Desde mediados de los años 80, del siglo XX, se desarrolló una política sistemática de desinversión en las empresas del Estado que mermó su funcionamiento, sumado al abandono de cualquier mecanismo de control fiscal, lo cual permitió el desmantelamiento de las mismas a través de diversos mecanismos de corrupción. Se crearon así las condiciones para […]
Desde mediados de los años 80, del siglo XX, se desarrolló una política sistemática de desinversión en las empresas del Estado que mermó su funcionamiento, sumado al abandono de cualquier mecanismo de control fiscal, lo cual permitió el desmantelamiento de las mismas a través de diversos mecanismos de corrupción. Se crearon así las condiciones para que una feroz campaña de medios mediante titulares, editoriales, programas especiales y articulistas, justificara el proceso de privatización a precio de gallina flaca, durante el periodo neoliberal, en la década de los 90.
En los últimos días hemos visto el inicio de una campaña parecida en importantes medios impresos y en redes sociales. No hay duda que algunos sectores parecen interesados en abrir el debate sobre la privatización, con el fin de ponerle las manos a los activos que son de todos los venezolanos y venezolanas.
Al respecto debemos recordar los resultados del proceso privatizador en la década neoliberal: despidos masivos y tercerización de trabajadores y trabajadoras; no contribuyó a la reducción del déficit fiscal, dado que el Estado debió mantener un apoyo financiero constante a las empresas privatizadas, caso Sidor; muchas empresas vendidas fueron cerradas por sus nuevos dueños que solo les interesaba sacarlas del mercado, caso emblemático VIASA; no hubo mayores incrementos de la producción y cuando los hubo, ésta fue dedicada principalmente a la exportación y en el caso de las telecomunicaciones, las mejoras se lograron a partir de la exclusión de importantes sectores de la población de los servicios de telefonía. El que tenga memoria que reflexione.
Una de las causas que explica la emergencia histórica de la Revolución Bolivariana, es precisamente la reacción de la sociedad de los años 90 contra ese nefasto proceso de desnacionalización. Así está expresado en los distintos documentos del Movimiento Bolivariano 200 (MBR 200) y del Movimiento V República (MVR), principalmente en la Agenda Alternativa Bolivariana de 1996, propuesta de Hugo Chávez para salir del laberinto neoliberal. De allí que uno de los principios consagrados en nuestra Constitución Bolivariana de 1999, vigente, es la protección de la propiedad sobre los activos nacionales.
El proceso de renacionalización planificado y desarrollado por nuestro Comandante Chávez a partir del año 2006, tuvo como objetivos recuperar los bienes de la Nación que habían sido subastados u ocupados ilegalmente; dejar de sostener el funcionamiento privado de las mismas, mediante la transferencia de divisas y auxilios financieros del Estado; así como democratizar el acceso a bienes y servicios de la población.
Donde quieran y con quien quieran, cifras en manos, podemos verificar la estabilidad o el crecimiento sostenido de la producción y expansión de los servicios de las empresas nacionalizadas, en todos los sectores, por lo menos hasta el año 2014. En tal sentido, recomiendo leer en mi blog, Horizonte en Disputa, el artículo «Solo el Pueblo Salva el Pueblo», del 9 de julio de 2016, donde se explican las causas, logros y errores cometidos en el proceso de nacionalización.
Necesario es un balance del proceso de las llamadas alianzas estratégicas iniciado en el año 2016, donde se transfirió la gestión de un número indeterminado de empresas estatales a sectores privados; así como de la política de intervención con funcionarios externos de otro número importante de empresas estatales. No es cierto que dichas empresas estén dirigidas, en la actualidad, por sus trabajadores.
