«Sprint al autoritarismo», así de tendenciosa era la (des)información que El País -medio perteneciente a un grupo mercantil con evidentes intereses económicos, de raíces claramente oligárquicas, en Venezuela- publicó el día 8 de diciembre sobre la recogida de firmas que comenzó en Venezuela para tratar la reforma del artículo 230 de la Constitución Bolivariana, que […]
«Sprint al autoritarismo», así de tendenciosa era la (des)información que El País -medio perteneciente a un grupo mercantil con evidentes intereses económicos, de raíces claramente oligárquicas, en Venezuela- publicó el día 8 de diciembre sobre la recogida de firmas que comenzó en Venezuela para tratar la reforma del artículo 230 de la Constitución Bolivariana, que limita los mandatos presidenciales a dos de seis años cada uno.
La enmienda, mecanismo previsto de igual manera por la misma Constitución en el artículo 341, haría que una persona -y no solo Hugo Chávez- pudiese repetir postulación a la Presidencia de la República Bolivariana más de una vez. Lógicamente después, para ser presidente o presidenta, tendría que presentarse y ganar las elecciones democráticamente, como lleva haciendo Hugo Chávez desde hace ya una década. A pesar de que esta última nota semeja de perogrullo, bien está hacerla, pues lo malicioso de las informaciones de los medios hegemónicos viene exactamente por ese lado, dando a entender con toda la malintención del mundo que el presidente Chávez impone una especie de mandato vitalicio y por tanto dictatorial. Nada más lejos de la realidad.
Sin embargo, no voy a tratar aquí de mi opinión sobre dicha decisión, que en todo caso será del pueblo venezolano y no de analistas ni opinadores, y mucho menos de medios de comunicación -a pesar de que su influencia puede ser tan decisiva como nociva, como se demostró durante el golpe mediático de 2002 en Venezuela-, sino de una pregunta lógica que debería surgir de cualquier súbdito -pues eso de ciudadanos está aún lejos, sobre todo en las «comunidades» periféricas con identidad propia- del Estado español: ¿Tenemos los «españoles» legitimidad para criticar que un Presidente de un Estado soberano pueda ser escogido más de dos veces?
La respuesta también es evidente. Lógicamente no. Más que nada porque en el Estado español esa posibilidad ya existe, es un hecho, y criticar lo que tú haces cuando lo hacen los demás lleva cuando menos una buena carga de cinismo. Un Presidente de Gobierno español puede ser escogido tantas veces como se presente de manera consecutiva, sin límite de mandatos y sin más frenos que la edad biológica -pues los hombres y las mujeres, sean ricos o no, sean del pueblo llano o de la oligarquía más poderosa, mueren en todos los casos-, y claro, también de la voluntad de los electores y electoras en las urnas. Más allá de que la norma sea conveniente o no para la democracia, criticar desde el Estado español, o desde sus medios de comunicación, que esta posibilidad se instaure también en Venezuela es por tanto una barbaridad, y sobre todo desprende un hedor colonialista, paternalista, bien asquerosillo.
Pero hay más. En el Estado español el Jefe de Estado, al que le llaman Rey, así como en la Edad Media, no se escoge. Siempre es el mismo. Fue impuesto por el dictador Franco hace 30 años -y eso que murió hace 33-, al amparo de una Constitución que nunca fue emendada ni reformada y que parece más rígida que la Biblia. Una Constitución en estado fósil, que no avanza con la sociedad y que ningún súbdito del Estado español de menos de 48 años de edad votó. Si tenemos en cuenta que más o menos la mitad de los que la votaron ya murieron, están seniles o casi agonizan, pues convendréis en que la Constitución española está realmente, o legítimamente, apoyada por cuatro amigos vivos.
Y hay otro pero, más grave aún. Ya dijimos que el Jefe de Estado español nunca fue expresamente votado -su imposición estaba incluída en la Constitución y en el plebiscito de 1978, que fue redactada con la mirada de los militares puesta sobre la mesa y algunos franquistas como Manuel Fraga de ponentes-, que es un puesto vitalicio y por tanto -aplicando la regla de tres de El País– dictatorial o autoritario. Pero es que, además, es un puesto que se hereda.
Solamente hay dos condiciones legales necesarias para sustituir al Jefe de Estado español: ser de su misma familia y ser hombre. Vaya, que el puesto de Jefe de Estado en el Reino de España depende de la sangre y del sexo. Con esta aberración decimonónica en la Constitución española, ¿pueden nadie perteneciente a ese Reino dar lecciones de democracia? Aquí sí que hace falta, pero de manera plural, un «Por que no calláis!» con la voz bien alta.
Traducido del gallego original: http://altermundo.org/portal/