Varias organizaciones estadounidenses de defensa de derechos sociales han iniciado una campaña para evitar la demolición de más de 3,000 viviendas de protección social en las zonas afectadas por el huracán Katrina. En una carta dirigida a la congresista Maxine Waters, denuncian que la celeridad con la que se ha decretado la demolición es una […]
Varias organizaciones estadounidenses de defensa de derechos sociales han iniciado una campaña para evitar la demolición de más de 3,000 viviendas de protección social en las zonas afectadas por el huracán Katrina. En una carta dirigida a la congresista Maxine Waters, denuncian que la celeridad con la que se ha decretado la demolición es una «manifestación extrema» de unas políticas para la reconstrucción de la ciudad que parecen orientadas «a purgar Nueva Orleáns de comunidades negras y pobres«.
La Iniciativa Nacional por los Derechos Económicos y Sociales y el Centro Legal Nacional para los Sin Techo y la Pobreza también alertan acerca de la crítica situación de vivienda que afecta a los sectores pobres de todo el país, afirmando que se enmarca en una crisis más amplia del derecho a la vivienda. Entre otras cosas, destacan que el creciente encarecimiento de la vivienda está dejando a muchas personas sin hogar. En meses pasados, una crisis en el mercado hipotecario estadounidense afectó notablemente la estabilidad de la economía estadounidense, y generó la preocupación de un aumento en la incidencia de falta de vivienda.
De acuerdo a las organizaciones denunciantes, el inminente plan de demolición de más de 3.000 viviendas públicas en Nueva Orleáns ya ha sido decretado, a pesar de que muchas de las viviendas están actualmente habitadas por sus propietarios, y todavía no existe un censo independiente que recoja el número de personas desplazadas que quieren regresar a sus viviendas. Asimismo, señalan que el diagnóstico oficial acerca del deterioro de las viviendas que motivaría la decisión de demolerlas, ha sido cuestionado por estudios independientes, que señalarían que se encuentran en perfecto estado.
«El proceso no está respetando la dignidad y las pertenencias personales de los antiguos residentes» de las viviendas afectadas, aseguran las organizaciones firmantes, dado que en preparación de las demoliciones, las autoridades ya comenzaron a vaciar las viviendas y a desechar la propiedad personal de sus habitantes, sin su conocimiento ni consentimiento.
Por otra parte, los organismos de vivienda habrían tomado acciones que dificultan que los sobrevivientes de Katrina puedan superar los efectos de la tragedia y reconstruir sus vidas. Dado que las medidas de la Autoridad de Vivienda de Nueva Orleáns impactan principalmente sobre los residentes negros y pobres, «parecen inevitablemente condicionados por la discriminación y exclusión racial y económica«, concluyen.
La denuncia también recoge la reciente demolición en Chicago de más de 13,000 viviendas, lo que ha expulsado de sus hogares a más de 20,000 residentes, sin que les hayan ofrecido soluciones de vivienda alternativas al mismo ritmo.
Luego de reconocer la labor de la congresista Waters en defensa de los derechos de los desplazados por el huracán a una respuesta adecuada y al retorno a sus hogares, las organizaciones firmantes le instan a concretar el debate parlamentario sobre la preservación de las políticas de subsidios públicos a la vivienda de los sectores en pobreza.