El jueves 06 de febrero en una movilización en Rio de Janeiro contra el aumento del boleto, el camarógrafo de la TV Bandeirantes Santiago Andrade fue herido con gravedad por una bengala y cuatro días después sufrió muerte cerebral. A partir de ese momento y con la excesiva amplificación sesgada de la TV Globo se […]
El jueves 06 de febrero en una movilización en Rio de Janeiro contra el aumento del boleto, el camarógrafo de la TV Bandeirantes Santiago Andrade fue herido con gravedad por una bengala y cuatro días después sufrió muerte cerebral.
A partir de ese momento y con la excesiva amplificación sesgada de la TV Globo se desató una campaña contra las protestas callejeras. La presidenta Dilma Rousseff surgió afirmando que protestar contra la Copa «es tener una visión pequeña de Brasil». Apelando al nacionalismo algunos amanuenses acusaron a los que están contra la Copa de estar contra el país. A pocos días de conmemorarse los 50 años del golpe del 64, es imposible no recordar el lema arrogante del gobierno del general Garrastazú Médici (1969-1974): «Brasil: Ame-o ou Deixe-o» (Brasil: ámelo o déjelo).
«Brote histérico»
Dos días después del deceso del camarógrafo Andrade, el senador oficialista Jorge Viana (PT-Acre) propuso que la ley antiterrorista auspiciada por la FIFA se discutiera de inmediato en el senado y pidió «un acuerdo de líderes para poner dicha ley en votación en el plenario».
El informe de comisión a senadores sobre la ley antiterrorista fue leído por el «petista» Paulo Paím (PT-Rio Grande do Sul) y el autor del proyecto, Romero Jucá (PMDB-Roraima) quedó desdibujado en un segundo plano. Los grandes medios centraron en el apoyo «oficialista» de Paím a la ley y no en Romero Jucá, que acumula antecedentes «poco elogiosos» en su trayectoria.
Mientras, en los pasillos del PT, los líderes partidarios vinculados a los derechos humanos -percibiendo antes que los congresistas- señalaron que el informe de comisión en el senado sobre la Ley Anti-terrorista leído por Paím podría significar la pérdida de más de cuatro millones de votos para el PT. Este argumento electoral fue más impactante sobre la institucionalidad «petista» que el contenido anti-democrático de la ley, que ya ha sido bautizada por los movimientos de DDHH, como «Acta Institucional Nº5 de la Copa del Mundo». La AI 5, de diciembre de 1968, otorgaba poderes extraordinarios al «presidente» general Arthur da Costa e Silva (1967-1969). Condensaba el pensamiento autoritario de los golpistas del 64, anulando varias garantías individuales.
Algunos medios «petistas» hasta ahora «desatentos» del trámite anti-terrorista en el senado, empezaron a reaccionar y a tomar distancia de la Ley. Poco después, es lo que hizo, por ejemplo, el sitio en internet del propio senador Paím, apartándose del proyecto de Jucá y destacando la posición del presidente del PT, Rui Falcão, que disoció al partido de la iniciativa. El portal del senador titulaba el texto: «Paím nada tuvo que ver con el brote histérico» /1.
Muerte del camarógrafo: ¿casualidad?
Cuando incidentes de apariencia casual son demasiado oportunos y favorables a las claras intenciones políticas del poder, hay que recurrir de inmediato a la sana suspicacia sobre el carácter azaroso de estos hechos.
Después de las variadas alertas periodísticas sobre las medidas limitativas a la protesta popular contra la Copa del Mundo que se estaban acumulando bajo el gobierno de Dilma Rousseff, este crimen tiende a perder su carácter aleatorio y empieza a sospecharse como una provocación intencional desde alguno de los meandros en tinieblas de la institucionalidad. Quizá desde el propio gobierno estadual de Sérgio Cabral y su Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con una trayectoria tortuosa en DDHH.
