Es asombroso como tras la expresión derechos de autor, se esconden en muchas ocasiones lo que no son más que intereses empresariales y económicos. Algo parecido a lo que sucede con libertad de expresión, detrás de la cual sólo existe el interés de unos gigantes de comunicación. Algunas anécdotas les dejan en evidencia. Se está […]
Es asombroso como tras la expresión derechos de autor, se esconden en muchas ocasiones lo que no son más que intereses empresariales y económicos. Algo parecido a lo que sucede con libertad de expresión, detrás de la cual sólo existe el interés de unos gigantes de comunicación. Algunas anécdotas les dejan en evidencia. Se está estrenando estos días en los cines una de esas grandes producciones de dibujos animados procedentes de Estados Unidos. Al terminar, en los créditos, aparecen la lista de los actores de doblaje de la versión inglesa, no los actores españoles que han doblado. Se omite el reconocimiento de los actores de doblaje y se les sustituye por nombres de personas a las que no hemos oído ni visto y la Sociedad General de Autores no dice nada al respecto (SGAE).
Otra de las situaciones absurdas que crean las empresas defensoras de los derechos de autor es en los vídeos domésticos. Al principio de la emisión aparece un texto en imagen leído por una voz de fondo que dice que las copias piratas son un fraude al consumidor. El mantero que me vende una copia pirata no me engaña, sé lo que me está vendiendo y no dice que es original. Además, ¿por qué les indemnizan a las casas distribuidoras y a las discográficas si a quien han defraudado a mí? El fraude fue la versión del cine que me dijo que la voz del protagonista era de Robert de Niro y era Fernando Tejero, afortunadamente, porque si no hubiera sido así, no lo hubiera podido entender.
Con los libros pasa algo parecido. En Colombia se están volviendo locos para intentar que el último libro de Gabriel García Márquez no se edite y distribuya fuera de los círculos legalizados. Yo nunca me hubiera imaginado a un gobierno y un sistema legal tan preocupado porque la gente no pudiera comprar un libro. Aunque hay varias versiones sobre los precios, los datos que ofrecen los corresponsales en Bogotá son de tres veces más barata la copia pirata. Parece que la copia legal es de 10 euros y la ilegal de 3’5. Yo pensaba que la versión que se vendía en las calles de Bogotá iba a ser más precaria, pero me pareció muy digna. Una vez más, la principal justificación que aducen para luchar contra las copias piratas son los derechos del autor. Pero esos derechos suelen ser el 10 % del precio de venta, es decir, un euro. Si le sumamos un euro a la versión ilegal, tendríamos el libro por 4’5 %. Recordemos que las librerías lo venden por diez.
Argumentan los gastos de promoción, ¿les parece que necesita promoción un libro sobre el que se están peleando para que no se venda en la calle?
También pueden alegar el coste de distribución. Pero también la copia de las calles está distribuida y contemplado ese gastos en su precio. ¿Los impuestos? Sumémosle un 16 % al precio de la calle y tendremos 0′ 6 euros más, el precio final es ahora la mitad que en las librerías.
Algo funciona mal en esta industria si sumando impuestos, derechos de autor y gastos de distribución el sistema informal es capaz de vender los libros de García Márquez a mitad de precio que el sistema legal. ¿O alguien se embolsa mucho dinero con el método oficial? Y dicen que son los defensores de los derechos de los autores.
Y es que ya lo dijo el cantante de flamenco José Morente, que no le preocupa el top manta porque a malas se iría él mismo a vender su cd´s al parque del Retiro que seguro que al menos sacaría lo que le pagaba la discográfica.