En las páginas interiores de la prensa que destaca en portada y a cinco columnas el «rescate bancario» español de hasta 100.000 millones de euros (con lo que el Eurogrupo ratifica la opulencia con que se tratan las quiebras bancarias: «todo el dinero público que haga falta», como dijo de Guindos cuando estalló la crisis […]
En las páginas interiores de la prensa que destaca en portada y a cinco columnas el «rescate bancario» español de hasta 100.000 millones de euros (con lo que el Eurogrupo ratifica la opulencia con que se tratan las quiebras bancarias: «todo el dinero público que haga falta», como dijo de Guindos cuando estalló la crisis de Bankia), se informa de que entre los nuevos recortes de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Madrid para cumplir con el objetivo del 1,5% de déficit -aceptado con la boca grande o con la boca chica, por todos los gobiernos autonómicos- figura la reducción del gasto en medicación oncológica del Hospital Ramón y Cajal en 9 millones de euros respecto a los 5,8 millones actuales; ese «gasto negativo» de 3,2 millones de euros muestra la irresponsabilidad con que las administraciones públicas manejan la tijera en los servicios sociales básicos; no está muy claro qué puede significar, pero no cabe duda que supondrá un grave deterioro de las condiciones de supervivencia de estos pacientes. Ya advirtió el FMI del riesgo sistémico de que la gente «viva más de lo esperado».
Todo la avalancha que está cayendo de comunicados y declaraciones de los agentes autóctonos e internacionales de este «rescate» son indecentes, patrañas destinadas a envolver en papel opaco una estafa en el sentido propio del término («cosa que el ladrón da al rufián», según una de las acepciones del Diccionario de la RAE).
Lo único cierto es que ante la imposibilidad material de intervenir a toda la economía española, se interviene «solamente» al motor de su economía, es decir, el sector financiero, a costa de un incremento gigantesco de la deuda pública, no sólo porque el Estado español es el garante de la devolución del préstamo, sino también porque los gestores de los bancos quebrados no ocultan sus criterios sobre el capital público que reciben: «No son ayudas, no hay que devolverlas», tal como afirmó el nuevo presidente de la Bankia «nacionalizada» Goirigolzarri.
Por este agujero entrarán las «condicionalidades» en serie para el sector bancario, que estará supervisado por el FMI, en nombre de la Troika, y para la economía en su conjunto, tal como afirma sin ambigüedades, aunque con un lenguaje vaporoso la resolución del Eurogrupo del 9 de junio: «El Eurogrupo señala que España ya ha aplicado unas importantes reformas fiscal y del mercado de trabajo, así como medidas para fortalecer la base de capital de los bancos españoles. El Eurogrupo confía en que España cumpla con sus compromisos respecto al déficit excesivo y a las reformas estructurales, con el fin de corregir los desequilibrios macroeconómicos en el marco del semestre. Los avances en estas áreas serán revisados estrechamente y con regularidad, en paralelo con la asistencia financiera.» Esta es la situación que Rajoy se ufana de haber dejado «resuelta» antes de irse al fútbol en Gdansk.
Así, en los próximos días y semanas, los bancos beneficiarios del regalo saldrán artificialmente de su situación de quiebra, sin que ello suponga que cumplan la función social exigible a una banca pública. Puede ser que baje la prima de riesgo, veremos cuánto y durante cuánto tiempo… Pero lo que en cualquier caso puede asegurarse es que seguirán machacando las «reformas de los viernes», como la subida del IVA, y las «reformas de las reformas» sobre las pensiones, la legislación laboral, los servicios públicos etc., que deben estar ya entre la cláusulas de la resolución del Eurogrupo que se mantienen en secreto para que el gobierno Rajoy pueda salvar la cara y ganar algún tiempo.