No olvidemos que entre noviembre de 2012 y octubre de 2013 fueron registrados en Rio de Janeiro 6.034 desaparecimientos. La notoriedad nacional e internacional que tomó el caso del trabajador de la construcción Amarildo, de la favela Rocinha, desaparecido en las manos de la policía carioca, llevó a tomar consciencia de una situación delictiva de las fuerzas de seguridad del estado: el aumento de los desaparecimientos estarían encubriendo crímenes policiales.
La investigación presionada por la movilización social concluyó que Amarildo fue torturado dentro de la propia sede de la Unidad de Policía Pacificadora y que ese «método» era utilizado allí con asiduidad. Las «técnicas» usadas incluían asfixia con saco plástico, choque eléctrico en la planta de los pies mojados y «submarino» en el inodoro. Es decir no se las puede definir con el eufemismo estadounidense de «técnicas innovadoras de interrogatorio».
Durante los dos ejercicios de Sérgio Cabral como gobernador, los tipificados como «auto de resistência» en la jerga policial, es decir muertes de civiles en enfrentamiento con la policía, han pasado a ser desaparecimientos forzosos. Y las muertes por arma de fuego son clasificadas ahora como muertes violentas de causa indeterminada. Existen varias investigaciones independientes que concluyen con igual convencimiento/2.
El abogado João Tancredo, que representa a la familia de Amarildo en la Justicia, define con claridad esta tesis:
«Para mí, el ‘auto de resistência’ hoy en día se ha tornado desaparecimiento. ¿Por qué? El «auto» tiene los nombres de las víctimas y de los policías militares que intervinieron en el hecho. Si la familia de la víctima exige que se investigue y la sociedad civil se moviliza, el PM que ejecutó cobardemente va a la cárcel. Para el gobierno del estado es mejor no ser evidenciado por la brutalidad policial. El aumento de los desaparecidos tiene sentido en esta idea. Desaparecimiento no tiene autor evidente» /3 .
En el período 2007-2013 bajo el mandato de Sérgio Cabral como gobernador de Rio, las propias estadísticas del Instituto de Seguridad Pública (ISP), vinculado a la Secretaría de Seguridad Pública, registraron casi 35 mil desaparecidos!! Un verdadero genocidio que supera las desapariciones en Chile bajo Pinochet y lo asemeja con la actuación de la junta militar argentina. Si lo relacionamos al tamaño de las poblaciones, el estado de Rio y Chile son similares, pero Argentina tiene más de 2 veces y media la población del estado brasileño. Al ritmo de desapariciones hasta el año pasado, al fin de 2014 los desaparecidos sumarían más de 40 mil. Lo que hace imperioso la instalación de una Comisión de Verdad sobre desaparecidos que realice una amplia y exhaustiva investigación independiente. De acuerdo al mismo ISP en 22 años las desapariciones sumaron 92 mil personas /4.
Malos augurios
Es con este telón de fondo que se reiniciaron las protestas en 2014 contra la Copa mundial de Futbol, ahora agravadas por una acentuada intolerancia del poder hacia las demandas populares y una ostensiva ampliación del aparato represivo destinado a sofocar protestas callejeros. Además de la nueva tropa de choque especial con 10 mil hombres creada para actuar a escala nacional en las ciudades sede de la Copa, el gobierno federal ya gastó casi 50 millones de reales$ (más de 20 millones de U$S) en armamento menos letal, que incluye granadas de todos los tipos, armas de choque eléctrico, y balas de goma. En São Paulo, la Policía Militar avisó que adquiriría vehículos que lanzan agua para contener manifestantes. Son los mismos camiones usados para reprimir protestas populares en Turquía y Chile.
A esto se agregan otros síntomas. En la noche del pasado 12 de enero, Campinas (São Paulo) -un gran polo industrial- fue impactada por la noticia de 12 personas ejecutadas en la periferia de la ciudad. Según los medios, el motivo de la matanza fue la venganza de un grupo de exterminio militar, por la muerte de un policia en una gasolinera en el barrio Ouro Verde. Las víctimas (con antecedentes en venta de drogas o con ficha criminal) fueron ejecutadas en puntos minoristas del tráfico conocidos tanto por los consumidores como por la policía. Este tipo de operativos tiene como objetivo banalizar y legitimar las ejecuciones extra-judiciales /5.
