El régimen Bolsonaro pretende amordazar el periodista Glenn Greenwald usando tácticas muy parecidas a las que Estados Unidos ha empleado contra Julian Assange, de WikiLeaks. Lo quieren acusar de crímenes «cibernéticos» por -presuntamente- colaborar con quienes hackearon los sistemas de mensajería del tramposo Juez Moro y los fiscales con los que coordinó el encarcelamiento del […]
«Lawfare»
Corría junio del 2019 cuando The Intercept Brasil, el medio dirigido por Greenwald, dio a conocer al mundo las comunicaciones privadas entre el Juez Sergio Moro y el equipo de fiscales a cargo de acusar al expresidente Luis Ignacio «Lula» da Silva. Los mensajes de chat filtrados pusieron al descubierto que Moro no solo coordinaba con el equipo de fiscales, sino que los dirigía en sus pesquisas y hasta le sugería filtraciones a la prensa. Ellos debían probarle a él que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) había incurrido en actos de corrupción relacionados a Petrobras.
El encarcelamiento del socialista, en plena carrera electoral de 2018, le impidió competir por la presidencia de su país siendo el claro favorito, factor que le allanó el camino al ultraderechista Jair Bolsonaro, sirviéndole la victoria en bandeja. En un claro quid pro quo, el nuevo presidente nombraría a Moro ministro de justicia.
Así fue como la derecha brasileña se libró, luego de 15 años de gobierno del PT, de una de las figuras políticas más populares de los últimos tiempos, quien además sacó a decenas de millones de sus compatriotas de la pobreza.
Lo que no pudieron lograr en las urnas, sí lo consiguió el «lawfare», el uso político del sistema judicial que ya había conseguido destituir a Dilma Rousseff, la sucesora de Lula, una de las pocas figuras no manchadas por la extendida corrupción política de su país. En los últimos años, cuanto izquierdista gobernó en Latinoamérica fue posteriormente empapelado. Detrás de bambalinas se esconde un elefante difícil de ocultar: el departamento de Justicia de Estados Unidos, colaborador cercano del Juez Moro. El golpe de Estado contra Manuel Zelaya, de Honduras, ocurrido en 2009, así como el efectuado contra Evo Morales, en 2019, sacaron a populares líderes de izquierda y vieron el ascenso al poder de políticos impopulares -como Janine Añez-, completamente negados en las urnas. En ambos casos subió al poder una derecha retrógrada, cavernaria; en el caso de Honduras, además, una profundamente involucrada en narcotráfico.
«Vaza Jato»
Antes de destapar esta trama de corrupción, el abogado y periodista que dirige The Intercept ya había cubierto el caso de Edward Snowden, el exagente de inteligencia norteamericano convertido en «whistleblower» que hace algunos años filtró información sobre los programas secretos de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, más conocida por sus siglas: la NSA. Desde los ataques terroristas de 2001, esta oscura agencia tiene permiso para espiar a sus ciudadanos -y a quien le plazca- sin necesidad de andar tramitando esa sandez que los cojudos llaman «orden judicial».
Greenwald, pues, es un ducho abogado, además de experimentado periodista, y la acusación de colaboración con los hackers, que la justicia de Moro le quiere endilgar, no se sostiene. Incluso si hubiera prestado consejo o asistencia a los hackers en el manejo de la información filtrada, eso es una práctica inevitable en el manejo de fuentes delicadas, como explicó el año pasado el famoso «whistleblower» de los «Pentagon Papers», Daniel Ellsberg, con respecto a la persecución de WikiLeaks. Greenwald aseguró, además, no haber dirigido en ningún momento la sustracción de los datos.
Qué duda podría caber, por otro lado, del interés público y el derecho de los brasileños y el mundo de enterarse de las trampas con las que se sacó de carrera a un político incomodísimo para el poder. Lula, salido de los sindicatos de trabajadores, terminó su mandato presidencial con un apabullante e inaudito 85% de aprobación. Nada a lo que la rancia derecha brasilera pueda aspirar.
En un reciente artículo, The Intercept Brasil explicó que los cargos hechos por el Ministerio Público Federal son «estrictamente los mismos que ya habían sido analizados por la policía» el año pasado, cuando el medio destapó el entuerto (21/01/20). Entonces, la policía brasileña no pudo encontrar ninguna conducta criminal.
Vaza Jato, como se bautizaron las filtraciones cubiertas por Greenwald y su equipo, en colaboración con Folha de Sao Paulo, revelaron, entre otras cosas, que Moro dirigió las delaciones premiadas de Leo Pinheiro, dueño de la constructora OAS, quien en un principio no habría involucrado a Lula en sus declaraciones. Pinheiro sería la clave de su encarcelamiento, pues aseguró haber sobornado al expresidente petista con un lujoso departamento en la playa.
