El diseño y producción de bienes a través de prácticas como la obsolescencia programada ha llevado a que el 70% de los móviles más vendidos sean imposibles de arreglar y que un 44% de los dispositivos electrónicos rotos en Europa no sean reparados nunca
R. GREEN FUND
A Marcos, su impresora le acaba de avisar de que una de las piezas falla. Al intentar repararla, se encuentra con que en todos los establecimientos le recomiendan comprar una impresora nueva. Marcos, como buen consumidor cabezota, investiga y descubre que el fallo ha sido provocado por un microchip especialmente diseñado para mostrar un mensaje de error tras un número concreto de impresiones. ¿Le suena la historia? Es el principio del famoso documental de Cosima Dannoritzer Comprar, tirar, comprar, que puso a muchos por primera vez frente a una práctica empresarial que no se había parado a considerar hasta ese momento: la obsolescencia programada o, más concretamente, la producción intencionada de bienes y servicios con ciclos de vida cortos con el fin de estimular a los consumidores a repetir la compra de manera frecuente.
Desde el estreno del documental hasta hoy, el diseño y fabricación de electrodomésticos y productos tecnológicos ha llegado a un punto en el que, por ejemplo, el 70% de los dispositivos móviles más vendidos son difíciles o imposibles de reparar, de acuerdo con un estudio elaborado por Greenpeace. Y según los datos recogidos por el Parlamento Europeo, un 44% de los dispositivos eléctricos y electrónicos rotos en Europa no llegan a ser reparados nunca.
Ante este panorama de fabricación y reemplazo masivo de productos, que dispara los beneficios a corto plazo de las empresas, pareciera casi una utopía que los consumidores pudiesen oponerse a esta práctica con garantías de éxito. Sin embargo, en los últimos meses, la movilización de asociaciones y colectivos afectados por la obsolescencia planificada ha originado las primeras denuncias contra multinacionales tecnológicas.
Los pioneros en emprender acciones legales han sido los miembros de la asociación HOP – Haute a l’obsolescence programmée (Alto a la obsolescencia programada). Lo hacen amparándose en la Ley de Energía de Transición, aprobada en Francia en 2015. Es el único país europeo que clasifica como delito la obsolescencia programada, estableciendo penas de hasta dos años de prisión y multas de hasta 300.000 euros, además de sanciones que pueden llegar al 5% de la media de ingresos anuales de la compañía afectada durante los últimos tres años.
Partiendo de esta legislación, HOP interpuso una denuncia en septiembre de 2017 contra los fabricantes de impresoras HP, Canon, Brother, y en particular Epson, por «reducir deliberadamente la duración de la vida de las impresoras y los cartuchos». Según los estudios realizados por la asociación, las impresoras indican el fin de la vida útil de las almohadillas cuando aún no se han desgastado, además de que impiden seguir imprimiendo por falta de tinta antes de que los cartuchos estén completamente vacíos. Por ejemplo, en dicho estudio se demostró que el modelo de impresora Epson 9900 dejaba de imprimir cuando aún quedaba un 20% de tinta en los cartuchos.
Y no solo eso, HOP también denuncia que el precio de los cartuchos ha aumentado hasta los 2.062€/litro (el doble que el perfume Chanel Nº5) y que los fabricantes continúan cambiando su diseño para que no se puedan utilizar cartuchos genéricos, más baratos y fabricados por la competencia.
Finalmente, la fiscalía de Nanterre ha abierto la primera investigación por obsolescencia programada en Francia contra la compañía japonesa Epson; todo un éxito para una asociación ciudadana. Pero los activistas de HOP no se quedan ahí. Ahora es a Apple a quien tienen en el punto de mira. La multinacional tecnológica ha admitido, tras la acusación del blog Geekbench, que ralentiza deliberadamente el rendimiento de los modelos más antiguos de iPhone con el fin, según la compañía, de mejorar la gestión de la energía.