Más allá de la situación española, los acontecimientos de las últimas semanas muestran una crisis terminal de la Eurozona tal como la conocemos ahora, que puede agravarse a consecuencia de los resultados de las elecciones griegas del día 17. No está claro aún el contenido de los proyectos de Unión Europea a dos o más «velocidades», entre otras cosas porque sus promotores, Alemania y Holanda, en primer lugar, no tienen ni idea de cuál será la situación, especialmente de España e Italia, dentro de unos meses. Pero la etapa política en la que ya nos encontramos estará determinada para los países «periféricos», entre los cuales España, por los dilemas de ser aceptados o quedar fuera del reducido «núcleo duro del euro.» Éste será el argumento central para las nuevas vueltas de tuerca de las «reformas».
Éste es sin duda un escenario amenazador para la izquierda y es en cualquier caso extraordinariamente difícil construir en él resistencias y alternativas. Pero las dificultades se agravan por la inexistencia de un referente de oposición política, cuya ausencia pesa como una losa sobre las expectativas de la gente indignada, pese a que cada vez hay más gente más indignada.
El PSOE se está ganando a pulso el descrédito que reflejan las encuestas: es una contundente acusación de incompetencia que después de un semestre de gobierno de la derecha, Rubalcaba despierte menos confianza que Rajoy (85% de «poca o ninguna confianza» frente a 78%), obtenga más desaprobación que el propio presidente (69% frente al 63%) y haya disminuido su intención de voto en 2,8 puntos respecto al ya desastroso resultado del 20N, pese a que el PP ha bajado 7,5 puntos. Su problema no está solamente en la falta de credibilidad heredada de Zapatero. Está también en la tan absurda como acobardada «política de Estado» con la que han afrontado los conflictos políticos y sociales de estos meses, muy particularmente, los relacionados con la crisis capitalista. La negativa hasta el último momento a la constitución de una comisión de investigación parlamentaria sobre Bankia, el consenso ofrecido al gobierno en la política europea… marcan una línea coherente con la reacción de Rubalcaba ante el rescate: «El rescate a la banca no lo pueden pagar justos por pecadores y todo el dinero público que salga para los bancos tiene que volver a las arcas públicas». O sea, música celestial.
En estas condiciones, Izquierda Unida estaría llamada a asumir ese papel de referente y a desafiar a la mayoría político-electoral que mantiene el PSOE en la gente de izquierda. Pero para ello tendría que actuar en dirección contraria a la que está siguiendo en Andalucía o a la actitud despectiva hacia los movimientos sociales que exhibe el jefe de IU-Madrid Ángel Pérez cada vez que tiene un micrófono delante o al más que dudoso criterio con que ayuntamientos dirigidos por ella han acatado la política de la CAM sobre la privatización del Canal de Isabel II. Lo peor de todo es que estas políticas se están desarrollando con muy poca oposición interna, salvo honrosas excepciones que, desgraciadamente no parecen contar con una influencia significativa. Por el contrario, la dirección parece muy satisfecha y Lara afirma que IU está «en su mejor momento», probablemente pensando en que «tocan poder» en Andalucía. Si el «mejor momento» es la subalterneidad respecto al PSOE, apaga y vámonos.
En la crisis argentina de finales del 2001 se popularizó el grito de: «¡Que se vayan todos!». El desarrollo posterior de los acontecimientos, hasta el día de hoy, demuestra la enorme dificultad de hacerlo realidad. «El grito», el rechazo moral, sentimental y político de lo existente es el origen imprescindible de cualquier alternativa al capitalismo. Pero por sí sólo no la construye.
Siendo conscientes de ello, es un buen lema para la tarea que la izquierda social y política tiene ante sí gritar ahora también aquí: «¡Que se vayan todos!». Ya sabemos que sólo porque gritemos no se irán. Pero tener claro el objetivo del rechazo global al sistema político establecido, ayudaría a extender la conciencia de que sólo puede esperarse de él variantes de gestión de la dictadura de los mercados y a fortalecer la voluntad de constituir una alternativa que rompa con ella. Después de la estafa del «rescate» hay, al menos, 100.000 millones de razones para hacer ese camino.
Miguel Romero es editor de VIENTO SUR