Estados Unidos no sólo intenta deponer al Gobierno del presidente Nicolás Maduro proponiendo y apoyando vías violentas, tal y como lo ha denunciado el mandatario en varias ocasiones, sino que también está invirtiendo cuantiosas sumas de dinero en la instrumentación del llamado golpe blando y de su supuesto gobierno paralelo. De acuerdo con el politólogo […]
Estados Unidos no sólo intenta deponer al Gobierno del presidente Nicolás Maduro proponiendo y apoyando vías violentas, tal y como lo ha denunciado el mandatario en varias ocasiones, sino que también está invirtiendo cuantiosas sumas de dinero en la instrumentación del llamado golpe blando y de su supuesto gobierno paralelo.
De acuerdo con el politólogo estadounidense Gene Sharp, el golpe suave o blando o no tradicional, utiliza un conjunto de técnicas conspirativas no frontales y principalmente no violentas, con el fin de desestabilizar un Gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder.
El presidente estadounidense, Donald Trump, no sólo reconoció el pasado mes de enero como presidente de Venezuela al autoproclamado Juan Guaidó, sino que se encargó de hacerle lobby mundial en un intento porque otros gobiernos hicieran otro tanto.
Luego de numerosas «invitaciones», amenazas (directas o veladas) y presiones, el mandatario logró que varios países latinoamericanos y europeos (54) tampoco reconocieran a Maduro como presidente y avalaran a Guaidó, al tiempo que recrudecía las sanciones económicas contra el país.
Pero como si esto fuera poco, luego de fracasar en sus intentos por quebrar la unidad de las Fuerzas armadas Bolivarianas, asumieron en su totalidad el financiamiento de la oposición y los planes conspirativos.
Es tan descarado el papel que está desempeñando que cada vez que otorgan sumas millonarias a Guaidó para sus actividades progolpistas le especifican con detalle las áreas en las que deberá invertir el dinero otorgado.
De acuerdo con reportes de los medios de comunicación, en lo que va de año el Gobierno estadounidense ha realizado tres desembolsos millonarios de dinero a Guaidó.
«Lo que estamos intentando hacer es conseguir que el equipo de Guaidó pueda pagar embajadas, embajadores, una oficina de la Asamblea Nacional en Caracas (…) Nos gustaría usar fondos de los Estados Unidos para hacerlo».
Así lo aseguró el delegado especial de Donald Trump para Venezuela, Elliott Abrams, en una entrevista concedida a representantes del Instituto Empresarial Americano (AEI), y que fue divulgada el pasado mes de agosto de este año en Supuesto Negado.
A mediados de julio, el Gobierno estadounidense dio la orden de que 41.9 millones de dólares, que en principio estaban presupuestados para proporcionar ayuda a países centroamericanos, fueran redireccionados hacia la oposición venezolana.
En esa ocasión, se supo que los recursos iban a ser entregados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con el fin de «cubrir gastos operativos del entorno inmediato de Guaidó».
Pudiera entenderse que gastos operativos son viáticos, pasajes para viajes al interior del país, así como al exterior, pago de bonos en dólares a los diputados de la Asamblea Nacional, así como pagos a determinados medios de comunicación.
Los diputados de la Asamblea Nacional dejaron de percibir los salarios que le correspondían, debido a que el ente fue declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, organismo que les bloqueó cualquier asignación presupuestaria.
El pasado mes de septiembre el Gobierno estadounidense autorizó un monto de 52 millones de dólares para financiar al autoproclamado presidente Juan Guaidó.
De esta manera, la Administración gringa estaba triplicando los desembolsos realizados a la oposición venezolana, pues en 2018 Estados Unidos destinó 15 millones al antichavismo, es decir menos de la tercera parte.
Los recursos serían distribuidos, según anunció el administrador de la Usaid, Mark Green, entre la Asamblea Nacional manejada por Guaidó, medios de comunicación y frentes organizados de la «sociedad civil».
Según un alto funcionario consultado por la agencia de noticias AP, 19 millones de dólares del total asignado serán empleados para que «las fuerzas de Guaidó dispongan de comunicaciones seguras, dinero para gastos de viaje, capacitación en la preparación de presupuestos y otras herramientas que las preparen para gobernar si logran desplazar a Maduro del poder».
El tercer desembolso millonario realizado a la oposición venezolana es mayor que todos los anteriores. Se anunció el pasado 8 de octubre y se etiquetó como un «acuerdo bilateral» entre la USAID y la oposición venezolana dirigida por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
En términos diplomáticos un Acuerdo bilateral es «un tratado estrictamente entre dos Estados partes. Estas dos partes pueden ser dos estados, o dos organizaciones internacionales, o un estado y una organización internacional.
Es decir no puede hablarse de un tratado o acuerdo internacional entre un Estado y la oposición política de otro estado.
En todo caso, un acuerdo bilateral es, de acuerdo con la Real Academia Española, es un compromiso que asumen dos partes. Estos acuerdos generan obligaciones recíprocas para ambos firmantes, que incluso pueden ser castigados en caso de incumplimiento.
