Las imágenes de miles de manifestantes en las calles de las principales ciudades venezolanas, el despliegue militar y las acciones armadas de grupos civiles, han sido difundidas internacionalmente durante las últimas dos semanas, acompañadas de las altisonantes denuncias gubernamentales sobre el desarrollo de un golpe de Estado, por un lado, y por el otro las […]
Las imágenes de miles de manifestantes en las calles de las principales ciudades venezolanas, el despliegue militar y las acciones armadas de grupos civiles, han sido difundidas internacionalmente durante las últimas dos semanas, acompañadas de las altisonantes denuncias gubernamentales sobre el desarrollo de un golpe de Estado, por un lado, y por el otro las acusaciones de la dirigencia de la oposición patronal sobre la que consideran una nueva confirmación de que el régimen político venezolano es dictatorial. Quien intenta comprender la situación que atravesamos constata que la presentación de los hechos está tan comúnmente mezclada con la propaganda de las facciones en disputa, que resulta difícil asumir posición críticamente. Podría decirse que dicha situación en sí misma no es nueva, a 12 años de un golpe de Estado que cristalizó una aguda polarización política. No obstante, la distancia que separa la situación actual de la vivida en el 2002 es tal, que realmente en muchos sentidos es su antítesis.
La actual crisis viene antecedida por una victoria electoral del chavismo. Apoyándose en una campaña contra la especulación en la que intervino algunas cadenas de comercios, fundamentalmente del rubro de los electrodomésticos, el gobierno ganó en diciembre el 71,64% de las alcaldías, obteniendo aproximadamente el 49% de los votos, unos nueve puntos porcentuales por encima de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición partidista de la oposición patronal. La disidencia del chavismo alcanzó el 5%, el de la de la MUD poco más del 2%, y una cifra similar las candidaturas independientes. La MUD había hecho campaña adjudicándole una connotación plesbicitaria a la elección, y fracasó. Sin embargo, fue una victoria chavista relativizada por el agravamiento de la crisis económica. El año 2013 cerró con los índices más altos de inflación y desabastecimiento del período inaugurado en 1999. La falsa promesa gubernamental de que los llamados «precios justos» se consolidarían con las intervenciones de comercios ejecutadas antes de las elecciones, se estrelló rápidamente contra la realidad. Con el impulso del BCV, que aumentó la masa monetaria en un 70% durante el año 2013, el índice de la inflación llegó al 56,2%, y nada más en los meses de noviembre y diciembre, en plena campaña por los «precios justos», la inflación fue del 7%. En cuanto al índice de desabastecimiento, según el Banco Central de Venezuela (BCV) el promedio de los años 2003-2013 fue de 13,3%, pero para enero de 2014, se registraba un desabastecimiento del 28% (26,2% en el rubro de los alimentos). Entre 2012 y 2013 la sobrefacturación de importaciones sobrepasó los 20 millardos de dólares, y Maduro se vio obligado a admitir públicamente que el gobierno no realizó un control posterior a la asignación de divisas a las empresas importadoras. Las reservas internacionales cayeron 8.017 millones de dólares durante el año 2013, para abrir el año 2014 en 21.736 millones de dólares.
Ante esta situación, el gobierno empleó el capital político de su victoria para impulsar negociaciones con la dirección de la MUD con el objetivo de obtener apoyo para las medidas de ajuste que planeaba implementar. Describiendo el zigzagueo característico del chavismo, diez días después de las elecciones municipales y de su victoria contra el «fascismo», Maduro se reunía cordialmente en Miraflores con la mayoría de los alcaldes y gobernadores de la MUD, y entre los planteamientos que hizo estuvo el llamado a concertar la implementación de un aumento al precio de la gasolina, altamente subsidiado. En un comunicado posterior, la MUD apoya el aumento y anuncia que «pone a disposición del Ejecutivo sus recursos técnicos y políticos para alcanzar el mayor consenso en una materia de tanta significación para la vida de los venezolanos». (http://www.el-nacional.com/politica/MUD-dispuesta-participar-aumento-gasolina_0_321568006.html). En posteriores reuniones con Maduro y el ministro del Interior, en las que participa el principal dirigente de la MUD, Henrique Capriles, las autoridades regionales y locales intercambian sobre planes de seguridad conjuntos. En los hechos se cierra el impasse abierto con la elección presidencial de abril de 2013, cuyo resultado no había sido reconocido por la MUD.
