El 7 de julio miles de convenios colectivos dejaron de estar en vigor y varios millones de trabajadores y trabajadoras pueden ver retroceder sus derechos laborales de una manera dramática. Los convenios colectivos reflejan la tradición de lucha en una empresa o sector. Cristalizan legalmente los resultados de las batallas laborales contra los jefes, las […]
El 7 de julio miles de convenios colectivos dejaron de estar en vigor y varios millones de trabajadores y trabajadoras pueden ver retroceder sus derechos laborales de una manera dramática. Los convenios colectivos reflejan la tradición de lucha en una empresa o sector. Cristalizan legalmente los resultados de las batallas laborales contra los jefes, las victorias conseguidas por las plantillas a lo largo de los años, pero también materializan las derrotas y las concesiones de los dirigentes sindicales frente a la patronal y la dirección de las empresas.
La Reforma Laboral que el PP puso en marcha el 7 de julio de 2012 estableció que en el período de un año aquellos convenios colectivos que no fueran renovados a través de la negociación entre patronal y sindicatos serían derogados. Terminaban así con el mecanismo por el cual cuando un convenio colectivo no se renovaba por falta de acuerdo, éste se prorrogaba indefinidamente hasta llegar a un nuevo acuerdo («ultraactividad» de los convenios). Así, se estima que alrededor de 1.500 convenios se extinguirán entre el 7 de julio y principios de año, afectando a cerca de tres millones de personas. Las empresas donde los convenios colectivos dejarán de estar en vigor pasarán a estar regidas por el convenio de ámbito superior (normalmente con peores condiciones) o directamente por el Estatuto de los Trabajadores.
Esta medida es un ataque definitivo contra la negociación colectiva y el sindicalismo. Ante la no necesidad de negociar convenios por parte de la dirección de las empresas (pues el resultado de no negociar siempre les beneficiará) el sindicalismo, en sentido institucional, pierde su razón de ser. Esto supondrá un duro golpe para la estructura burocrática de los grandes sindicatos, pero también un retroceso general para la conquista y defensa de derechos laborales por parte del conjunto de la clase trabajadora.
Desde 2009, con el inicio de los efectos devastadores de la crisis, el número de convenios colectivos ha ido descendiendo. La tendencia creciente del número de convenios (y por tanto también de empresas y personas regidas por estos) alcanzó un techo en torno a los 6.000 convenios colectivos en 2008 y hoy se encuentra ligeramente por encima de los 2.000. El número de personas protegidas por convenios colectivos estaba en 2008 por encima de los doce millones, mientras que hoy ha bajado a menos de la mitad. Esto implica que la pérdida de convenios colectivos a partir del 7 de julio afectará al núcleo de personas trabajadoras públicas y privadas con mejores condiciones de todo el mercado laboral, y muchas de sus condiciones serán equiparadas a la baja con aquellos sectores laborales que no tienen protección por convenio colectivo.
Hasta el 2009 las estadísticas de huelga muestran que la mayoría de éstas se producen en el marco de la negociación de los convenios, para impulsar la negociación, desbloquearla o presionar a los jefes para que cedieran en ciertas demandas. Esto quiere decir que la negociación colectiva es uno de los principales, si no el principal, foco de conflictividad laboral.
Sin embargo, todo apunta a que la dirección de los grandes sindicatos no estará a la altura, una vez más, de la batalla de clase que los empresarios y el gobierno están planteando. Más de tres millones de trabajadores y trabajadoras (posiblemente las personas más organizadas de toda la clase trabajadora del Estado) se encontrarán con un retroceso de derechos laborales histórico de golpe, y se liquidarán las conquistas cristalizadas de años y años de lucha en el marco de la empresa. Podría ser el momento, si las burocracias sindicales quisieran, de lanzar una nueva ofensiva articulada a nivel estatal, en defensa de los convenios colectivos. Sin embargo, hasta ahora los sindicatos sólo están orando al gobierno y a los jefes en la mesa de negociación y gritando tímidamente en manifestaciones simbólicas que no podrán revertir la entrada en vigor de esta medida. Este retroceso en los convenios puede conllevar una explosión de conflictividad laboral que debería ser coordinada para que no se disperse y sus resultados positivos, de conseguirlo, sean generalizados al máximo nivel. Es esta la tarea a la que nos enfrentamos desde el sindicalismo combativo y la izquierda anticapitalista.
Miguel Sanz (@msa980) es militante de En lucha / En lluita
Artículo publicado en el Periódico En lucha / Diari En lluita