Desde cuando el Banco Mundial impuso el neoliberalismo en Colombia, una de las cruzadas, sin solución de continuidad durante más de 15 años, ha sido la emprendida contra el Seguro Social. Alvaro Uribe Vélez ha jugado un papel protagónico en esa iniciativa por convertir la salud en Colombia en un negocio del capital financiero. Con […]
Desde cuando el Banco Mundial impuso el neoliberalismo en Colombia, una de las cruzadas, sin solución de continuidad durante más de 15 años, ha sido la emprendida contra el Seguro Social. Alvaro Uribe Vélez ha jugado un papel protagónico en esa iniciativa por convertir la salud en Colombia en un negocio del capital financiero.
Con la expedición de la ley 100 y el desarrollo de las reformas de mercado que para la seguridad social se impulsaron, mediante acciones abiertamente lesivas contra el Seguro Social como el desconocimiento de la deuda del Estado con esta institución, que hoy tiene un valor presente de 63 billones de pesos o como la promulgación de medidas por las cuales se impidió el aumento en el número de afiliados o como la delegación de la atención al mayor número de pacientes con enfermedades de alto costo en el país, se le fue conduciendo a una situación de iliquidez y de graves quebrantos financieros.
Mientras en 1996 el 75% de los afiliados al régimen contributivo pertenecía al ISS, hoy solamente es el 25%. De ellos, un alto porcentaje es mayor de 45 años y devenga el salario mínimo. Debe agregarse que 45.000 de sus usuarios ocasionan un gasto de 350.000 millones de pesos mensuales, por padecer enfermedades que exigen altas erogaciones para su tratamiento.
Dentro de la campaña de exterminar el ISS, en 2003 el gobierno de Uribe le arrebató su red de servicios, 37 clínicas y 234 centros de atención. Se constituyó en una táctica más de la estrategia de persecución que culminó con la resolución 028 de 2007 de la Superintendencia de Salud que le cancela la licencia de funcionamiento.
De lo anterior se deduce que ha sido sistemática, casi una política de Estado, liquidar el Seguro Social. Los hechos posteriores a la expedición de la Resolución 028, como la imposibilidad de concretar con los empresarios privados, presuntos «redentores» de la seguridad social en Colombia, tanto la debida atención a los pacientes de enfermedades de alto costo como la aceptación del enganche del personal que sería trasladado a otras entidades para garantizarlo, ratifica las razones que hemos esgrimido quienes encontramos en el Estado y en los gobiernos neoliberales, con el de Uribe a la cabeza, como únicos responsables de la crítica situación que está a punto de convertirse en masacre laboral y en genocidio de varios millones de colombianos humildes.
La Gran Coalición Democrática demanda del gobierno de Uribe cesar inmediatamente la política de extinción del Seguro Social, y fortalecerlo y perfilarlo como la principal entidad que le garantice el bienestar y la seguridad social a un número muy importante de trabajadores colombianos y la salud a decenas de miles de pacientes que padecen patologías que requieren especial cuidado. Esa rectificación debe iniciarse con la derogatoria inmediata de la resolución 028 de 2007, de la Superintendencia de Salud.
Para respaldar a los afiliados, a los pacientes y a los empleados del Seguro Social y para rescatar esta valiosa entidad, la Gran Coalición Democrática convocará a una jornada nacional de solidaridad y, a la vez, de protesta contra los perversos designios uribistas para llevar a cabo su liquidación.