Hace una semana escribía sobre la deriva discursiva opositora, signo claro de que el antichavismo había sido incapaz de asimilar al Chávez «repolitizado» que se había lanzado a la calle dispuesto a ser interpelado por el pueblo, el Chávez «cable» entre el pueblo y el Estado, para latiguear al Estado, para interpelarlo. Frente a este […]
Hace una semana escribía sobre la deriva discursiva opositora, signo claro de que el antichavismo había sido incapaz de asimilar al Chávez «repolitizado» que se había lanzado a la calle dispuesto a ser interpelado por el pueblo, el Chávez «cable» entre el pueblo y el Estado, para latiguear al Estado, para interpelarlo. Frente a este Chávez, y a una velocidad impresionante, la táctica de desgaste opositora, concentrada en la crítica de la gestión de gobierno, fue perdiendo eficacia. El látigo-Chávez volvía a ubicarse en el único lugar desde el cual es concebible una revolución: por «fuera» del Estado, no sólo reclamando y recuperando el legítimo derecho a cuestionar radicalmente al Estado burgués esclerosado y corrompido, sino reivindicando esta crítica como una obligación. En medio del aguacero, el hombre había logrado encender la chispa, que fue convirtiéndose en incendio, pueblo allamarado, mientras los otrora poderosos cañones opositores disparaban cual pistolitas de agua: ¡Populista! ¡Populista!
Al grito de ¡Populista!, cual ejército que se retira de manera desordenada, prometiendo que volvería, la oposición buscaba un terreno más cómodo para reordenar su estrategia. Hacia finales de la semana pasada era evidente su esfuerzo denodado por desplazar la lucha política de la calle, donde el látigo-Chávez volvía a lucir sin rivales, al terreno de lo legal: a la denuncia de las leyes que terminarían por instaurar, vía decreto, y por enésima vez, la más oscura de las dictaduras.
Entiéndase: no se trata de subestimar la importancia de la discusión pública en torno a las leyes en discusión en la Asamblea Nacional, como ha quedado en evidencia a propósito del proyecto de reforma de la Ley Resorte, cuyo articulado sufrió significativas modificaciones a partir de la movilización que se produjo en el campo bolivariano.
Se trata de no perder de vista que la política revolucionaria se hace es en la calle, junto al pueblo. Insisto: la principal lección política de las últimas dos semanas es que la gestión de gobierno, en todas las áreas, debe estar acompañada siempre del pueblo/sujeto, no del pueblo/objeto de la asistencia del Estado paternalista. Lo mismo cabe, por supuesto, para la Asamblea Nacional: que el «pueblo legislador» no se convierta en una consigna vacía.
Pueblo/sujeto de la gestión de gobierno, repolitización de la gestión, equivale a crear las condiciones para el autogobierno popular. Repolitizar la gestión no significa hacer más eficiente al Estado burgués, sino fortalecer el poder popular. De hecho, el problema consiste precisamente en la brutal eficacia del Estado burgués: sabotea y obstaculiza, de manera permanente, el proceso de empoderamiento popular.
Consideraciones que son oportunas a propósito del anuncio que ha hecho Chávez, el lunes pasado, de convocar a una Ley Habilitante. El movimiento que tímidamente ensayaba la oposición, intentando desplazar la lucha política de la calle a lo legal, ahora adquiere mayor fuerza. Lo oposición sueña con un Chávez enmarañado en un sin fin de leyes, alejado de nuevo de la calle, «gestionalizado».
Un alentador signo de que la circunstancia de la Habilitante no significará un repliegue de la calle, sería la reconsideración de una medida como el aumento del IVA. Ahora más que nunca vale la conseja de que la economía es un asunto demasiado serio como para dejárselo a los economistas. Dicho de otra forma, éste no es momento ni lugar para los técnicos y expertos económicos, sino para la crítica de la economía política. Que el costo de la reconstrucción de lo que han arrasado tanto las lluvias como el capitalismo vernáculo, lo paguen los que más tienen, no el pueblo venezolano.
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