El Gobierno de Estados Unidos se comprometió a desembolsar 98 millones de dólares. Lo que no se aclaró, porque no se informó en el acto de la firma, fue cuál había sido el compromiso que había adquirido la oposición venezolana.
«Los contribuyentes estadounidenses ahora pagan los salarios y gastos de docenas de figuras de la oposición venezolana que han creado un «gobierno en la sombra» dentro de Venezuela y en el extranjero».
Así lo escribió el pasado 21 de octubre en el portal MROnline Leonardo Flores, un experto en políticas latinoamericanas y activista de CODEPINK, una ONG que hace vida en EEUU y que promueve la paz y la justicia social y es enemiga de las guerras y las ocupaciones.
Refiere Flores que durante la firma del acuerdo con la USAID, Carlos Vecchio, representante de Guaidó en Washington, elogió a la agencia por ayudar a «mejorar nuestras capacidades para aumentar nuestro servicio exterior», confirmando que los fondos van al equipo de Guaidó.
«Con esta admisión pública de financiamiento, ahora no se puede negar que el golpe (se refiere al intento de golpe del pasado mes de abril) se orquestó desde Washington y que cualquier autoridad que el Sr. Guaidó pueda tener es solo una función de su servicio como representante de los Estados Unidos», dijo.
A su juicio, los subsidios a la oposición venezolana nunca han sido tan evidentes, pero tampoco son nada nuevo. «La Oficina de Iniciativas de Transición de USAID comenzó el financiamiento indirecto de la oposición en 2002. Comenzó financiando organizaciones no gubernamentales afiliadas a la oposición, estudiantes y partidos; ahora ha progresado a pagar a los políticos directamente. El objetivo siempre ha sido el mismo: cambio de régimen».
Este sería el plan de Guaidó para quedarse con el exceso del valor de la venta de Citgo (+Bono 2020)
El «autoproclamado» Juan Guaidó y sus aliados tendrían el dinero para pagar los 913 millones de dólares de los intereses del Bono PDVSA 2020, así lo aseguró Andrew Rosenberg, abogado de los acreedores, quien detalló que de no producirse el pago y embargar la refinería Citgo, la oposición podría quedarse con el «exceso del valor de la venta» de la refinería venezolana que está ubicada en Estados Unidos.
En una entrevista publicada por The Wall Street Journal, el representante legal de los acreedores dijo que esta fracción de la oposición venezolana que está apoyada por Estados Unidos «tienen acceso a suficiente efectivo para hacer un próximo pago de los bonos».
Este dinero podría provenir de las cuentas del Estado venezolano y de PDVSA que han sido congelados en Estados Unidos, debido a las medidas coercitivas y unilaterales implantadas por Washington desde el 2015 y que se han agudizado bajo la Administración de Donald Trump.
Sin embargo, si se diera el escenario en donde no se paga a los acreedores, también Guaidó y sus aliados podrían salir beneficiados con dicha acción.
Hay que recordar que la semana pasada la Asamblea Nacional en desacato catalogó de «ilegal» el pago de estos bonos, por lo que una de las estrategias es que este conflicto de intereses se dirima en los tribunales de Estados Unidos. Para ello, tanto los dirigentes del partido Voluntad Popular y sus principales financistas han dicho «estar preparados».
Sin embargo, no serían los únicos que están estudiando esta posibilidad. Rosenberg aseguró que sus representados también «están elaborando planes para tomar control de Citgo si no se les paga».
De darse el incumplimiento del pago, los acreedores «pueden excluir la garantía y poner las acciones en venta». Para ello, explicó el jurista, designarían a una junta directiva integrada por estadounidenses para administrar Citgo por un «periodo interino», mientras las acciones se subastan.
«El asesor financiero Ducera Partners LLC ha sido contratado para ayudar en un posible proceso de comercialización», señaló el abogado al medio estadounidense. También aseguró que el comprador más probable es una importante compañía petrolera estadounidense, cuyo nombre no fue revelado.
Luego de que los acreedores «sean reembolsados»; afirmó Rosenberg, «el exceso del valor de la venta volvería a la oposición», aunque tampoco ofreció detalle de cuánto sería el monto.
Vale resaltar que el Buró Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) estadounidense inició una investigación con respecto al pago de los Bonos PDVSA 2020, donde se incluye un listado en el que los varios dirigentes Voluntad Popular, entre ellos Leopoldo López y Juan Guaidó, usarían testaferros para cobrar las ganancias.
«La agencia de investigación correspondiente al Departamento de Justicia norteamericano ha estado haciendo un seguimiento a los bienes adquiridos por los ‘tenedores políticos’ de los bonos tanto en Europa como en suelo estadounidense», reseñaba una nota de prensa publicada por el diario Últimas Noticias.
También a principios de esta semana, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que se abrirá una investigación contra el diputado opositor Juan Guaidó «y sus amigos», por los manejos de estos bonos.