Bolsonaro y su ocupado régimen
The Intercept Brasil ha sido un duro antagonista del ultraderechista, cubriendo, entre otros asuntos, el presunto involucramiento de su familia en el asesinato de la política y activista negra Marielle Franco -una «hija de la favela», como ella misma se definía-, asesinada de tres balazos el 14 de marzo de 2018. Las investigaciones apuntaron a un aparato de represión integrado por milicias y paramilitares, del cual forman parte operadores vinculados a la familia Bolsonaro.
A fines del año pasado, su gobierno colaboró en la «Operación Trilogía», una fallida incursión militar contra Venezuela llevada a cabo el último 22 de diciembre. Como informó Rede Globo (30/12/19), la incursión estaba planeada para producirse desde 3 frentes, uno en Colombia, otro en Brasil y el último en algún punto marítimo cerca de las costas venezolanas. Durante la fallida incursión, que finalmente solo se realizó desde el frente brasileño, varios disidentes venezolanos y algunos integrantes de la etnia pemón lograron robar una centena de fusiles y otras armas de una base militar. Algunos disidentes fueron capturados por el ejército bolivariano de Venezuela y otros lograron huir a Brasil, donde obtuvieron la protección del régimen Bolsonaro.
Globo informó al respecto haciendo eco de fuentes presuntamente militares y gubernamentales. Debemos tomar nota de lo que ellas advirtieron: la incursión sería parte de un esfuerzo conjunto de varios países vecinos; los fusiles se habrían sustraído con la finalidad de construir «una fuerza superior», que actuaría en «futuras operaciones» militares contra Venezuela.
Debemos tener en claro que este tipo de operaciones no son nuevas en Latinoamérica y que no beneficiarán al «pueblo» venezolano, como tiende a asegurar la prensa corporativa siguiendo el discurso del establishment norteamericano. La motivación detrás es puramente política. Si no fuera así, las fuerzas «democráticas» coordinadas desde el norte y el Grupo de Lima ya habrían apuntado sus intentos de cambio de régimen hacia Colombia, donde durante años el gobierno Uribe asesinó a miles de civiles para disfrazarlos de guerrilleros y simular que se estaba ganando la guerra interna. Esa atrocidad contó con la colaboración de casi todos los estamentos militares colombianos y permanece, en gran medida, impune, pues los más altos responsables del ejército, lejos de pisar una celda, recibieron ascensos.
Human Rights Watch ha señalado que las políticas de seguridad de Iván Duque, sucesor de Uribe, presentan claros incentivos para un regreso de los falsos positivos (08/07/19). Además, en lo que va del año ya han sido asesinados una veintena de líderes sociales, un recrudecimiento de la violencia que ha sacado a los colombianos a las calles en señal en protesta.
Con gran descaro, este violento régimen criminal, protegido por Estados Unidos, pretende «liberar» Venezuela con la ayuda del ultraderechista Bolsonaro, un fanático de la tortura. Estos orates solo podrían empeorar considerablemente la situación de Venezuela y cualquier interés genuino por su gente escapa a sus capacidades.
Avanza la criminalización del periodismo
Tenemos derecho a conocer los crímenes de nuestros políticos. Los métodos por los cuales un periodista es capaz de sacar información como la referente a las tramposas operaciones políticas del juez Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, servidores públicos, deben ser protegidas en aras de la transparencia. En su lugar, los periodistas que sí encaran al poder y destapan sus cochinadas están siendo acusados de pertenecer a «organizaciones criminales» o «agencias de espionaje», como pretenden hacer con Greenwald y como ya han logrado con Assange, respectivamente.
Para llevar a Assange al calabozo, la colaboración de la prensa corporativa fue absolutamente indispensable. Ahí está The Guardian, el diario británico que sistemáticamente embarró su reputación con engaños, como cuando aseguró que un operador de Donald Trump llamado Paul Manafort visitó al australiano en la embajada ecuatoriana en Londres, una invención descarada para la que jamás presento evidencias. Su reportaje basura fue repetido por el resto de la prensa corporativa mundial, que no verifica la información cuando proviene de los medios santificados por el establishment.
En otros desenlaces alarmantes, el asesinato del iraní Soleimani provocó que Instagram censurara las cuentas de periodistas, activistas y políticos iraníes y, en general, de cualquiera que mostrara su simpatía hacia el líder ilegalmente asesinado. La sombra de una distopía nos acecha.