El Estado empezó a desprenderse hace 30 años de sus bancos y de sus empresas de energía, telecomunicaciones y transportes. Los gobiernos de González iniciaron el proceso, que tuvo su auge con Aznar y ha culminado en las legislaturas de Zapatero y Rajoy
La teoría liberal dice que vender al capital privado lo que creció al calor de lo público no tiene más que ventajas para la sociedad: «Las arcas públicas ingresan el dinero de la venta, que es mayor que el valor en ese momento porque el comprador paga por la previsible mejora del beneficio; se ingresan más impuestos precisamente por la mayor ganancia que es capaz de obtener una gestión que rinde cuentas ante el capital y no ante intereses políticos; se permite el nacimiento de multinacionales con sede en España que dan peso económico al país y se importan beneficios del exterior en forma de dividendo. Si se hacen bien las cosas, la privatización va después de la liberalización del sector, lo que redunda en una mayor competencia y unos mejores precios para el consumidor». Esta es la teoría, explicada por Rafael Pampillón, profesor del IE Business School. ¿Cuál fue la práctica? ¿De qué le sirvió al ciudadano de a pie la privatización de empresas pertenecientes a sectores como las telecomunicaciones o la energía?
Según Javier Flores, responsable del servicio de análisis de Asinver, «En España se han hecho mal las cosas. Se aprobaron las acciones de oro, se colocó en los consejos de administración a personas con muchas vinculaciones con la política. Se defendió la creación de empresas privadas en régimen de competencia y, en realidad, se crearon híbridos, monopolios u oligopolios privados».
Resultado: España tiene el dudoso honor de situarse de forma recurrente entre los países de Europa con la energía más cara y es uno de los países con menos transparencia en los precios, tanto que es perfectamente posible que un ministro del sector como José Manuel Soria diga que bajan, mientras el mismísimo INE dice que suben, y nadie se sonroja porque lo que incluye la factura no lo aclaran ni siete notarios. Nuestro país figuró también durante años como uno de los más caros en acceso a Internet por ADSL. Tiene su explicación. Telefónica, que mantuvo hasta la crisis más del 50% de la cuota de mercado en banda ancha, hizo de todo para frenar la apertura de su red a la competencia. Después de años de pelea de los operadores alternativos ante la CMT y de ver cómo la justicia anulaba o reducía una y otra vez las multas impuestas al antiguo monopolio, Telefónica recibió una histórica multa de 152 millones de euros de la Comisión Europea, ratificada el año pasado por el Tribunal de Luxemburgo, por obstaculizar la competencia.
¿Qué ocurre en este país? El problema, según el economista Carlos Sánchez Mato, presidente de Attac Madrid, es que lejos de potenciar las herramientas que tenían los legisladores y reguladores para beneficiar a los ciudadanos, «se cometió el inmenso error de intentar poner en manos del mercado sectores que no funcionan con la leyes del mercado. Sectores en los que la barrera de entrada es enorme. Hay muchos demandantes pero muy pocos agentes en el lado de la oferta y el Estado no puede dejar de intervenir». Para colmo, añade, «los sucesivos gobiernos intervinieron de forma que garantizaban los beneficios futuros de las empresas energéticas, algo que ya quisiera cualquier empresario para su sector».
En palabras del experto en energía Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Plataforma Renovables, sencillamente, «en el sector eléctrico no hay liberalización. Es maquillaje para dar apariencia de liberalización. No hay libertad de establecimiento ni libertad para elegir proveedor». La capacidad de elección del consumidor ha sido anulada desde la propia normativa «porque el 97% de la factura, se contrate con el proveedor que se contrate, va a parar al mismo sitio, es decir, al complejísimo sistema eléctrico. Este reparte los ingresos entre los diferentes actores, haciendo que vayan a parar fundamentalmente a tres empresas: Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, que son las que controlan más del 60% de la producción y de la venta de energía».
Son las consecuencias de hacer una «regulación a imagen y semejanza de las grandes empresas eléctricas» con el argumento de crear los llamados «campeones nacionales para que puedan competir en el exterior». Al final, dice Morales de Labra, «si que compitan en el exterior es a costa de los consumidores españoles, no me parece que sea la política que tiene que tener un país».
Morales de Labra, junto con la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, presentaron en Anticorrupción una denuncia pidiendo que se investigase un listado de prebendas a políticos otorgadas por parte de las empresas del sector energético, así como los motivos por los que habían ido a parar a dichas compañías determinados ex altos cargos de la Administración. En menos de un mes se archivaron la mayoría de los puntos sobre los que se pedía que se abriese una investigación. Solo salió adelante, al principio, la petición de investigación por los 3.400 millones de euros pagados de más a las eléctricas dentro de los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC). Estos costes fueron aprobados por el Ejecutivo de Aznar pero fue el Gobierno de Zapatero, con Miguel Sebastián al frente del Ministerio de Industria, el que se encargó de perdonarles una vez descubierto el exceso de pago. En diciembre de 2014, Anticorrupción archivó también esta parte de la denuncia. El pasado mes de enero, con nueva documentación aportada, la Plataforma reunió firmas para solicitar que se reabra. Aún no se conoce si prosperará su petición.