El 22 de enero, el gobierno anunció una devaluación del 79% para los rubros de importación considerados no esenciales, así como los cupos de divisas para viajeros y compras electrónicas, y de esa manera arrancó el ajuste. Pese al apoyo recibido de la patronal y la MUD para el aumento de la gasolina, el gobierno aplazó la ejecución de la medida, preocupado por la reacción social que podría desencadenar. Antes, el liderazgo ejercido por Chávez permitía imponer medidas antipopulares con mucha menor resistencia, por su carisma y prestigio personal ante grandes sectores de la población. Maduro adolece de grandes carencias en este sentido, y tanto las negociaciones con la MUD como la devaluación recibieron grandes críticas entre los activistas de la base chavista. En las pugnas entre sectores burocráticos del Psuv empezaron a salir públicamente acusaciones de «derechización» del gobierno.
En cuanto a la MUD, producto de su derrota electoral, se agudizaron las confrontaciones entre facciones. Mientras el ala mayoritaria, encabezada por Capriles y los partidos tradicionales, entró en el carril de la negociación y las exigencias al gobierno, el ala encabezada por Leopoldo López del partido Voluntad Popular (VP) y la diputada María Corina Machado, lanzó el 2 de febrero una campaña bajo la consigna «la salida está en la calle», con un acto en la Plaza Brión de Caracas. Es interesante notar que la mayoría de las menciones de López en los cables diplomáticos yanquis publicados por Wikileaks se refieren a los conflictos que el dirigente de VP ha entablado con otros dirigentes de la oposición patronal, conocida por sus vínculos con el gobierno de EEUU. También participaron en el acto del 2 de febrero el partido ex maoísta Bandera Roja, el alcalde metropolitano Antonio Ledezma, y el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Juan Requesens. Allí anuncian la realización de una marcha el 12 de febrero en Caracas. Simultáneamente, en la isla de Margarita, un grupo de activistas ligados a esta tendencia, realizaba una protesta de contenido xenofóbico contra el equipo de beisbol cubano que participó en la Serie del Caribe. Como parte de esta campaña impulsada por VP, a partir del 4 de febrero se realizan las primeras protestas estudiantiles en San Cristóbal y Mérida, ciudades ubicadas en los Andes venezolanos. Presentándose como un sector más intransigente y radical, VP y sus aliados dentro de la MUD pretenden ganarse la dirección de la coalición, capitalizando al mismo tiempo la desastrosa situación económica y social del país para ganar adeptos para una salida por la derecha.
Las primeras protestas son acciones en las que participan unas pocas decenas de activistas, y de claro corte provocador, como la acción contra la residencia del gobernador de Táchira o algunas acciones armadas en Mérida. También hubo excesos policiales, por ejemplo, en Mérida la policía hirió de gravedad a un estudiante que no formaba parte de las protestas. Algunos detenidos en San Cristóbal fueron trasladados a la cárcel de Coro, a 500 kilómetros de distancia. Las principales consignas de esas protestas eran contra la inseguridad, pero en los días cercanos al 12 de febrero, empiezan a plantear directamente la renuncia de Maduro. Por su parte, el Psuv comienza a emplear grupos de choque parapoliciales para disolver las manifestaciones, independientemente de su carácter pacífico o violento, y atacar zonas residenciales. Un ejemplo de estas acciones es la agresión a las residencias Monseñor Chacón en Mérida, lugar en el que se realizaba un cacerolazo, resultando heridas dos personas. Las marchas del 12 de febrero, realizadas en 18 ciudades del país, cambiaron de contenido con respecto a su convocatoria original, convirtiéndose en movilizaciones por la liberación de los estudiantes detenidos y en rechazo a las actuaciones represivas policiales y parapoliciales. Sobre todo en el interior del país, donde el desabastecimiento y la crisis de los servicios públicos es mucho más severa que en la capital, las movilizaciones visibilizaron reclamos relacionados con estos temas.
