Desaparecidas de Caracas las grandes marchas de la oposición y las contramanifestaciones oficialistas, una miríada de protestas en pequeños pueblos, caseríos y capitales de provincia demanda servicios esenciales para sobrevivir. Sus habitantes piden agua, electricidad, alimentos, gas para cocinar, acceso a la salud y, sobre todo, gasolina.
Se temía y ocurrió: Víctor Rivero, de 20 años, murió baleado la tarde del 30 de setiembre en Cariaco, pueblito de pescadores en el noreste venezolano que mira al mar Caribe. Fue cuando policías y vecinos chocaron al ser interceptado un camión con alimentos, quizás para saquearlo, quizás sólo para expresar la rabia y el hartazgo de la gente en el clima de escasez que ya lleva años y domina la cuarentena por la covid-19.
Una oleada de protestas recorre el Interior desde agosto y se intensificó en setiembre. Hubo 76 sólo el lunes 28 –aunque apenas 16 el miércoles 30–, casi todas pacíficas, y 94 por ciento de ellas en reclamo por malos servicios, según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
Una triple caracterización poseen estas demostraciones callejeras, dijo esta semana a la prensa Marco Ponce, conductor del OVCS. Las motivan la falta de suministros esenciales, como agua, cilindros de gas para poder cocinar, electricidad –al cabo de apagones por horas y hasta días–, las bolsas de alimentos subsidiados que esperan las familias más pobres y, sobre todo, gasolina, sin la cual es imposible el transporte de pasajeros, salir a «resolver el día» o acarrear los alimentos hasta los mercados en un país carente de ferrocarriles y donde casi toda la movilización es a base de automotores.
Además, son movilizaciones espontáneas, pequeñas, vecinales las más de las veces, ayunas de convocatoria, conducción o acompañamiento político, y se registran con fuerza en pueblos pequeños, caseríos, incluso, en zonas que durante años han sido bastiones del oficialismo, leales a los liderazgos del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013) y su heredero Nicolás Maduro.
«La gente ya no aguanta más»
En Santa María de Ipire, un poblado perdido en las centrales llanuras del Orinoco, una marcha de vecinos, al usual grito de «el pueblo unido, jamás será vencido», obligó a las autoridades locales a liberar a los cabecillas de la protesta el martes 29. Al amanecer del miércoles 30 llegaron refuerzos policiales y militares para controlar las calles y desestimular cualquier concentración.
En Yaracuy, una zona a pocas horas en auto al noroeste de Caracas, varias poblaciones protestaron durante cuatro días en reclamo de gasolina, gas y otros servicios: quemaron neumáticos y el vehículo de una alcaldía y protagonizaron pedreas contra la Policía que costaron la detención de 30 manifestantes. Varios de ellos serán enjuiciados.
En los últimos días de setiembre, mientras a las pequeñas ciudades cercanas a la capital –esas sí con tradición de protesta– se enviaban refuerzos policiales y de la militar Guardia Nacional, se multiplicaban protestas en poblados y hasta caseríos de zonas del Interior tradicionalmente agrícolas.
Ponce sostiene que la nueva ola de malestar «se debe a la exasperación de la gente, que ya no aguanta más, porque la cuarentena impuesta por la covid-19 le dificulta salir y trasladarse a resolver el día a día, sin servicios esenciales y mientras el ingreso cada vez se derrumba más: ya el salario mínimo en Venezuela equivale a menos de un dólar al mes».
Al despuntar octubre el salario mínimo oficial en Venezuela es de 400 mil bolívares mensuales, mientras que la tasa de cambio oficial es de 436 mil por dólar. Varias consultoras económicas estiman que el ingreso medio de los trabajadores oscila entre 20 y 30 dólares mensuales, menos de la mitad del valor de la canasta alimentaria básica.
