De acuerdo con el Sr. De la Herrán, actual Director general de la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE), participada en más de 50% por el Estado, «mi negocio es reducir la siniestralidad de mis clientes. Si no acertamos, nos cale carísimo porque pagamos una indemnización gigantesca» (El País, 2 de […]
De acuerdo con el Sr. De la Herrán, actual Director general de la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE), participada en más de 50% por el Estado, «mi negocio es reducir la siniestralidad de mis clientes. Si no acertamos, nos cale carísimo porque pagamos una indemnización gigantesca» (El País, 2 de mayo de 2010). Alega además que el «partido» que CESCE le ha sacado a la crisis se ubica en que la compañía ha tenido que introducir mejoras en su sistema para evitar los impagos. No podemos sino demostrar nuestro malestar con estas afirmaciones. En primer lugar, recordemos que cuando CESCE actúa por cuenta del Estado, asegura operaciones que generan deuda pública en terceros países cuando la operación comercial resulta fallida. En este caso, CESCE no pierde, sino que reclama la deuda generada por el impago al país donde se realizó la exportación. En el caso de los países del Sur, son las poblaciones locales quienes terminan por asumir los costes de estas operaciones fallidas. No debemos olvidar que en 2009, el 40% de la deuda externa que los países más empobrecidos debían al Estado español ha sido generada por CESCE. Entre estos países se encuentran, por ejemplo, Cuba (1.684 millones de Euros), la República del Congo (201 M€), Iraq (100 M€) o Angola (87 M€). Bien conocidos son los gravísimos impactos que genera la deuda externa en estos países, a nivel económico y social. En segundo lugar, hubiéramos celebrado que CESCE le sacara mejor «partido» a la crisis, pero no únicamente desde una lógica de «racionalidad económica» como afirma su Director, sino también desde la lógica del respeto de los derechos humanos y del medio ambiente. CESCE padece de graves deficiencias a la hora de garantizar que la internacionalización de la empresa española no produzca impactos ambientales o sociales indeseados en los países del Sur. De hecho, próximamente el Tribunal Permanente de los Pueblos juzgará en Madrid (del 14 al 18 de mayo) tanto a un número importante de empresas españolas y europeas por los impactos en el Sur, como a los gobiernos europeos por su complicidad, por los daños generados en América Latina. Cuando se trata de fondos públicos, hay mínimos que podemos exigir, tal como lo afirma la Campaña «¿Quién debe a quién?», la cual reclama que se auditen las deudas generadas por CESCE, a fin de conocer la legitimidad de su cobro. Estas auditorías serían el mejor árbitro de este «partido» para que no siempre ganen los mismos.
rCR