Las dos facciones de la MUD fueron claramente rebasadas por las dimensiones de las movilizaciones, a las que subyace el descontento de grandes sectores de la población por la crisis económica y las medidas de ajuste aplicadas por el gobierno. El Psuv realizó algunas concentraciones y marchas el mismo día, de menor magnitud. En Caracas se registraron los hechos que conducirían a un cambio importante en el desarrollo de las protestas. En los alrededores de la Fiscalía General, una vez dispersada la marcha que había partido de Plaza Venezuela, quedaron grupos de estudiantes y activistas que enfrentaron a la policía con piedras y realizaron daños a la fachada del edificio gubernamental. A través de la policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y grupos parapoliciales, se les reprimió a tiros, con el saldo de dos personas asesinadas, un joven que recibió un disparo por la espalda, Bassil Da Costa, y Juan Montoya, un policía del municipio Libertador que formaba parte de uno de los grupos parapoliciales que intervenía en la protesta. Según familiares y allegados a Montoya, un «funcionario» le disparó. Posteriormente, en otra zona de la capital, uno de los manifestantes que auxilió a Da Costa, Roberto Redman, fue asesinado. Desde una motocicleta, civiles dispararon una ráfaga que alcanzó a Redman y a cinco personas más que resultaron heridas. Esa misma noche, el coordinador de medios de Provea, una organización de defensa de los derechos humanos, fue secuestrado en un retén policial en una calle del oeste de Caracas, por hombres armados sin uniforme que se presentaron como agentes del Sebin, quienes le quitaron el teléfono móvil, y luego de golpearlo y amenazarlo de muerte durante un par de horas lo liberaron.
El diario Últimas Noticias, cuya línea editorial es favorable al chavismo, publicó un trabajo de investigación en el que documenta ampliamente la actuación del Sebin en los alrededores de la Fiscalía y la realización de disparos contra un grupo de manifestantes que corre alejándose de los agentes, en el momento en que cae Da Costa (http://laclase.info/nacionales/tiro-limpio-repelieron-manifestacion-del-12f). Inicialmente el presidente Maduro responsabilizó a los manifestantes de las muertes, y aseguró que en el país se estaba aplicando un «libreto» similar al golpe de Estado de 2002, pero luego aseguró que los agentes del Sebin actuaron motu proprio, y destituyó al jefe del cuerpo represivo. Sin dudas, las actuaciones del gobierno y los grupos parapoliciales el 12 de febrero marcaron un punto de inflexión, desatando protestas a una nueva escala, a pesar de que Maduro anunciara esa noche que no se permitirían las marchas que no contaran con autorización del gobierno.
Al momento de escribir estas líneas, en las protestas posteriores al 12 de febrero han muerto seis personas más, se estima que casi doscientas personas han sido heridas de bala y perdigones, la mayoría como resultado de las acciones de los grupos parapoliciales y la GNB, mientras que unas cuarenta personas se encuentran privadas de libertad. Existen numerosas denuncias relacionadas con torturas y tratos vejatorios por parte de los cuerpos policiales y militares que están interviniendo en las detenciones. Pese a la militarización de San Cristóbal y Mérida, las protestas continúan, y varias zonas de estas ciudades han sido bloqueadas por barricadas.
La mayor parte de la información referida a las protestas circula por medios electrónicos, mientras que los canales de televisión privados y estatales observan un acuerdo con el gobierno de no transmitir informaciones en directo sobre las protestas, ni imágenes que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) considere que incitan a la violencia. Por dificultades para acceder a las importaciones de papel, la mayoría de los diarios privados han reducido de manera importante el número de páginas, y algunos diarios regionales han salido de circulación, además de ello los propietarios de muchas publicaciones privadas se han alineado con el gobierno, lo que ha llevado a trabajadores de la prensa, como en el caso de la Cadena Capriles, a realizar asambleas para oponerse a las líneas editoriales de los dueños de los periódicos y la restricción del derecho a la información. El gobierno incluso ha sacado de los servicios de televisión por cable y satelital a canales internacionales que informan sobre la situación venezolana.
