El problema del aumento de precios de los refinados reside en la actual lógica privatizadora
Una gran protesta de camioneros comenzó en las principales carreteras del país el día 21 de este mes y está movilizando discusiones fuera de Brasil. El motivo de la protesta son las sistemáticas alzas en el precio del combustible en los puntos de venta, principalmente el diésel, que, en los últimos 12 meses, tuvo un aumento de 12% al consumidor.
El movimiento de los camioneros autónomos reivindica que la cuota de contribución a los fondos PIS/Pasesp y COFINS sea eliminada y que haya exención del impuesto que incide sobre los combustibles, el CIDE.
La categoría reivindica que tales cambios ocurran sobre el diésel, el principal combustible utilizado en los fletes y demás transportes de mercancías.
Sucede que el precio del combustible está cada vez más caro y pesado en el bolso del consumidor por una orientación política del sector petrolífero, y poco tiene que ver con la cantidad incidente de impuestos.
Esa política de exención de impuestos para el diésel, en última instancia, significa transferir recursos públicos para subsidiar el precio final del combustible.
Todo eso tiene un costo fiscal para el Estado y para la sociedad brasileña. Por otra parte, esos fondos (PIS/Pasep y Cofins) hacen parte de conjunto de impuestos que son necesarios para las políticas sociales utilizadas ampliamente por la población.
El verdadero problema del aumento del precio del combustible reside, en verdad, en la actual lógica privatizadora y entreguista que ha sido llevada adelante por la gestión de Pedro Parente en la presidencia de la Petrobras.
En 2016 la dirección de la estatal instituyó una nueva política de precios del combustible, que pasó a ser dictada por la variación de la cotización del petróleo en el mercado internacional, lo que ocurre en dólares. Antes de eso, la política interna de precios se relacionaba con los costos de las operaciones hasta la llegada del combustible al punto de venta, o con la política económica más general del gobierno, que podría congelar el precio de la gasolina (como hizo Dilma Rousseff entre 2013 y 2014) para no impactar la inflación y garantizar la continuidad del crecimiento.
O sea, con el alineamiento del precio de los combustibles a parámetros internacionales, el Estado pierde la posibilidad de ejecutar una política que se relacione con nuestras necesidades de desarrollo nacional.
Esa nueva política de precios se relaciona con otra medida, sistematizada en el documento del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (del presidente golpista Michel Temer) «Puente al Futuro». Allí está previsto, entre otras cosas, la venta del control de parte de las refinerías brasileñas.
Así, una vez más perdemos la posibilidad de dictar el precio doméstico del combustible. Eso porque – con la venta de la refinación – la Petrobras va dejando de ser una empresa integrada, con una línea de producción que va desde el pozo petrolífero hasta el punto de distribución.
En resumen, la problemática actual del descontrol del precio del diésel está mucho más ligada a la política de privatización de la refinación, y a la nueva política de precios, que al exceso de «impuestos».
Están en juego en esa política no solamente perjuicios al bolsillo de los trabajadores e impactos en la inflación, pero, principalmente, está en juego la pérdida de la soberanía nacional implicada en nuestra capacidad interna de controlar las variables de nuestro desarrollo nacional.
Juliane Furno es doctoranda en Desarrollo Económico en la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp) y militante de Levante Popular da Juventude.
Traducción: Pilar Troya, para Brasil de Fato.