El impacto de al menos 45.000 proyectiles en la Franja y el bloqueo de suministros están convirtiendo Gaza en un territorio devastado con condiciones no aptas para la vida humana.

2022 fue el año más cálido registrado y lo mismo ocurre con la primavera de 2023. Los embalses están al 42%, las previsiones no son positivas y los usos del agua, con el regadío consumiendo más del 85% del total embalsado, allanan el camino hacia un horizonte de colapso hídrico en varias regiones.

Las grandes entidades financieras siguen sosteniendo el capital fósil con inversiones que van incluso más allá de 2050. Santander, BBVA y Caixabank han destinado 75.000 millones de dólares a esta industria desde que se aprobó el Acuerdo de París.

Los proyectos de plantas solares y eólicas de más de 50 MW no necesitarán ahora de declaración de impacto ambiental. Los trámites para instalarlas serán ahora más laxos y las restricciones para su instauración se limitan a los terrenos de la Red Natura 2000.

La estrategia energética europea ha dado un vuelco con la guerra ruso-ucraniana. Aunque los objetivos de renovables se han incrementado, también aumenta el miedo a que la UE potencie infraestructuras gasistas enmascaradas como verdes y al servicio de una tecnología que hoy por hoy ni es limpia ni está desarrollada: el hidrógeno.

Las importaciones de la UE suponen el 16% de la deforestación asociada al comercio internacional. El nuevo reglamento deberá negociarse ahora entre el Parlamento, Consejo y Comisión europeas. España ha mantenido hasta ahora una posición conservadora.

La propuesta alemana de reanudar el gasoducto Midcat para duplicar la interconexión gasística entre España y Francia y el apoyo del Gobierno a un proyecto que se desechó en 2019 sorprenden a la izquierda y a las organizaciones ecologistas.

Tanto Unidas Podemos como las organizaciones ecologistas exigen al Ejecutivo que frene el uso de agua para regadío. El 85% de los recursos embalsados en España se destinan a estas prácticas, que no han parado de crecer en los últimos años.

El informe ‘La urgencia de una transición agroecológica en España’, elaborado por Amigos de la Tierra, constata que, con un cambio de dieta y el fomento de la producción agroecológica, el 99% de los alimentos para dar de comer a la población española podría cultivarse en territorio estatal, reduciendo las emisiones de gases de fecto invernadero totales de España un 20% y mejorando la salud de la población.

Las estimaciones del Observatorio de Sostenibilidad vaticinan que, de seguir el ritmo actual, España no cumpliría con los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.