El gobierno apela al expediente de presentarse como víctima de un golpe de Estado en curso y compara la situación actual con la de abril de 2002. Sin embargo, esta comparación no se puede sostener racionalmente. No hay pronunciamientos contra el gobierno ni deserciones en las fuerzas armadas, cuyos mandos medios y superiores se encuentran cohesionados alrededor del gobierno y del sector burgués que dirige el Estado, constituido fundamentalmente por los nuevos ricos conocidos popularmente como «boliburgueses», una buena parte los cuales son a su vez militares. La mayor parte de la dirigencia de la MUD no acompaña la campaña de «la salida» impulsada por VP, y ha polemizado públicamente con López. La agremiación patronal Fedecámaras no está llamando a paralizaciones, tampoco la burocracia sindical adicta a la MUD. En plena crisis, el mayor capitalista del país, Gustavo Cisneros, anunció su apoyo al gobierno, mientras que la transnacional Repsol firmó un acuerdo de financiamiento a Pdvsa por 1200 millones de dólares. La dirigencia de la Iglesia Católica no ha tenido un rol beligerante, más bien viene apoyando los planes de «pacificación» del gobierno. Maduro ha venido acercando posiciones con el gobierno de EEUU y hace menos de un año se reunían el canciller Jaua y el Secretario de Estado John Kerry, para anunciar la intención de recomponer las relaciones diplomáticas entre los dos países. La entrega de López a las autoridades, que ordenaron su captura responsabilizándolo por los muertos del 12 de febrero, resulta difícil de inscribir en la lógica de un inminente asalto militar del poder. Más allá de que toda la dirigencia de la MUD, tanto el ala de Capriles como la de López, estuvo involucrada en el golpe de 2002, y que la burguesía opositora cuenta con el golpe de Estado como parte de su repertorio, objetivamente no existe ningún indicio de que se esté llevando a cabo en estos momentos. En cambio, hoy son verificables los recortes a las libertades democráticas por parte del gobierno, con la coartada que le proporciona la propaganda antigolpista. De ahí que la principal tarea de la izquierda y las organizaciones sociales sea oponerse a este ataque a las libertades democráticas, sin dejar por ello de advertir que la MUD no representa una alternativa política que conduzca a la superación de los problemas que aquejan a la mayoría de la población.
El empleo de fuerzas parapoliciales por parte del gobierno para disolver protestas es un recurso en extremo reaccionario que debe ser enfrentado. Los mecanismos de la censura, por la vía de acuerdos entre el gobierno y los propietarios de medios o de la coacción, implican igualmente un ataque al derecho a la información. Se evidencia claramente la incompatibilidad de este derecho con la propiedad privada de los medios de comunicación y con la administración burocrática de los medios estatales. El Sebin, cuerpo represivo con un largo historial de violación de los derechos humanos, desde su creación bajo las siglas de la Disip en 1969, debe ser disuelto y abiertos los archivos de la represión para su conocimiento público. Todas las personas detenidas por protestar deben ser liberadas, y se debe realizar una investigación con participación de organizaciones de derechos humanos sobre la represión y los asesinatos perpetrados por grupos policiales, militares y parapoliciales en el marco de las protestas. Más allá de las protestas, los juicios abiertos a más de trescientos trabajadores, campesinos e indígenas por protestar deben cerrarse. Estas son reivindicaciones democráticas que todo aquel que se reivindique demócrata o revolucionario debe levantar, y contraponerlas a la doctrina de seguridad nacional esgrimida por Maduro para colocar los intereses del Estado por encima de los derechos sociales.
A medida que pasan los días, se extienden las expresiones de protesta, fundamentalmente a través de los cacerolazos, a los sectores populares de Caracas y otras ciudades del país, en barrios que durante mucho tiempo fueron bastiones del chavismo. Ello da cuenta de que el malestar con el ajuste que el gobierno aplica y que pesa sobre las mayorías empobrecidas, rebasa nuevamente a una dirección de la MUD que no dice nada al respecto. Evidentemente, la MUD no puede proponer nada en este sentido, por sus compromisos con la patronal, con el capital transnacional, y con los gobiernos imperialistas de EEUU y Europa.
