El 15 de agosto de 2004 los venezolanos acudían a un proceso inaudito en la historia política del país: la consulta electoral para sacar o ratificar a un presidente electo previamente. Nunca antes en la historia del país, una crisis de convivencia política había sido resuelta por la vía electoral y menos aún, incorporando en […]
El 15 de agosto de 2004 los venezolanos acudían a un proceso inaudito en la historia política del país: la consulta electoral para sacar o ratificar a un presidente electo previamente. Nunca antes en la historia del país, una crisis de convivencia política había sido resuelta por la vía electoral y menos aún, incorporando en esa resolución una consulta tipo democracia directa. Nuestra historia ha estado plagada de situaciones críticas que fueron solucionadas a través de un golpe de estado.
O en su defecto, fueron sucedidas esas crisis políticas por una represión cruel. Ejemplos sobran: la crisis del gobierno de Cipriano Castro (1905-1908), la crisis a la muerte de J.V. Gómez (1935-1936), el golpe civivo-militar a Isaías Medina Angarita (18/10/1945); el golpe militar a Rómulo Gallegos (24/11/1948), el asesinato de Delgado Chalbaud (1950), el golpe electoral de Pérez Jiménez (1952), el derrocamiento de Pérez Jiménez (23/01/1958), los intentos de sublevación cívico-militar del Porteñazo, Guairazo y Barcelonazo (1962), la revuelta popular de febrero de 1989 (caracazo), las intentonas cívico-militares de febrero y noviembre de 1992, el intento de golpe de estado de abril de 2002. Todos ellos en el siglo XX, pues sí incluyéramos el siglo XIX la relación sería mayor.
El referendo de agosto de 2004, era una consecuencia del proceso de cambios en las fuerzas y actores políticos y sociales del país. Manifestado por la práctica desaparición de los actores políticos históricos del escenario electoral. No puede olvidarse que AD y COPEI pasaron de obtener más del 90% de los votos válidos en las elecciones de diciembre de 1988 a sólo alcanzar entre los dos (2) menos del 10%. Ese deterioro de la credibilidad de los actores políticos se vio incrementado por el efecto del liderazgo de Hugo Chávez, quién encarno el deseo de cambio en las preferencias del venezolano. Ese deseo se concretó en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 1999 y en la aprobación de una Constitución Nacional, totalmente discutida en un escenario de amplitud. Como consecuencia de esa aprobación constitucional se adelantó una transición – entendida como cambios en la dinámica del sistema político- totalmente pacífica, que conllevo aplicar los términos institucionales establecidos en 1999 y que se tradujo en el desplazamiento definitivo de los actores hegemónicos entre 1958-1998. La conflictividad se desarrollo al máximo entre finales del año 2001 y el 2do trimestre del 2002.
En todo el año 2002 y parte del 2003, la debilidad institucional del gobierno de Chávez, la agenda oculta y conspirativa de la oposición rearticulada no desde los partidos históricos (AD-COPEI-MAS) sino a través de la central obrera (CTV) y la asociación de propietarios (FEDECAMARAS) y la iglesia católica, aunado al componente internacional provisto por el apoyo velado – y no tan oculto- de los EEUU a través de la National Endowment for Democracy (NED), crearon las condiciones para el desarrollo de una conflictividad social que llevó al país al borde de una guerra civil. En términos de negociación y conflicto, las fuerzas en pugna- las que apoyaban a Chávez a través del Polo Patriótico y los que se oponían a él , a través de la Coordinadora Democrática (CD)- se desconocían mutuamente y por ello, la intermediación del Centro Carter y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para ese momento, el expresidente César Gaviria; logró la instalación de una Mesa de Diálogo que se desarrollo en todo el año 2003 en donde discutieron salidas pacíficas al conflicto político generado entre las dos formas de pensar el país. Paralelo a este proceso de diálogo, fuerzas opositoras al gobierno de Chávez – con apoyo velado de la NED- desarrollo un proceso de recogida de firmas ilegal a partir de agosto de 2003. La organización civil SUMATE, que se obtuvo apoyo económico de la NED, fue la encargada de organizar el proceso de firma para el referendo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que ese proceso fue ilegal en septiembre de ese año y propuso una nueva recogida de firmas, para lo cual aprobó un reglamento especial que direccionó el proceso. A finales de ese año, el propio CNE señalo que la oposición había reunido las suficientes firmas para convocar un referendo revocatorio. En total, lograron recoger un total de 2.451.821 firmas con lo que oficializó la convocatoria a la aplicación de este novísimo mecanismo de democracia directa en el país.
El proceso no había sido fácil. La resistencia a aceptar el papel institucional del CNE, junto a la diatriba política impulsada desde los medios de comunicación social, así como la movilidad social – a favor o en contra de Chávez- hicieron sumamente tenso el proceso. Paralelo a ello, la implementación de un conjunto de medidas para consolidar lo que teóricos llama el e-goberment o e-democracia (gobierno electrónico o democracia electrónica), tales como registro dactilar, utilización de máquinas electrónicas para la emisión del voto, transmisión electrónica de resultados entre otras decisiones administrativas, fueron motivos para intentar enlodar el proceso – único en su estilo en el mundo- con denuncias de fraude. Sin embargo, el resultado final anunciado fue contundente: el NO, que fue la consigna utilizada por el presidente Chávez obtuvo un total de 4.991.483 votos contra el SI, que sólo alcanzó 3.576.517. Ese resultado pospuso la posibilidad de un conflicto social de gran magnitud en su momento, pero señaló el ritmo de una polarización política que aún se siente en el país y que amenaza la institucionalidad del sistema democrático en Venezuela.
* El Dr. Juan Eduardo Romero es Historiador de la Universidad del Zulia-
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