Los promotores de la querella la amplían ante la parálisis de la Fiscalía y piden que se congelen las cuentas de las calificadoras
Los promotores de la querella española contra las tres grandes agencias de rating -Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, que acaparan más del 90% de la cuota de mercado mundial- tienen previsto presentar hoy en la Audiencia Nacional un escrito para ampliarla e incorporar la cadena de actuaciones de los últimos meses que, a juicio de los querellantes, refuerzan su caso.
La ampliación incluye la demanda de varias diligencias. Entre ellas, la toma de declaración a los autores de los informes sobre España y a las personas que deciden el momento en que estos se difunden, uno de los aspectos más controvertidos y que más ha indignado a las autoridades españolas y europeas. También pedirán «el bloqueo cautelar» de las cuentas bancarias de las tres grandes agencias «a la vista del posible perjuicio que están generando y con el fin de hacer frente a una posible responsabilidad civil».
La querella, coordinada por los abogados Gonzalo Boye, Jaume Asens y Enrique Santiago y a la que se han sumado siete organizaciones, se presentó el 25 de febrero. El juez Ismael Moreno abrió en seguida diligencias previas y pidió a la Fiscalía que se pronunciara, pero 141 días después todavía no lo ha hecho.
El letargo contrasta, por ejemplo, con la evolución de una querella análoga presentada en Portugal inspirada en la española. En el país vecino se presentó en abril, y la Fiscalía ya se pronunció en mayo a favor de la investigación. No sólo eso: hace dos semanas divulgó que la consideraba «prioritaria».
Fuentes jurídicas explican que el fiscal Alejandro Luzón, adscrito a Anticorrupción, ultima su informe al respecto y podría entregarlo esta misma semana. Tras varios meses de parálisis, el dossier recayó en Luzón, que encargó un estudio técnico y se ha dedicado en los últimos 15 días a este caso de forma prioritaria.
El largo impasse en la Fiscalía contrasta con el vigor que expresó públicamente el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, en mayo de 2010, tras la sucesión de ataques especulativos contra España. Entonces, Conde-Pumpido se mostró partidario, durante una conferencia, de «investigar y combatir la criminalidad económica derivada de los ataques especulativos contra la moneda europea».
La ampliación de la querella que se presentará hoy ronda los 50 folios, que se suman a los 60 del primer escrito. Y se inicia precisamente con el recordatorio de que el juez pidió a la Fiscalía que se pronunciara el pasado 28 de febrero, pese a lo cual no ha habido ninguna reacción por parte del Ministerio Público, más allá de solicitar traducciones.
«Transcurridos más de cuatro meses y medio sin que dicho Ministerio se haya pronunciado, entendemos que no resulta necesario ni aconsejable continuar esperándole habida cuenta de que existe una constante producción de hechos públicos y notorios, incardinables en la reiteración delictiva», escriben los querellantes.
Pulso en toda la UE
Las agencias de calificación están en el centro de la polémica en toda la UE por los «conflictos de intereses» denunciados por las instituciones más ortodoxas, incluido el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entre muchas otras. Pero pese a la sucesión de declaraciones de indignación, la UE y los países afectados han actuado con extrema cautela ante el enorme poder de estas agencias, que califican la calidad y el riesgo de los productos financieros y tienen, por tanto, un papel clave a la hora de facilitar o entorpecer que los gobiernos puedan financiarse en los mercados a precios razonables.
El 31 de marzo, con la querella en España ya presentada y en pleno conflicto entre las agencias y la Comisión Europea por las rebajas de Grecia y Portugal que agravaban la situación de ambos países, las calificadoras lanzaron una advertencia a través de Reuters, que citaba a «fuentes del sector»: «Las agencias de calificación han advertido a la Comisión de que podrían dejar de calificar a los países más expuestos si sigue adelante con sus planes de hacerlas legalmente responsables de rebajas erróneas».
Hace meses que la UE discute la creación de una agencia pública europea que rompa el oligopolio privado de matriz estadounidense, pero no ha dado ningún paso concreto al respecto. Y todos los expertos coinciden en que, mientras tanto, un país que dejara de ser calificado se vería abocado a la quiebra ipso facto.
En este tira y afloja, cada nueva calificación tiene el potencial de convertirse además en un arma formidable de negociación en favor de las agencias. Portugal es el último ejemplo: este es el país que, por ahora, se ha atrevido a ir más lejos en su desafío al considerar la Fiscalía que la investigación de la querella es «prioritaria» y encabezar el propio presidente de la República, el conservador Aníbal Cavaco Silva, las expresiones de repudio contra las agencias. Y la reciente rebaja de la calificación de este país -Moody’s degradó cuatro escalones su deuda y la dejó en bono basura- es la que más sorpresa causó entre los expertos y las autoridades de la UE.
