioambientales de grandes industrias.
Desde 2007 la asociación protesta contra las obras del Complejo Petroquímico del Estado de Río de Janeiro, una de las mayores inversiones de la empresa estatal petrolera Petrobras y del Programa de Aceleración del Crecimiento del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y de su sucesora, Dilma Rousseff.
Ahomar sostiene que las obras ejecutadas por las empresas GDK y Oceȃnica, contratistas de Petrobras, disminuyeron la pesca en 80 por ciento, entre otros daños a la salud humana, la fauna y la flora.
Los pescadores soportan amenazas y asesinatos desde que en 2009 ocuparon con sus barcos las obras de los gasoductos submarinos y terrestres de gas natural licuado y gas licuado de petróleo.
Las amenazas se intensificaron a fines de 2011, cuando volvieron a movilizarse contra la decisión del Instituto Estatal de Medio Ambiente de retomar una propuesta, descartada durante el proceso de licencia ambiental, de transformar uno de los afluentes de la bahía, el río Guaxindiba, en una hidrovía para transporte de equipos.
El puesto policial cercano a la sede de Ahomar fue desmantelado.
Beneficiado por un programa de protección a los defensores de derechos humanos, Anderson tiene escolta policial permanente, pero aun así ha sufrido amenazas y atentados.
«Queremos preservar ese ambiente porque somos parte de él. Los pescadores somos parte de la Bahía de Guanabara. Pero no queremos morir respirando su agua», dijo Anderson.
En 2009, el tesorero de Ahomar, Paulo Souza, fue atacado frente a su familia y asesinado con cinco disparos en la cabeza, como denunció entonces un reporte de IPS.
En 2010, otro fundador de Ahomar, Marcio Amaro, fue asesinado en su casa, frente a su madre y su esposa.
Ninguno de estos crímenes fue aclarado.
«Es lamentable que consigamos reunir toda esta prensa frente a dos cadáveres más…, que este sea el requisito para llamar la atención sobre un problema que se arrastra hace tanto tiempo», dijo en el acto de repudio el diputado del Partido Socialismo y Libertad, Marcelo Freixo, presidente de la comisión de derechos humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.
«Espero que la próxima vez que nos reunamos aquí no sea por la muerte de Alexandre», advirtió indignado.
Poco después del acto del viernes, Anderson fue nuevamente intimidado frente a su casa. Desde entonces no ha sido posible comunicarse con él por teléfono.
«Ya no estamos hablando de inseguridad, sino de personas que han muerto por su militancia, por su legítima resistencia en defensa de la Bahía de Guanabara», dijo a IPS la activista Sandra Carvalho, de Justicia Global.
Los denunciantes piden que las muertes, «con claras señales de ejecución», sean investigadas por la policía y la justicia federal.
«Pido que las autoridades investiguen mucho, porque ya consiguieron lo que querían. Sacaron de su casa a los hombres de mar», enfatizó Anderson.
Después de las muertes, las embarcaciones no han regresado al agua. Nadie se atreve a aventurarse al mar, que antes era «refugio» de los pescadores cuando «algo malo ocurría en la casa o en la playa», recordó. «Hoy solo tenemos el camino del cementerio».
Organizaciones de derechos humanos no dudan de que estos son «crímenes políticos». Según dijo Freixo a IPS, las compañías contratistas de las obras a veces apelan a empresas de seguridad que se valen de «intimidaciones, amenazas y hasta muertes».
Pero el diputado y actual candidato a alcaldía de la ciudad de Río de Janeiro, cree que no se trata de «muertes encargadas» por Petrobras.
Sin embargo, subrayó, no por eso la petrolera «puede fingir que no tiene ninguna relación con el caso. La inversión es de Petrobras y la responsabilidad sobre quién contrata es de ellos», opinó.
En Ahomar, todos saben quiénes son los asesinos, dijo Anderson.
«Son personas que ganan mucho dinero con este proceso de industrialización de la Bahía de Guanabara, con trabajos de seguridad, de transporte hidroviario y terrestre. Que están dentro del gobierno provincial y municipal e inclusive en la seguridad pública», denunció.
En Magé, como en otros municipios de la región metropolitana de Río, actúan grupos de esa naturaleza conocidos como «milicias», integrados por agentes de seguridad del Estado, activos o jubilados, con apoyo de sectores políticos locales, como demostró una investigación parlamentaria encabezada por Freixo.
Inclusive el diputado tiene escolta policial porque ha recibido amenazas a raíz de sus denuncias contra esas organizaciones mafiosas.
Ante el pedido de IPS de una respuesta, Petrobras envió un comunicado en el que dijo desconocer las muertes y repudiar cualquier amenaza a los pescadores.
La compañía también destacó que el proceso de licencia ambiental en Brasil considera todos los impactos ecológicos y a las comunidades. Además, «un riguroso estudio de impactos antecede la licencia de los emprendimientos y el órgano licenciador establece medidas compensatorias y fiscaliza su realización», añadió.
Petrobras es una «empresa social y ambientalmente responsable que exige de sus abastecedores la misma postura», reza el comunicado.
La próxima asamblea de pescadores discutirá si desistir de la lucha o, al contrario, tomar medidas como interceptar el paso de navíos.
La de Ahomar es una batalla de «los pescadores artesanales contra el capital petrolero», según la presidenta de la comisión de derechos humanos de la Orden de Abogados de Brasil – Río de Janeiro, Margarida Pressburger.
Anderson la definió de otra manera: no es David contra Goliat, sino «contra el mismo diablo».