Las fallas de electricidad abarcan prácticamente todo el país y ya alcanzaron a Caracas, una suerte de burbuja en cuanto a suministro de servicios. En la populosa barriada de Petare, al este de la capital, hay viviendas y comedores populares forzados a cocinar con leña, por la falta del gas en cilindros del que dependen la mayoría de hogares. Las bolsas con comida –principalmente harina de maíz, arroz y pasta– que el gobierno mensualmente vende a familias pobres con subsidio de hasta 90 por ciento, cada vez demoran más en llegar y el mal estado de la red hídrica tiene a más de 80 por ciento de las comunidades, de todos los estratos sociales, con problemas de acceso al agua potable (véase «Vida miserable», Brecha, 7-VIII-20).
Parches y represión
Ese telón de fondo alimenta las protestas, unas 6 mil en lo que va del año según el OVCS. La mayoría se inicia con cierre de vías, luego pasan a concentraciones y, en algunos sitios, han llegado a marchas que, prohibidas formalmente por la cuarentena, a veces son disueltas de forma violenta. Las consignas y las improvisadas pancartas dan cuenta de que en algunos casos hay un cierto grado de organización vecinal, pero, en general, no hay ni presencia ni mucho menos conducción por parte de las organizaciones políticas.
Capítulo aparte merece el tema de la escasez de gasolina, ya sobre el lugar común de que se registra en un país que fue durante un siglo un gran exportador de petróleo y aún posee las que quizá sean las mayores reservas de crudo del planeta. Casi no se manufactura ese combustible en las destartaladas refinerías, a lo que se añade el embargo contra el Estado dispuesto por Washington desde hace dos años, que deja a la industria petrolera sin insumos ni repuestos. Apenas si el gobierno ha podido traer algo de gasolina desde el remoto Irán, uno de sus países aliados (véase «Un cóctel imprevisible», Brecha, 7-VIII-20).
La escasez de gasolina genera enormes colas, que se prolongan por muchas horas y hasta por seis días, con transportistas y usuarios particulares llenos de angustia, rabia y desesperación (véase «Aguafuertes maracuchas», Brecha, 20-XII-19). Pero también muestran la cara de la respuesta gubernamental que disuelve las protestas: cuando llega el combustible a la estación de servicio y se surten los vehículos, se desinflan la rabia y la protesta. Otro tanto ocurre cuando falta la bolsa de comida o el gas para cocinar en una comunidad: el gobierno puntualmente provee el suministro y la protesta pierde aliento, reemplazada por la esperanza de que quizás se regularice el servicio. Cuando el gobierno no puede satisfacer el reclamo, entonces la protesta se sofoca con la represión a cargo de las fuerzas de seguridad y, a veces, de grupos civiles armados partidarios del oficialismo, llamados «colectivos».
Silencio oficial
El líder formal de la oposición, Juan Guaidó, presidente del Parlamento (desconocido por el resto de los poderes del Estado) y «presidente legítimo de Venezuela», según Estados Unidos y otro medio centenar de gobiernos, ha llamado a intensificar la protesta. Mientras, el gobierno y sus medios de comunicación, que dominan el espectro radiotelevisivo, han puesto sordina a los reportes sobre las demostraciones, sus motivos y sus desenlaces.
Por ello, la muerte de un manifestante en un altercado en un pueblo remoto, que dejó también un policía herido, pasa desapercibida, aunque, según la organización humanitaria Provea, sea el quinto deceso en una protesta en lo que va del año. Parece apenas una anécdota en un panorama crítico de derechos humanos: en lo que va de 2020, según la alta comisionada de las Naciones Unidas para la materia, Michelle Bachelet, las fuerzas de seguridad han abatido a más de 2 mil personas, lo que indica un patrón de ejecuciones extrajudiciales.
Por ahora, las protestas no han impactado la pugna por el poder, mientras el oficialismo convoca a elegir un nuevo Parlamento el 6 de diciembre. La oposición, con la mayoría de sus partidos y dirigentes intervenidos o proscritos, anuncia que no participará, pues considera que se trata de una «farsa» para concentrar aun más poder en manos de Maduro y las Fuerzas Armadas que lo respaldan. Entretanto, las condiciones de vida en los hogares son cada día más precarias y, en ese caldo de cultivo, las protestas, sin duda, continuarán.