Poco dura la alegría en la casa del pobre. A las pocas semanas de que los hackers capturasen la fortaleza mejor defendida de la industria del entretenimiento, las tropas legales de Sony han conseguido el restablecimiento del orden, al menos en Australia. Como ya ocurriera en el caso de Nintendo, los foros judiciales de las […]
Poco dura la alegría en la casa del pobre. A las pocas semanas de que los hackers capturasen la fortaleza mejor defendida de la industria del entretenimiento, las tropas legales de Sony han conseguido el restablecimiento del orden, al menos en Australia. Como ya ocurriera en el caso de Nintendo, los foros judiciales de las antípodas parecen ser bastante más receptivos que los juzgados españoles, al menos en lo que respecta a las multinacionales del ocio.
Queda por ver qué ocurrirá en España, cuando comiencen a llegar a las aduanas los primeros ejemplares de PS Jailbreak, pero todo apunta a un largo enfrentamiento en vía administrativa y judicial: las principales tiendas online tienen disponible el producto en sus páginas web, en el convencimiento de que su importación y distribución en España es perfectamente legal.
La legalidad de los dispositivos de modificación de consolas es un asunto controvertido, que ha dado lugar a múltiples pronunciamientos judiciales. Las empresas productoras de videojuegos han denunciado en diversas ocasiones a los establecimientos que comercializan este tipo de productos, alegando en sus denuncias que tales dispositivos infringen lo dispuesto en el artículo 270.3 del Código Penal, que criminaliza la fabricación, importación, puesta en circulación o tenencia de cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador.
Esta misma semana está prevista la celebración de un juicio, en Palma de Mallorca, contra los responsables de una empresa acusada de distribuir cartuchos R4 para Nintendo. La clave del caso, al igual que sucederá en los previsibles pleitos que inicie Sony, es determinar si los dispositivos en conflicto están o no «específicamente destinados» a desproteger los videojuegos.
El problema de base, como en tantas otras ocasiones, es la mala calidad de los productos legislativos que producen nuestras Cortes Generales. El Código Penal español, al regular el tema, se desvió del espíritu y letra del legislador comunitario. La Directiva 2009/24/CE, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, que actualizó la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, establece un marco jurídico que, a mi juicio, impide la persecución penal del PS Jailbreak.
El artículo 7 de la Directiva 2009/24/CE establece que los Estados miembros, de conformidad con sus legislaciones nacionales, adoptarán medidas adecuadas contra las personas que, entre otras conductas, se dediquen a la puesta en circulación o tenencia con fines comerciales cualquier medio cuyo único propósito sea facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se hubiere utilizado para proteger un programa de ordenador.
Obsérvese la diferencia de redactado entre la Directiva y el Código Penal español. Donde la Directiva habla de «único propósito», el legislador español introdujo las palabras «específicamente destinado». En el primer caso, queda meridianamente claro que el PS Jailbreak es perfectamente lícito, puesto que no tiene como único propósito desproteger videojuegos, sino también facilitar a los programadores una herramienta para poder desarrollar y ejecutar software casero en las consolas de su propiedad. Por el contrario, las palabras «específicamente destinado» dan lugar a interminables batallas jurídicas, para gran alegría de los bufetes de abogados especializados en el tema.
A la larga, muy a la larga, la razón triunfará. La normativa comunitaria es de obligado cumplimiento, debiendo interpretarse a su luz toda legislación nacional, en caso de conflicto interpretativo. La solución, no obstante, no vendrá dada por las leyes, sino por el cambio de hábitos de los compradores: en la medida que la distribución de videojuegos se aleje del soporte físico, centrándose en plataformas de venta online, el control de la arquitectura cliente-servidor elevará el listón para los hackers del futuro.