Entre 1990 y 2010, 11 mil personas fueron víctimas de la violencia policial, solo en el estado de São Paulo. La situación es a tal punto extrema que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya recomendó la supresión de la policía militar en Brasil. Antes de las protestas de junio, Brasil era el 3er. país con mayor número de muertes de periodistas en el año. En junio pasado, los métodos brutales que los PMs estaban acostumbrados a usar con los pobres y marginales de la periferia se intentaron extender a los manifestantes pacíficos de las avenidas paulistas. Balas de goma impactaron en el rostro del repórter fotográfico Sérgio Silva que perdió un ojo y de la periodista Giuliana Vallone que estuvo cerca de la pérdida de visión.
Del 10 al 14 de febrero se realizó en Brasilia el congreso del Movimiento de los Sin Tierra, con la presencia de más de 15 mil delegados de 23 estados. El clima en el MST no es de abierto apoyo a la presidente Dilma. A la protesta frente al palacio presidencial concurrieron más de 16 mil campesinos con carteles que interrogaban «Dilma, cadê (donde está) a reforma agraria?» al tiempo que la llamaban a «libertarse» del agro-negocio. Cuando los manifestantes intentaron armar una tarima para realizar un acto, la PM los atacó con gases lacrimógenos. Los campesinos reaccionaron arrojando palos y piedras. Dirigentes del MST denunciaron que los uniformados provocaron el enfrentamiento.
En las movilizaciones contra la Copa del jueves 23/01 en Porto Alegre y del sábado 25/01 en São Paulo y otras varias ciudades del país, los PMs retomaron las formas truculentas de disolver las protestas callejeras. La capital paulista volvió a ser la vedete: hubo un joven baleado, varios golpeados, arrojados al piso y pateados. De los 143 detenidos en todo Brasil, 128 eran paulistas. Ya en la protesta anti Copa del sábado 22 de febrero en São Paulo, donde se estrenó la acción del «batallón Ninja» con policías entrenados en artes marciales, los detenidos pasaron a 230.
Coincidencias sospechosas
Es en este encuadre general que acontece el crimen del camarógrafo Santiago Andrade. «En principio siquiera es posible afirmar con total convicción que la bengala fue lanzada por algún manifestante» /6. Y esto es así porque los dos acusados por la policía, si bien fueron filmados mientras ejecutaban el lanzamiento del proyectil, según su propio abogado, recibían R$ 150 c/u (U$S 60) para intervenir en cada protesta. Y es absurdo acusar a los movimientos sociales de «contratar manifestantes» provocadores. Además, varios medios de prensa destacaron la forma turbia con que se realizó la investigación policial que llevó con inusual rapidez a la detención de dichos agresores.
Pero existe otro hecho sugestivo: según un periodista de la gran prensa /7, el abogado de ambos acusados, Jonas Tadeu, no es un abogado de DDHH de los que, por lo común, defienden a manifestantes detenidos. Fue abogado de Natalino Guimarães, identificado como jefe de una de las más poderosas milicias /8 de la Baixada Fluminense.
Guimarães, ex-diputado estadual por el DEM /9 y hoy preso por un incidente criminal que incluía cobranza de «peaje» a vehículos en los suburbios, fue líder de la milicia Liga da Justiça, que controlaba favelas de la zona oeste: Rio das Pedras y Gardênia Azul, entre otras. Fue aliado a la candidatura del actual gobernador Sérgio Cabral en 2006, que resultó re-electo en 2010 por la coalición que lidera el PT. Cabral, anunció al inicio de su primer gobierno (2006) que reprimiría las milicias. Pero luego, tanto la policía como el Ministerio Público declararon que la «integración a una milicia no constituye un delito criminal» y la expansión de los parapoliciales se siguió extendiendo.
¿Por qué vías un ex-abogado de mafiosos pasó a ser defensor de los «dudosos manifestantes» que lanzaron la bengala contra Santiago Andrade?