Según Laetitia Vasseur, cofundadora y delegada general de HOP, «todo está orquestado para obligar a los consumidores a renovar sus teléfonos, a un precio de más de 1.200 euros, superior al salario mínimo interprofesional francés.»
En España, FACUA – Consumidores en Acción también se ha movilizado contra la multinacional, a la que ha denunciado frente a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea por incumplir la Directiva 2011/83/UE por «reducir de forma consciente y deliberada el rendimiento de los procesadores más antiguos de sus terminales», tal y como consta en la denuncia. Esta actuación se une a una denuncia previa ante la Fiscalía española por delitos contra los consumidores y por sabotaje informático.
A Francia y España se ha unido Italia, cuya Organización de Defensa de la Competencia ha abierto sendas investigaciones a Apple y Samsung por la sospecha de que estén induciendo a los consumidores a adquirir nuevas versiones de sus productos debido a la ralentización premeditada de los dispositivos.
Europa no termina de ‘ponerse las pilas’
La preocupación por la durabilidad de los productos también ha llegado a la Unión Europea. Pero los expertos temen que se quede en agua de borrajas. Pascal Durand, eurodiputado por el grupo de los Verdes e impulsor de la lucha contra la obsolescencia programada, afirma que «algunos productores como iPhone buscan maneras de empujar a la renovación de los productos en exceso», y alerta de la necesidad de que la Unión Europea legisle.
En este sentido, en julio de 2016, el Comité del Mercado Interior y la Protección del Consumidor publicó un estudio sobre el beneficio que un mayor ciclo de vida de los productos tiene para consumidores y compañías, según el cual un aumento del 1% en el valor añadido por actividades económicas relacionadas con una mayor durabilidad de los productos, como la reparación, supondría un crecimiento económico para Europa de 7.900 millones de euros.
A raíz de este estudio, el Parlamento Europeo aprobó en julio del pasado año por 662 votos a favor y 32 en contra una resolución dirigida a la Comisión Europea para la adopción de medidas que luchen contra la obsolescencia programada. Medidas como el establecimiento de criterios mínimos de resistencia, que la garantía se extienda al tiempo de reparación en caso de que la reparación lleve más de un mes, incentivos a los estados miembros para impulsar las reparaciones y venta de segunda mano, o que partes como baterías y componentes esenciales no vayan incrustados en los productos.
«El plan contempla 7 acciones transversales», comenta Pascal Durand. «Productos con un diseño sostenible, reparación de productos, nuevos modelos económicos, más y mejor información para el consumidor, prohibición de la obsolescencia programada, refuerzo de los derechos y garantías legales de los consumidores y circunscripción de actualizaciones y obsolescencia de software.»
No obstante, a pesar de la iniciativa del Parlamento Europeo, Durand denuncia que «la Comisión todavía no ha trabajado en un texto legislativo que responda a las expectativas legítimas de los ciudadanos respecto al ciclo de vida de los productos, y ha pasado más de medio año. Es incomprensible que la obsolescencia programada no haya sido incluida en los planes de economía circular. Cuando le pregunté sobre este tema a la Comisaria de Mercado Interno Elżbieta Bieńkowska en 2014, me dijo que era la primera vez que oía hablar del concepto de obsolescencia programada. Este problema no ha sido tratado en Europa por el momento, simple y llanamente».
En caso de que estas recomendaciones terminen generando legislación, la Unión Europea asegura que crearían nuevos puestos de trabajo en el sector de la reparación. Según sus estudios, miles de empleos relacionados con la reparación electrónica se han perdido en Europa, en parte por la dificultad que encuentran los establecimientos a la hora de encontrar piezas de recambio. En Polonia, por ejemplo, un 16% de puestos de trabajo en este sector se han perdido durante los últimos dos años.