Nadie mira qué intereses personales pueden haber llevado a que en este país se haya regulado tantas veces a favor de las grandes eléctricas. Se ha permitido, por ejemplo, que las centrales que existían antes de la liberalización, con inversiones más que amortizadas, sean consideradas como si se tratase de una nueva central. De este modo, al pagarse al mismo precio sea cual sea la fórmula de producción, una eléctrica que tenga una central nuclear, totalmente amortizada, y una de gas, con un alto coste de producción de la energía, se puede permitir perder dinero en esta última gracias al margen que le da la primera. Un nuevo entrante, sin embargo, no cuenta con esa ventaja. Además se han establecido pagos fijos como los alrededor de 700 millones de euros anuales que cobran las centrales de gas independientemente de si funcionan o no. Contra toda la lógica de la oferta y la demanda, esto provoca que cuando la demanda cae, el precio en lugar de bajar suba, porque se reparte entre menos unidades de consumo un coste fijo.
Sin aludir a ninguno de estos puntos fijados en el BOE, Piqué se centra en lo que considera el gran error en el proceso de liberalización que ha provocado que en España la energía sea cada vez más cara. «Se debieron ir adaptando los precios a la realidad del mercado y no se hizo por razones electorales», recuerda. «No se debió crear el déficit tarifario, que empezó en el año 2000 (con Aznar) y se aceleró en 2004 (con Zapatero y las primas a la energía renovable). Si se hubiera evitado, ahora no tendríamos que subir los precios más de la cuenta. Yo no estoy en contra de las renovables, pero en mi opinión el sistema de subvenciones que se diseñó fue catastrófico».
Cómo cambiar la situación
El ex ministro Josep Piqué o el profesor Rafael Pampillón creen firmemente que la solución en los sectores controlados por el Estado sigue siendo la liberalización y la privatización. Critican la lentitud que ha mostrado el Gobierno de Rajoy para poner en manos del mercado activos aún públicos. «Yo, desde luego, en los ámbitos del Ministerio de Fomento, hubiera ido muchísimo más rápido con Aena, Renfe y Adif», dice Piqué. «Y ahí siguen, en el sector público», se lamenta.
Esta semana recibían una buena noticia. El secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, anunciaba en una jornada organizada por el diario económico Expansión que el Ministerio de Fomento lanzará en mayo el concurso público para romper el monopolio de transporte ferroviario de Renfe. Pese a las dudas surgidas sobre si daría tiempo en esta legislatura a dar entrada a un competidor en el Corredor AVE a Levante, el Ejecutivo parece empeñado en abrir este melón antes de las elecciones. Es probable que sea un Gobierno en funciones el que otorgue el título habilitante a quien resulte adjudicatario. Entre los candidatos, viejas beneficiarias del dinero público como ACS o Ferrovial. Una de las principales demandas de las compañías interesadas ha sido que se reduzca el canon que Adif cobra a Renfe actualmente por el uso de las infraestructuras ferroviarias, una petición a la que parece que está dispuesto el Ministerio que dirige Ana Pastor a pesar de la oposición mostrada por el Ministerio de Hacienda. Competencia en cada uno de los corredores no habrá mucha. La idea es dar entrada a un solo operador privado por corredor que comparta el pastel con Renfe por lo que será el canon, cuya reducción quiere cargarse a la espalda pública para que al operador privado le salgan los números, el que genere el margen para bajar los precios de los billetes y lograr con ello el pretendido aumento de viajeros.
Frente a este impulso liberalizador, están surgiendo si no ideas nuevas sí algunas voces que hablan ahora con mayor brío que en las épocas de vacas gordas de la posibilidad de devolver al control público parte de lo privatizado, especialmente en algunos sectores como el sector energético. ¿Es necesario? En opinión de Javier Flores, de Asinver, no es tan relevante que el capital esté en manos públicas o privadas siempre que «el Estado actúe para contribuir a los intereses de la sociedad en su conjunto. El legislador tiene posibilidades enormes de influir en la actuación de las empresas en este sentido, herramientas a su alcance para asegurarse de que se cumple ese objetivo». Flores considera incluso que la sociedad debe asumir la necesidad de aportar la inversión necesaria para crear las infraestructuras que permiten dar saltos cuantitativos y cualitativos en la evolución y luego venderlos al mercado para que los gestione.
Coincide con Jorge Morales de Labra que recuerda que «hay muchos ejemplos de empresas públicas en Europa que no son buenas». Él reconoce que no es partidario de nacionalizar de partida porque «que el capital sea público o privado no implica a priori que la empresa funcione mejor». Ahora bien, recuerda, «la ley ya recoge la posibilidad de nacionalizar la red de distribución si las empresas incumplen los estándares de calidad que se establezcan». Aún así, «empezaría por permitir a los consumidores el autoabastecimiento, eliminando todas las trabas administrativas que se han puesto para dificultarlo y haciendo que se fuera extendiendo de un modo escalonado. A partir de ahí, con el poder en la red, si las empresas no se comportan de modo adecuado se podría proceder a la expropiación».
Sánchez Mato, de Attac Madrid, sí cree recomendable revertir la propiedad del capital a manos públicas. Cuando se le pregunta por el daño a los accionistas individuales o los titulares de fondos de pensiones o de inversión que tengas títulos de las compañías susceptibles de renacionalización considera que «se causaría un daño muy inferior al que se causa en la situación actual, en la que la supuesta liberalización funciona porque está detrás el dinero de los impuestos sosteniéndola. Si se liberaliza», añade, «que lo público sea público y lo privado, privado, sin red de seguridad». Y lanza una pregunta: «¿Qué parte de los ingresos de Iberdrola corresponden a un mercado trucado por la normativa?»
Ana Tudela es periodista, graduada de la Universidad Complutense de Madrid y autora del libro Crisis S.A. El saqueo neoliberal (Akal, 2014). @LATULE