Hasta ahora, hay demasiados elementos turbios en el incidente para que se pueda aseverar con certeza las verdaderas motivaciones del crimen. Más aún cuando en base a él se pretende legislar bajo la influencia de una conmoción pública que ha sido con claridad manipulada.
¿Endurecer las penas?
El ministro de Justicia José Eduardo Cardozo, en la misma semana del «brote histérico» anunció que presentaría a la presidencia un proyecto para reglamentar las manifestaciones. En él se agravan las penas para crímenes cometidos en protestas callejeras.
Como contrapartida el jurista Pedro Estevam Serrano, profesor de Derecho Constitucional en la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) se declaró contrario a agravar penas en crímenes cometidos en manifestaciones.
Serrano afirmó: «La inmensa mayoría no va a las protestas para practicar crímenes, va a ejercer su ciudadanía. Entre ellos, algunos -no todos- pueden cometer crímenes. Cualquier ley que tipifique o agrave un crimen por el hecho de ser realizado en una manifestación es en principio antidemocrática.» «En todas las actividades humanas hay personas que cometen crímenes, y no por eso se puede criminalizar al barrer las actividades humanas» /10.
Cuando se pretende tipificar o agravar las penas para delitos cometidos en protestas callejeras, el objetivo es amedrentar a quienes concurren en forma pacífica para que dejen de ejercer su ciudadanía.
José Mariano Beltrame, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Rio de Janeiro, con responsabilidad por su cargo en la expansión explosiva de las milicias y de la inmensa «burbuja» de desapariciones forzadas en el estado carioca, concurrió luego del fallecimiento de Andrade a la comisión de Constitución y Justicia del Senado a entregar un proyecto de ley que tipifica «desorden» como crimen.
En el proyecto de Beltrame se declara delito con pena de 2 a 6 años de reclusión y multa por «causar desorden en lugar público o accesible al público»…»con el pretexto de protestar o manifestar desaprobación o descontento con relación a actos o situaciones con los cuales no se concuerde» Es decir se tipifica disentir y protestar como delito, con pena de cárcel.
Y se responsabiliza a todos los manifestantes por cualquier delito que se cometa en una protesta. Las penas pueden llegar a ser de 6 a 12 años de reclusión y multa, por la simple participación en la protesta, en caso que haya una muerte en la reunión o manifestación pública. Un proyecto que intenta impedir no sólo el derecho a manifestar sino también el derecho al descontento.
Conciencia de necesidad
Cuando Hegel definió a la libertad como conciencia de necesidad, el enunciado tenía implícito que las demandas democráticas y políticas surgen y se formulan en la experiencia de la opresión y en las luchas contra la explotación. Allí se expresa la «conciencia de necesidad», se enuncian nuevas libertades y los sujetos sociales se ponen en movimiento para conquistarlas.
Es este complejo proceso histórico, que abarca la perpetua lucha por la conquista de nuevas libertades -innato a las sociedades humanas- el que se pretende abortar con una sórdida ley. Por suerte, para aquellos que sustentan ansias ilimitadas de nuevos derechos, es en sus filas que participan seres humanos como la esposa de Amarildo Dias de Souza y sus hijos. Personas humildes, sencillas que en la defensa de las libertades democráticas dan ejemplo de convicción y dignidad para sus contemporáneos. Individuos que muchas veces sin llegar a saberlo son forjadores del futuro.
La confrontación respecto a la Copa del Mundo involucra entonces varios aspectos que pueden determinar el devenir político y social del país. La protesta pretende esbozar un nuevo rumbo que privilegie las necesidades populares.
Para el Comitê Popular de la Copa de São Paulo:
«Ni la violencia policial ni el discurso de descalificación nos deben impedir de ejercer el derecho constitucional de protestar, en especial contra una Copa viciada -en elitismo, represión, sexismo, pérdida de soberanía, despilfarro, y corrupción- como la que se avecina. Entonces, que en 2014 hagamos de las calles y avenidas de la ciudad las auténticas gradas del país» /11.
