El pueblo de Nicaragua está furioso es estos días porque pretenden privatizarle el único recurso al que pueden tener acceso sin pagar y que es indispensable para la vida: el agua. Ante la gravedad del hecho, organizaciones civiles agrupadas en la Alianza por la No Privatización del Agua (ANPA) han realizado manifestaciones (plantón) ante la […]
El pueblo de Nicaragua está furioso es estos días porque pretenden privatizarle el único recurso al que pueden tener acceso sin pagar y que es indispensable para la vida: el agua.
Ante la gravedad del hecho, organizaciones civiles agrupadas en la Alianza por la No Privatización del Agua (ANPA) han realizado manifestaciones (plantón) ante la Empresa Nicaragüense de Acueductos y alcantarillados (ENACAL).
En diciembre pasado, la ANPA introdujo ante la Fiscalía de Cuenta un recurso para le revisión contra la venta de la ENACAL a empresas extranjeras procedentes de Chile, España y Gran Bretaña.
Los manifestantes nicaragüenses procedentes de Managua y del interior del país portaban carteles en los que se leía: «el gobierno nos tiene con hambre y ahora nos quiere dejar sin el agua que es patrimonio de las comunidades».
El representante de la Alianza por la No Privatización, Oscar Perla señaló que la venta de la gerencia comercial de ENACAL es el primer paso para la privatización del agua en Nicaragua la cual fue sugerida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Con la perspectiva de la creación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, los países centroamericanos han aprobado reformas en sus Constituciones, presionados por el gigante del norte, que posibilitan reducir el papel del sector público y estimular la mayor participación del sector privado en la sociedad.
Los sectores de servicios, (entre los que se destacan la energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones) han sido donde se han efectuado los mayores cambios para satisfacer esos fines.
Ese programa tomó fuerzas a partir de mayo de 1996 cuando el Banco Interamericano de Desarrollo propulsor de amplias privatizaciones, patrocinó una conferencia sobre recursos hídricos en Costa Rica para introducir estrategias e instrumentos que hicieran factibles los acuerdos internacionales de Dublín que llaman a una mayor descentralización de los recursos hídricos y subsectores controlados por los Estados.
Las protestas en Nicaragua y otras naciones centroamericanas como El Salvador y Guatemala, no es aislado.
En Ecuador, organizaciones sociales y ambientalistas conformaron un frente de defensa de la vida y el agua y presionan a las autoridades para que se detenga la privatización de ese recurso vital para la vida }humana.
En esa nación, el gobierno procedió a iniciar el proceso de privatización de los servicios de agua y alcantarillado en las parroquias orientales de Quito y el 50 % del área de comercialización de la empresa estatal.
Representantes del Estado han tratado de negar que se tenga previsto efectuar esas transacciones pero Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) han destapado documentos donde funcionarios de la Empresa de Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP-Q) acordaron iniciar negociaciones con el BID para el proceso de privatización.
Para los representantes sociales resulta verdaderamente imperdonable que se negocie con un servicio público que debe llegar con el menor costo posible a los habitantes y que con estas prácticas será muy difícil alcanzarlo para muchos.
En el mundo el consumo humano de agua es de solo 10 %, un 25 % se utiliza en actividades industriales y el 65 % en el sector agrícola. El 20 % de la población del orbe (1 200 millones) no tiene acceso al agua potable y el 50 % carece del líquido para una higiene adecuada que provoca innumerables enfermedades (cerca de 3 000 millones de personas).
Se calcula que de los 1 400 millones de kilómetros cúbicos del líquido que existe en la tierra, solo el 3% es dulce y el 95 % se halla en el subsuelo (aguas subterráneas) y el 5 % se encuentra en ríos y lagos.
Al abandonar los gobiernos, en un proceso paulatino, el control de sus fuentes naturales, las empresas estadounidenses Enron Springs, Monsanto Wells, Bechtel, las francesas Suez/división ONDEO y Vivendi, las españolas Aguas de Valencia y Unión FENOSA ACEX, o la inglesa Thames Water, se han metido de lleno en esos mercados, impulsados por la política de privatización que llevan a cabo organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el BID.
Un ejemplo es aleccionador: según el BM y la Organización Mundial del Comercio, las empresas transnacionales que comercian con el agua tienen una ganancia anual de 230 000 millones de dólares, además de los 30 000 millones de dólares que recibern por la venta de agua embotellada. Entre estas aparece la Vivendi que controla el 40 % del mercado mundial.
Por experiencia se ha comprobado que al privatizarse los abastos de agua, la población que la recibe se reduce o es menor la cantidad de líquido que puede consumir al elevarse sus precios, como ocurrió en Argentina y Bolivia.
En Cocahbanba, Bolivia, se desató en el 2000 la llamada guerra del agua cuando una rebelión general desbarató una negociación para privatizar las entregas del líquido entre el gobierno y la empresa Bechtel, con sede en California.
Una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, el acuífero Guaraní, con 1, 2 millones de kilómetros cuadrados repartidos entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, también se encuentra en peligro.
Según denunció recientemente Brasil, Estados Unidos ha puesto al Banco Mundial y a la Organización de Estados Americanos (OEA) al frente de un proyecto que busca detectar la magnitud del recurso, asegurarse su uso de manera sustentable, evitar la contaminación y mantener un control permanente hasta cuando lo considere conveniente.
La firma de los acuerdos del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) con varios países de la región, sobre todo en Centroamérica, le permitirá a Estados Unidos adueñarse fácilmente de esas fuentes de abasto y llevar el necesario líquido hacia su país donde el consumo y el despilfarro es mucho mayor que sus reservas.
De ahí la importancia de los movimientos populares y de organizaciones civiles como las de Nicaragua que gritaban a los funcionarios gubernamentales: «Queremos agua, queremos vida»