La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una serie de propuestas de modificación en el texto de la Constitución, incluyendo cambios fundamentales en el ámbito económico, que le allanará el terreno al proyecto socialista del presidente Hugo Chávez. Luego de una sesión que se extendió hasta altas horas de la noche de este jueves, el Poder […]
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una serie de propuestas de modificación en el texto de la Constitución, incluyendo cambios fundamentales en el ámbito económico, que le allanará el terreno al proyecto socialista del presidente Hugo Chávez.
Luego de una sesión que se extendió hasta altas horas de la noche de este jueves, el Poder Legislativo aprobó los principales cambios que el gobierno desea incluir en la Carta Magna, si así lo legitima luego un referendo popular previsto para diciembre.
El impulso de un modelo económico productivo de transición al socialismo, la erradicación de las prácticas del monopolio y la definición de varios tipos de propiedad además de la privada, entre las que se incluyen la pública, la social, la colectiva y la mixta, son los puntos a incluir en el texto de la Constitución.
Con tres jornadas de deliberaciones, en el seno del Congreso vnezolano se han aprobado 23 de los 58 artículos presentados para ser reformados.
Sobre la transición hacia el socialismo con esta reforma, se destacó que «no es el mercado el que determinará qué debe producirse, ni el neoliberalismo el que impondrá las pautas del modelo económico, sino la soberanía económica del pueblo, en función de un plan de desarrollo integral nacional».
Asimismo, se citó que sin propiedad social «no hay socialismo posible».
Sin embargo, han sido la restricción al «debido proceso» judicial y a la información en estados de excepción -como un golpe de Estado- lo que ha provocado mayor controversia y hasta fisuras en las filas gubernamentales, y que ha permitido revitalizar a la oposición.
El fiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez, calificó en ese contexto de «inconstitucional» la restricción del debido proceso, al considerar que «es un derecho absoluto que no debe ser restringido ni siquiera durante los estados de excepción». Advirtió a los congresistas que tal derecho es «inviolable».
La Conferencia Episcopal de Venezuela y los grupos de derechos humanos reiteraron sus críticas contra la reforma constitucional de corte socialista. La Iglesia católica dijo que la reforma es «moralmente inaceptable» ante su doctrina social, por considerar que «limita la libertad de los venezolanos» e «incrementa el poder del Estado».