Notas
1/ Aclaración publicada en la Folha de São Paulo por Elio Gaspari: Paím nada teve a ver com o surto histérico.
http://www.senadorpaim.com.br/
2/ Fabio Araújo. Das Consequèncias da «Arte» Macabra de Fazer Desaparecer Corpos – Violência, sofrimento e política entre familiares de víctima de desaparecimento forçado
http://es.scribd.com/doc/
Daniel Cerqueira. «Mortes Violentas Não Esclarecidas e Impunidade no Rio de Janeiro» Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA). Enero 2012.
Michel Misse, Quando a polícia mata. Libro ISBN: 9788577291380, 196 páginas 2013.
http://www.ipea.gov.br/portal/
Alba Zaluar y Christovam Barcellos «Saúde Urbana – Homicídios no entorno de favelas do Rio». IESP – Universidad Estadual de Rio de Janeiro y Fiocruz. Ver reseña en link: http://www.icict.fiocruz.br/
Ignácio Cano No Sapatinho A evoluçao das milicias no Rio de Janeiro 2008-2011 Versión PDF link: http://br.boell.org/downloads/
3/ Giuliander Carpes. Desaparecidos y Esquecidos. Brasil de Fato 27 02 2014.
http://www.brasildefato.com.
4/ CPI do Amarildo: deputado propõe comissão para investigar desaparecimentos no Rio. SRZD 04 10 2013.
http://www.sidneyrezende.com/
5/ Mariana Conti Chacina em Campinas o que 12 pessoas brutalmente assassinadas não param de nos perguntar? Correio da Cidadania, 28 01 2014
6/ Gabriel Brito «Estamos no campo do imponderável e acho difícil que o aumento da repressão detenha as manifestações» Entrevista al abogado de DDHH Rodolfo Valente, Correio da Cidadania 21 02 2014 http://www.correiocidadania.
7/ Janio de Freitas, Sem Resposta, Folha de Sao Paulo 13 02 2014. http://www1.folha.uol.com.br/
8/ Las milicias existen en Rio desde la década del 70 y fueron en su origen formadas por comerciantes que pagaban policías para protegerlos de los traficantes de drogas e incluso para actuar como grupos de exterminio contra rateros, mendigos, pobladores desabrigados (moradores de rua) e incluso niños abandonados. Las milicias son grupos criminales formados por policías de los cuerpos de élite, bomberos, guardias municipales y agentes penitenciarios fuera de servicio o en actividad. El régimen de trabajo de la Policía Militar es de 24hs. en servicio por 72hs. de descanso. En esas 72hs. los PMs se convierten en «milicianos». Son verdaderos grupos parapoliciales respaldados por políticos y líderes comunitarios corruptos. Según un estudio reciente de la antropóloga Alba Zaluar del Instituto de Estudios Sociales y Políticos (Iesp) de la Universidad Estadual de Rio de Janiero, en conjunto con Christovam Barcellos de la Fiocruz, las milicias dominan 454 de las 1001 favelas localizadas en el municipio de Rio de Janeiro, esto es el 45% del total. Aparte del cobro de «tributos» o «peaje» controlan el abastecimiento de los servicios de electricidad, la venta de las «bombonas» de gas y de agua potable, el transporte interno en las comunidades por medio de vans y moto-boys y las conexiones clandestinas de TV Cable -gatonet en la jerga carioca-. También administran las maquinitas caza-níquel (prohibidas en todo el país) y tienen sus propios puestos de venta de drogas -«bocas de fumo» en el lenguaje popular- o los alquilan o venden a una facción del narcotráfico.
9/ Demócratas (DEM) cuya antigua denominación era Partido del Frente Liberal (PFL), a su vez heredero de las facciones liberales de la Alianza Renovadora Nacional (ARENA), principal apoyo político de la dictadura militar de 1964.
10/ Conceição Lemes. Serrano Lei que tipifique crime em manifestação é antidemocrática Viomundo, 19 02 2014. Al final del artículo se transcribe el proyecto de ley de Beltrame.
11/ Argumentos para continuar protestando contra a Copa do Mundo no Brasil, del Comitê Popular da Copa de São Paulo. comitepopularsp.wordpress.com/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.