Un proyecto de reforma constitucional, aprobado ya en segunda lectura, aproxima hoy a Venezuela a nuevos conceptos de organización económica, de los cuales quedarán excluidos monopolios y latifundios. La propuesta presentada el pasado 15 de agosto por el presidente del país, Hugo Chávez, y que deberá ser aprobada en referendo nacional, busca sentar las premisas […]
La propuesta presentada el pasado 15 de agosto por el presidente del país, Hugo Chávez, y que deberá ser aprobada en referendo nacional, busca sentar las premisas constitucionales para el establecimiento del sistema socialista.
En este contexto se propone modificar el artículo 113 que hoy reza «no se permitirán monopolios» por una formulación que prohíbe esa modalidad de propiedad que favorece el abuso de la posición de dominio.
Asimismo establece que cuando se trate de explotación de recursos naturales u otro bien de carácter estratégico o la prestación de servicios públicos vitales, el Estado podrá reservarse la explotación o ejecución de los mismos.
Igualmente se proyecta modificar el artículo 307 que hoy considera el latifundio «contrario al interés social». La nueva versión es igualmente más contundente: al asentar que «se prohíbe el latifundio por ser contrario al interés social».
También establece que «a los fines de garantizar la producción agrícola, el Estado protegerá y promoverá la propiedad social» y velará por la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola para asegurar su potencial agroalimentario.
Indica que la ley creará tributos sobre las tierras productivas que no sean empleadas para la producción.
Con la modificación se apoya igualmente la protección ambiental, pues permite la confiscación de tierras cuyos dueños ejecuten en ellas actos irreparables de destrucción, produzcan sustancias psicotrópicas o practiquen trata de personas.
También se establece la medida para quienes utilicen o permitan en ellas la comisión de delitos contra la seguridad y defensa de la nación.