Entidades sociales como el Centro Feminista de Estudios y Asesoría (CFEMEA) y la Red Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales alertan que el Presidente de la República que asuma la dirección del País, a partir de 2007, no tendrá como esquivar las inversiones en el área social. Ya que el Proyecto de Ley de Directrices Presupuestaria […]
Entidades sociales como el Centro Feminista de Estudios y Asesoría (CFEMEA) y la Red Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales alertan que el Presidente de la República que asuma la dirección del País, a partir de 2007, no tendrá como esquivar las inversiones en el área social. Ya que el Proyecto de Ley de Directrices Presupuestaria (PLDO), aprobado en junio pasado, por la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso Nacional, obliga al Poder Público a garantizar la aplicación de recursos en la reducción de las desigualdades y en la inclusión social. Si fuere aprobado tal como está por el Congreso Nacional, en sesión agendada para principios de agosto, el texto del proyecto que orienta como tendrá que ser aplicado el presupuesto en el transcurrir del 2007 tendrá un perfil socialmente responsable. Es el caso del combate al racismo, por ejemplo. La enmienda constitucional 17750017 presentada por parlamentarios del PcdoB, es emblemática y simbólica en la medida en que prohíbe a las agencias financieras oficiales de fomento conceder o renovar préstamos o financiamientos a instituciones cuyos dirigentes estén condenados por asedio moral, racismo o trabajo esclavo. En relación con el combate de la violencia contra la mujer, el proyecto de la LDO protege de toda contingencia los gastos de las acciones vinculadas con el Programa de Prevención y Combate de la Violencia Contra la Mujer. Recientemente, la Bancada Femenina con el apoyo y movilización del movimiento de mujeres consiguió aprobar la ley de enfrentamiento de la violencia doméstica y familiar contra las mujeres. Las enmiendas aprobadas en la Comisión Mixta de Presupuesto también traen avances en el campo de la transparencia y en la democratización del proceso presupuestario y atienden reivindicaciones antiguas de las organizaciones y movimientos sociales y de mujeres. El proyecto de la LDO establece garantías para el control democrático de los gastos públicos. En la propuesta del CFEMEA, el acceso a los datos debería ser garantizado a todas las personas, pero el relator del texto, senador Romero Jucá, incluyó la posibilidad de que las entidades sin fines de lucro sean habilitadas por los órganos competentes para accesar directamente los sistemas de administración financieras del gobierno. Además, en el contexto del control social, otra enmienda al PLDO prevé que el Poder Legislativo pueda realizar audiencias públicas regionales y temáticas durante la apreciación de la propuesta presupuestaria, que contarán con la participación de entidades de los movimientos sociales. El texto de la LDO incluyó también la enmienda que obliga a las agencias oficiales a publicar un informe anual del impacto de sus operaciones de crédito en el combate de las desigualdades. Esos informes de impacto, a ser elaborados por los órganos públicos y por las agencias de fomento, como la Caja Económica Federal, el Banco de Brasil y el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), deberán informar cómo los programas desarrollados y los recursos aplicados por cada una de esas instituciones públicas alcanzaron diferentemente a hombres, mujeres, personas negras, blancas, portadoras de deficiencias y también a viejos y jóvenes. Para el CFEMEA y la Red Brasil, el carácter social incluido en la ley que trata acerca de las finanzas públicas fue posible gracias al aumento de la participación de la sociedad civil en las discusiones sobre gasto público dentro del Congreso. El CFEMEA, en la primera audiencia promovida por la Comisión Mixta con la sociedad civil, sugirió 14 enmiendas al proyecto de la LDO. De ésas, 11 fueron incluidas íntegramente, una parcialmente y sólo dos fueron rechazadas. Todas las enmiendas sugeridas por el CFEMEA fueron anteriormente discutidas y presentadas por la Bancada Femenina y por otros 38 parlamentares del Congreso, además de la Comisión de Legislación Participativa y de la Comisión de Seguridad Social y Familia de la Cámara de Diputados.