Estamos ante una recesión de carácter sistémico cuya gestión exige no cometer errores semejantes a los cometidos con la Gran Recesión que impidieron reactivar la economía, propiciaron el aumento de las desigualdades de renta, en particular, las de género e infligieron dolor y desazón a millones de personas.
Sin embargo, están apareciendo ya voces que empiezan a poner el acento en la necesidad de frenar el gasto público al tiempo que exigen un recorte de los impuestos para estimular la economía. Debemos evitar a toda costa volver a caer en una política de austeridad prematura que dificulte la recuperación o que incluso la condene por un tiempo socialmente inasumible.
I- La economía se está desestabilizando.
A medida que se van conociendo los datos, se constata que la contracción económica provocada en España por la pandemia ha sido la mayor de Europa. Las previsiones de todos los organismos se revisan a la baja. Los resultados del tercer trimestre de este año serán peores de lo previsto. Importantes sectores de actividad no podrán recuperarse hasta bien entrado el próximo ejercicio en el mejor de los casos. Las perspectivas del cuarto trimestre no son buenas y se pueden ver agravadas por dos hechos: la rápida reducción de las medidas compensatorias adoptadas al comienzo de la crisis y el inicio de una fuerte caída del empleo, que hasta ahora había sido parcialmente contenida.
Por otra parte, la nueva extensión de los contagios en amplias zonas del país está provocando importantes trastornos a la actividad económica que se está viendo arrastrada también hacia la depresión por la caída de las expectativas. La inflación lleva ya cinco meses en tasas negativas. No hay economía con pandemia. La economía se está desestabilizando.
Las inversiones en políticas de recuperación no sirven para la reactivación porque sus efectos solo serán visibles a medio y largo plazo. Es la política económica nacional la que tiene que hacer frente a la situación. El esperado rebote, en las actuales condiciones, puede retrasarse, ser más débil y parcial de lo deseable y dificultar de manera grave la recuperación económica en los plazos deseables.
Con estas premisas, la recuperación de una senda de crecimiento sostenido -que tendrá que compensar previamente los considerables niveles de contracción en los que nos encontramos- puede tardar tiempo en llegar, abonando, también, la desestabilización política que la oposición no deja de buscar.
II- Las medidas compensatorias no han sido suficientes y se están retirando.
Solo los ERTEs han tenido suficiente magnitud como para mantener –temporalmente- los niveles de empleo, compensar –parcialmente- las rentas perdidas por las personas asalariadas, y reducir -también sólo en parte- los costes salariales de las empresas paradas o parcialmente paradas. El resto de las medidas de sostenimiento de rentas y exoneración de gastos a la actividad productiva, aun siendo loables, ha tenido una dimensión mucho menor. Pero las medidas compensatorias no han sido, en sentido estricto, medidas de estímulo de la economía. Tan sólo han sustituido parcialmente el gasto privado en salarios que se ha ido retirando. Esa y no otra ha sido y sigue siendo la función de las medidas compensatorias focalizadas en los ERTEs (5.500 millones de euros máximo mensual en prestaciones por desempleo, y 2.900 por el lado de la Seguridad Social), y porque es esa y no otra su función, el gasto público se ha ido retirando a medida que se ha ido restableciendo parte del gasto salarial privado (el gasto en prestaciones por desempleo ha sido, en septiembre, la mitad de aquel máximo, y en el caso de la Seguridad Social no alcanza el 30%).
Por su parte, las empresas han recibido créditos avalados (que aumentan su endeudamiento y que tendrán que devolver), para hacer frente a una situación de mayoritaria reducción de sus ingresos, lo que conduce a pérdidas que debilitan su estructura económica y su solvencia. Esas pérdidas no están siendo compensadas. Y el retraso de la reactivación, la contracción de la demanda de consumo y –más aún- de inversión, la incertidumbre y falta de expectativas y la debilidad de las políticas de estímulo de la demanda terminarán por acumular pérdidas en empresas viables que pueden provocar importantes quiebras y cierres de empresas.
Entre tanto, la caída dispersa e indiscriminada de las actividades continúa y el país se sume en la depresión económica.
III- No hay tiempo que perder: es imprescindible la adopción sin demora de medidas que inyecten estímulos a la actividad económica.
Es necesario utilizar el gasto público liberado con la disminución de los ERTEs para implementar medidas urgentes de estímulo capaces de revertir la caída de la actividad hasta que la reactivación económica se haya consolidado, se hayan recuperado los niveles de empleo e inversión -neta de los fondos europeos- y el crecimiento de la economía empiece a acercarse a su crecimiento potencial.
El nuevo desarrollo pasa, pues, por repensar pautas de crecimiento que sean plausibles, que miren plazos medios y largos, pero que no eludan los más inmediatos.
En esta dirección, Economistas frente a la crisis, considera urgente y prioritario la adopción de medidas que permitan lograr un rápido impulso de la demanda, en especial la de consumo, cuyo estímulo puede promover efectos instantáneos que frenen el deslizamiento hacia la depresión de la economía. No es lugar en esta declaración para enumerar ejemplos de medidas concretas, cada una de las cuales requeriría un meditado análisis. Ahora es el momento de reclamar una inyección adicional que tentativamente se situaría en el entorno del 3% del PIB para evitar que la quiebra de decenas de miles de empresas y el desempleo de millones de trabajadores nos sumerja en un bache prolongado de difícil salida.
En el mismo sentido, es preciso adoptar, sin demora, medidas que aumenten la recaudación impositiva para contener el déficit publico en magnitudes gestionables.
El techo de gasto aprobado y el presupuesto, dado el calendario que tenemos por delante, no llegará a tiempo. Las medidas que le dan contenido no entraran en vigor hasta finalizado el primer semestre de 2021, y sus primeros efectos no comenzarían hasta principios de otoño. Eso supondría profundizar durante más de tres trimestres en el hundimiento de la economía. Las consecuencias podrían ser desastrosas.
El problema es aún mayor si nos referimos a las medidas del plan europeo de recuperación, cuyos efectos primeros no serán efectivos con alta probabilidad hasta pasado un año desde el momento actual.
Aunque resulte necesario un plan de consolidación de la deuda, como se ha solicitado, entre otros, por la AIReF, lo importante en la política económica son los tiempos, y ese proceso de consolidación solo puede comenzar cuando la reactivación económica sea sólida. El empeño de algunas voces en empezar a reducir ahora el gasto es un gravísimo error, y significaría volver a bordear el austericidio que debió quedar en el olvido tras las inconsistencias desde las que se defendió y los terribles resultados que produjo en la anterior crisis económica.
Por todo ello Economistas frente a la crisis quiere llamar la atención de las Administraciones Públicas – incluidas aquellas de ámbito regional y local- a los partidos políticos y a las fuerzas sociales para que aborden sin demora medidas de impulso a la demanda que actúen de forma inmediata.
Rescatar la economía española de la grave coyuntura en la que ahora se encuentra es condición necesaria para poder afrontar con éxito la recuperación que nos promete Europa.
Fuente: https://economistasfrentealacrisis.com/reactivacion-no-podemos-esperar-a-europa/