El negocio detrás del fallo
Según datos de Greenpeace, en 2015 más de 3.000 millones de personas tenían un smartphone, y se estima que en 2020 la cifra ascenderá a más de 6.000 millones, más del 70% de la población global. Los beneficios para los fabricantes parecen asegurados, aún más teniendo en cuenta que la vida útil media de los teléfonos inteligentes es de poco más de dos años, y que el ciudadano europeo cambia de teléfono cada 18 meses, de acuerdo a la Comisión Europea. Por ejemplo, el Samsung Galaxy 8 es considerado uno de los teléfonos más frágiles del mercado por su revestimiento de vidrio.
El interés en el ‘fallo programado’ de las compañías bajo sospecha se evidencia en los datos financieros. Por ejemplo, los ingresos de EPSON procedentes de la venta de equipos de impresión supusieron el 67% del total de ingresos en el ejercicio 2017, lo que muestra lo esencial de este segmento de producto para la salud financiera de la multinacional. En su informe anual de 2017, la compañía destaca que «un descenso en los ingresos por impresoras y suministros de impresión podría tener un efecto materialmente adverso en los resultados operativos».
En su informe anual de 2017, Apple recoge que la competitividad y el éxito de la compañía dependen de la introducción frecuente de nuevos productos y actualizaciones. El informe estipula textualmente que «la compañía debe introducir continuamente nuevos productos, servicios y tecnologías, mejorar los productos y servicios existentes, y estimular de manera efectiva la demanda del consumidor para productos nuevos o actualizados.»
El peso del iPhone en los resultados económicos de la compañía es evidente, suponiendo las ventas de este producto en 2017 el 61,7% de las ventas totales. De ahí que el lanzamiento constante de nuevos dispositivos esté justificado a ojos de la multinacional. Desde el nacimiento del primer iPhone en 2007, Apple ha lanzado un nuevo modelo por año hasta 2013, cuando empezó a sacar al mercado dos nuevos iPhone anualmente.
Un consumidor insatisfecho que requiere un cambio de modelo
Tras muchos quebraderos de cabeza, Marcos consiguió reparar su impresora. Pero, ¿qué prejuicios supone esta práctica para los consumidores que no sepan o puedan hacerle frente?
«La obsolescencia programada es antisocial», apunta Sauvage. «Los hogares menos favorecidos no se pueden permitir comprar bienes de buena calidad y duraderos, por lo que se ven obligados a adquirir productos baratos que deben renovar a menudo. Esto les supone una pérdida de poder adquisitivo a largo plazo. El pobre acaba pagando más que el rico».
En definitiva, un consumidor insatisfecho, frustrado y alienado.
La lucha contra la obsolescencia programada no solo implica una reducción en la producción y en la generación de residuos, sino todo un cambio de modelo económico.
Por ello, la iniciativa impulsada por el Parlamento Europeo se acerca al problema desde una perspectiva diferente a la judicial. «No estoy a favor de tratar el asunto mediante los juzgados», señala Pascal Durand. «Por eso, el análisis aprobado por el Parlamento lucha contra la obsolescencia programada teniendo en cuenta todos sus aspectos, especialmente estimulando a la industria, pero también a consumidores y autoridades públicas, a cambiar los métodos de producción y consumo.»
Desde FACUA subrayan la necesidad de que los grupos políticos se movilicen para tipificar la obsolescencia programada como delito en España ya que, a día de hoy, «las denuncias tienen que referirse a otro tipo de delito, como comportamiento anticompetitivo o falta de información al consumidor». Miguel Ángel Serrano, portavoz de la organización, afirma que otra posible solución sería «ampliar el plazo legal de garantía de este tipo de productos, que ahora en España es de dos años. Un plazo más amplio supondría que los fabricantes tendrían que asegurar el buen funcionamiento del producto durante más tiempo, por lo que se verían obligados a vender una mayor calidad y durabilidad».
Queda, por tanto, un largo camino por recorrer en la defensa de los derechos del consumidor frente al culto a lo desechable. Esperamos que los ordenadores nos duren lo suficiente como para seguir contándolo.