Como subrayó el Gobierno portugués tras la rebaja, el 5 de julio, Moody’s ni siquiera había tenido en cuenta en su análisis el paquete de medidas de choque del nuevo Gobierno, que incluye decisiones tan drásticas como un impuesto del 50% de la paga extra de navidades.
Accionistas beneficiados
Ante la parálisis institucional, los promotores de la querella en España, que representa a partidos políticos (IU, ICV, ERC) y redes ciudadanas (como Attac y el Observatorio DESC, entre otras), han tomado la iniciativa con la ampliación de la querella, que aportará ejemplos del resto de países asediados de la UE para intentar demostrar que las agencias siguen un mismo patrón con el objetivo de «hundir la deuda soberana en beneficio de terceros», ya sean clientes de las agencias o accionistas. Fondos que se benefician del mayor interés que deben pagar los gobiernos, como Capital Group, BlackRock y Vanguard, son a la vez accionistas de las grandes agencias.
La ampliación incorpora un reciente informe del Banco Central Europeo -elaborado en junio, con posterioridad a la presentación inicial de la querella- que demuestra que una rebaja en la calificación implica siempre un sobrecoste automático para financiarse en los mercados.
El nuevo escrito incluye la polémica degradación de España del 10 de marzo: Moody’s reventó una importante comparecencia, prevista con anterioridad, del gobernador del Banco de España, que cifró en 15.000 millones las necesidades del sistema financiero español, degradando sólo unas horas antes a España y cuantificando las necesidades de su sistema financiero en una horquilla de entre 50.000 y 120.000 millones, sin esperar a conocer los datos oficiales.
Las tres agencias han declinado comentar su posición ante la querella española. Un portavoz de Fitch en Londres afirmó que están «siguiendo muy de cerca los acontecimientos».
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Tres ejemplos del posible «conflicto de intereses»
Standard & Poor’s, 28 de abril de 2010
Tres minutos antes de cerrar la Bolsa
El anuncio de la rebaja a España aceleró la caída de los mercados
En un momento tan crítico como el 28 de abril de 2010 -dos semanas después, la UE emprendería el pacto de ajuste para rescatar Grecia e intentar calmar a los mercados-, Standard & Poor’s rebajó la calificación de España y divulgó la noticia tres minutos antes del cierre de la Bolsa, lo que aceleró la caída de la jornada, según describe la querella.
El escrito recuerda que ese día España lideró la caída bursátil de toda la UE (se dejó el 2,99%), acelerada en los últimos minutos, y pide que se investigue por qué S&P decidió difundir su informe en ese preciso momento.Entre los accionistas de la agencia están fondos estadounidenses como Vanguard, Capital Group y BlackRock, algunos de ellos especialistas en apuestas a la baja, que generan ganancias cuando cae la Bolsa. «Debe aclararse si los beneficiados de dicha situación eran o no clientes de S&P», reza la querella.
Fitch Ratings, 28 de enero de 2011
Aviso sobre la dación en pago
«Esperamos que la apelación del prestamista anule la sentencia»
Tras la pionera sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, que ratificaba un fallo en favor de la dación en pago (que la entrega del piso salde la deuda), Fitch emitió una nota de advertencia: «Fitch espera que la apelación del prestamista anule la sentencia inicial. Sin embargo, si la apelación fracasa, daría lugar a un importante precedente material que potencialmente forzaría a revisar sus actuales valoraciones del mercado».
El prestamista aludido era un banco y las entidades financieras son los principales clientes de las agencias. Además, el accionista de referencia de Fitch, Fimalac, tiene una división inmobiliaria, y Credit Mutuel, que se sienta en el consejo de la agencia, controla el 5% del Banco Popular. Dos semanas después de la nota de Fitch, la patronal bancaria remitió una carta al Gobierno advirtiendo del peligro de la dación en pago esgrimiendo precisamente la nota de Fitch.
Moody’s, 10 de marzo de 2011
Torpedo contra el gobernador
Reventó una cita del Banco de España clave para las cajas
Para el 10 de marzo de 2011 estaba convocada una comparecencia en el Banco de España, clave para las cajas de ahorro, para ofrecer una estimación de las necesidades del sector financiero. Horas antes, sin esperar a los datos oficiales, Moody’s rebajó la calificación de España al considerar que las necesidades del sector financiero ascendían a 50.000 millones, cifra que elevaba hasta 120.000 millones en caso extremo.
La estimación del Banco de España fue de 15.000 millones. Pero la nota previa de Moody’s reventó la comparecencia y aceleró la carrera de las cajas a la búsqueda de financiación, un proceso que, al ser cada vez más desesperado, abarata el precio para los potenciales compradores. Capital Group y Black-Rock, que han mostrado interés en comprar acciones de cajas privatizadas, son accionistas de Moody’s.
Fuente:
http://www.publico.es/dinero/
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