Levantar una agenda de reivindicaciones sociales y económicas, además de las de corte democrático, es una tarea que solo pueden cumplir las organizaciones sociales y de izquierda no alineadas con el gobierno o la MUD. En un artículo titulado «Venezuela», el cantautor panameño Rubén Blades llamó a los estudiantes venezolanos a «que se organicen al margen de la división estéril creada por gobierno y oposición» y «aclaren que no aceptarán como únicas alternativas, las propuestas por los dos bandos en disputa». Tristemente, hoy el movimiento estudiantil ha sido copado por la oposición patronal al gobierno, sin embargo existen organizaciones políticas, entre ellas el Partido Socialismo y Libertad (PSL), que a contracorriente intentan visibilizar una perspectiva autónoma ante la crisis, tanto en el movimiento estudiantil como en el movimiento obrero y popular.
El desastre económico y social ha disipado el espejismo del proyecto chavista. La pretensión de superar los problemas estructurales de nuestro país dentro del marco capitalista, apostando al rol protagónico de burgueses nacionalistas, militares y un partido corporativo, ha fracasado y se encuentra en una etapa de avanzada descomposición. Los programas de asistencia social implementados luego de la derrota del golpe de 2002, tocaron techo y entraron en una dinámica recesiva a partir de 2007. Avanza la corporativización de las organizaciones sociales, se fortalece un entramado legal que restringe el derecho a la huelga y a la protesta, y se aprecia un empleo cada vez mayor del aparato represivo y administrativo para dirimir los conflictos sociales, política de la cual han sido claros ejemplos el encarcelamiento del cacique yukpa Sabino Romero y del sindicalista Rubén González entre 2009 y 2011, y la reciente detención de diez trabajadores petroleros que participaban en una asamblea en la Refinería de Puerto La Cruz, incluyendo al secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (Futpv), José Bodas. A ello se suma una debacle económica de la que no obstante salen bien librados los sectores transnacionales enclavados en la industria petrolera, la banca privada y el comercio importador, de todo esto el corolario es que la utopía reaccionaria de un «socialismo con capitalistas», ha rodado por el suelo. Corresponde a la izquierda revolucionaria rescatar las banderas del socialismo que el chavismo utilizó para sus propios fines.
Según las cifras oficiales, más de nueve millones de personas, la tercera parte de la población, viven en condiciones de pobreza. Casi tres cuartas partes de los trabajadores del sector público ganan salarios por debajo del costo de la canasta básica, y se requieren más de dos salarios mínimos para cubrirla. Únicamente en el sector militar los aumentos salariales son superiores a la inflación. Indudablemente, la clase trabajadora puede jugar un rol decisivo para enfrentar la política económica del gobierno, derrotar la regresión democrática y levantar exigencias como un aumento general de sueldos y salarios, un salario mínimo igual a la canasta básica, la eliminación del IVA, la nacionalización de la industria petrolera, sin empresas mixtas ni transnacionales; una reforma agraria que garantice el aumento de la producción agrícola y el acceso a la tierra para quienes la trabajan, el rescate de las empresas básicas de Guayana y las industrias adquiridas por el Estado, apoyar las exigencias territoriales de los pueblos indígenas, que se declare la suspensión de los pagos de la deuda externa, y la derogación de los tratados contra la doble tributación suscritos con EEUU y otros países, instrumentos que permiten a las transnacionales evadir más de 17 millardos de dólares en impuestos anualmente. El PSL está impulsando un encuentro de organizaciones sindicales y populares para discutir en Caracas durante los primeros días de marzo una agenda unitaria de reivindicaciones, así como un plan de movilización. Los trabajadores, los estudiantes y los sectores populares tienen la posibilidad de elevar su propia voz y resistirse a ser carne de cañón del gobierno o la MUD.
Fuente: http://www.laclase.info/teoria/que-esta-pasando-en-venezuela