Desde el punto de vista pragmático, afirmamos que la privatización de nuestros activos no es la solución a los problemas de producción. En primer lugar, porque el peso de la mayoría de estas en el abastecimiento, salvo las estratégicas, no es determinante en el mercado nacional; en segundo lugar, porque no contribuirían en nada a reducir el déficit fiscal, ya que seguirían demandando dólares y financiamiento del Estado para funcionar; y en tercer lugar, porque tendrían un impacto social y político en nuestros trabajadores, trabajadoras, campesinos y campesinas.
No hay que equivocarse en el diagnóstico, si el origen del desabastecimiento se ubicara en el régimen de propiedad social, cómo explicar la falta de medicamentos, siendo la industria farmacéutica privada. La explicación está en que ésta depende, al igual que las empresas públicas, la Polar y otras «exitosas» empresas privadas, de los dólares del Estado. Desviación estructural del modelo capitalista venezolano, origen principal de las distorsiones de nuestra economía.
Compatriotas no nos dejemos seducir, como en los 90, por un espejito con brillo. La solución real está en producir. Por eso celebro las recomendaciones emitidas por el Congreso Constituyente de la clase trabajadora y aprobadas por el Presidente Nicolás Maduro para la gestión de las empresas públicas. Ahora hay que batallar, para que los interesados en la privatización, permitan que estas acciones se ejecuten.
Respecto a ese plan aprobado, me atrevo a aportar algunas recomendaciones, que he presentado en diversas instancias del partido y del gobierno para lograr un proceso de la recuperación de la producción comunal, privada y estatal:
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Desarrollar un programa de estímulo y apoyo transparente a la producción de todos los sectores económicos del agro y de la industria (financiamiento, libre acceso a los insumos, asistencia integral, garantía de comercialización legal, seguridad pública).
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Desmontaje y penalización de las mafias que han ocupado la producción y comercialización tanto en el sector público como en el privado.
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Dirección de las empresas públicas con el personal técnico profesional formado a lo largo de años en la gestión de las mismas y que en el periodo de la revolución Bolivariana tuvo la oportunidad de especializarse en Venezuela y en distintos países del mundo. Ellos y ellas saben cómo y sobre todo quieren recuperar nuestras empresas.
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Un programa de recuperación de la disciplina laboral consciente, a través de la formación, pero también del ejercicio de los mecanismos de autoridad previstos en la Ley Orgánica del Proceso Social del Trabajo y de los Trabajadores y Trabajadoras.
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Libre intercambio de divisas entre los privados. Garantía de acceso a divisas, insumos y repuestos, ligados a metas de producción, a las empresas pública y comunales.
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Desarrollar un sistema de precios y subsidios cruzados, a los productores, en rublos agrícolas y bienes industriales de consumo priorizados.
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Programa de innovación científica tecnológica y financiamiento del escalamiento de las experiencias exitosas, en Escuelas Técnicas, Universidades e institutos de ciencia y tecnología, para la sustitución de importaciones.
Finalmente, quiero puntualizar en tres consideraciones finales para la recuperación productiva. La primera es la necesidad de recuperar la convivencia democrática en nuestro país; la segunda es que la preservación de nuestras empresas nacionales, no está reñida con la inversión del sector privado internacional y nacional realmente existente, no es tarea de la revolución crear nuevos empresarios, en los mismos sectores donde éstas se desempeñan, salvo en los no permitidos por nuestra Constitución Bolivariana y la tercera es que debemos seguir perseverando en el impulso y expansión de una economía comunal socialista, en los territorios donde el pueblo ha desarrollado experiencias exitosas, como no los encomendó nuestro Comandante Chávez.
Una economía mixta, transparente, honesta, inclusiva de todos los sectores, es el camino para un buen porvenir. Ese es el camino que prefiguramos los revolucionarios, las revolucionarias desde la década del noventa, proyectado a este siglo XXI. El camino de Chávez.
* Elías Jaua Milano es dirigente del PSUV. Ocupó varios ministerios en el gobierno de Hugo Chávez y en el gobierno de Nicolás Maduro. Actualmente Ministro de Educación.