La reforma laboral aprobada por el gobierno no sólo supone un importante recorte de derechos sociales, sino que además no reducirá la dualidad del mercado de trabajo, no facilitará la salida de la crisis y, por tanto, tampoco se traducirá en mayor creación de empleo. Esta reforma laboral, además de erosionar duramente el papel de […]
La reforma laboral aprobada por el gobierno no sólo supone un importante recorte de derechos sociales, sino que además no reducirá la dualidad del mercado de trabajo, no facilitará la salida de la crisis y, por tanto, tampoco se traducirá en mayor creación de empleo. Esta reforma laboral, además de erosionar duramente el papel de los convenios colectivos, flexibiliza -una vez más- los procedimientos de entrada, permanencia y salida del mercado de trabajo, facilitando particularmente el abaratamiento del despido. Así, se extiende el contrato con 33 días de indemnización por despido (frente a los 45 días del contrato ordinario), al tiempo que se facilitan los despidos por causas objetivas (con sólo 20 días de indemnización) y se subvenciona con dinero público, a través del FOGASA, una parte de las indemnizaciones. Por otro lado, la contratación temporal apenas se desincentiva (la indemnización por despido aumentará de 8 a 10 días por año trabajado en 2013, y a 12 a partir de 2015, permitiéndose que se encadenen contratos temporales durante tres años seguidos, y hasta cuatro en caso de que se apruebe por convenio).
Como vemos, la pretensión de acabar con la dualidad del mercado laboral español no se lleva a cabo restringiendo el empleo temporal, sino erosionando las condiciones de trabajo de los contratos indefinidos y propiciando una «equiparación de derechos» a la baja. Pero además, ¿por qué razón se supone que los empresarios renunciarán a seguir utilizando el recurso de la contratación temporal? La dualidad se mantendrá, a pesar de la erosión de derechos de los contratos indefinidos.
Por otro lado, no es cierto que el coste del despido en España sea superior al de los países de nuestro entorno. Según datos del Banco Mundial, España se encuentra entre los cinco países de la UE-15 donde es más fácil despedir, y el indicador sobre el «grado de severidad de la legislación de protección del empleo» de la OCDE muestra cómo España es uno de los países donde más se ha reducido en las últimas dos décadas el nivel de protección del empleo indefinido. Es precisamente esta enorme flexibilidad de nuestro mercado de trabajo lo que ha determinado el fuerte incremento del desempleo con la llegada de la crisis: la facilidad para no renovar contratos temporales y la erosión de la tutela judicial en el despido improcedente inmediato (inoperante tras el «decretazo» de Aznar de mayo de 2002), han posibilitado que el ajuste frente a la crisis se produjese por la vía de los despidos, destruyéndose más de dos millones de puestos de trabajo en los últimos dos años de crisis. Sin embargo, en lugar de desincentivar esta vía de ajuste y frenar la sangría de despidos, la reforma del gobierno de Zapatero facilitará futuros ajustes de plantilla, profundizando con ello el recorte de derechos sociales de anteriores reformas laborales.
Esta reforma no ayudará a salir de la crisis. Dar facilidades a los empresarios para despedir no se traducirá en creación de empleo, debido a que la demanda de fuerza de trabajo de las empresas está vinculada fundamentalmente a la evolución de las ventas. Además, la flexibilización de los procesos de entrada, permanencia y salida del mercado de trabajo aprobados por el gobierno debilitará la capacidad de negociación de los trabajadores y, con ello, la parte salarial en el reparto de la renta nacional y la demanda futura. Es necesario recordar asimismo que el factor desencadenante de la crisis, dos años después, sigue presente: la economía española -al igual que otras economías desarrolladas- presenta un elevadísimo nivel de endeudamiento privado. La deuda total de nuestra economía alcanza el 375% del PIB (superior al 285% de Alemania, 298% de EE.UU., 320% de Francia, aunque inferior al 480% del Reino Unido y Japón).
Fue esta inmensa burbuja de deuda -vinculada en buena medida al boom hipotecario- la que precipitó la crisis y, posteriormente, las ingentes ayudas de los gobiernos a la banca y a los sistemas financieros. La forma que tomó este rescate del sector privado -financiado en gran medida con emisiones de deuda pública- ha echado más leña al fuego, inflando aún más la burbuja de endeudamiento global sin propiciar sin embargo la recuperación económica. Y es precisamente este enorme endeudamiento el que ha llevado ahora a que los mercados -que de nuevo constatan los riesgos asociados a la burbuja de la deuda- desaten fuertes operaciones de especulación contra los países que presentan una mayor fragilidad financiera, protagonicen nuevos episodios de sequía crediticia e impongan durísimas medidas de ajuste.
Estas medidas de ajuste, análogas a las que desarrolló el FMI en América Latina durante la «década pérdida» de 1980, ponen en el punto de mira conquistas sociales y democráticas esenciales (salarios, servicios públicos, sistemas de pensiones, estatutos de trabajo, etc.). Su principal objetivo es el de conseguir un superávit primario que garantice el pago de la deuda pública y ofrezca garantías suficientes a los mercados financieros, temerosos de la incapacidad del estado para responder como deudor subsidiario de la deuda privada española en caso de que ésta tenga que ser parcialmente socializada. Sin embargo, las medidas de ajuste del gobierno Zapatero, así como el abaratamiento del despido -políticas orientadas en última instancia a salvaguardar la rentabilidad empresarial- no ayudarán a salir de la crisis. Al contrario, estas medidas contribuirán probablemente a crear un contexto caracterizado por la convivencia de deflación, alto endeudamiento y creciente desigualdad. En este contexto, el posible retroceso económico que seguirá a estas medidas hará aún más insostenible el volumen de deuda pública y, sobre todo, privada de la economía española.
Es imprescindible reorientar el orden de prioridades para salir de la crisis: el ajuste no debe recaer sobre los trabajadores, sino sobre los acreedores. Por ello, sería necesario articular -entre otras- las dos siguientes medidas. En primer lugar, el déficit fiscal no puede reducirse a costa de recortes en el gasto público (que erosionan conquistas sociales básicas, y refuerzan el carácter procíclico de la crisis), sino a partir de un mayor gravamen -coordinado a escala europea- sobre el patrimonio y las rentas del capital. Pero además, resulta ineludible la reducción de la deuda de las familias de menores recursos (por ejemplo, mediante una quita parcial, y con cargo a los acreedores, del valor nominal de las hipotecas de menor cuantía). Estas medidas no sólo reducirían el riesgo actual de deflación con endeudamiento, sino que además facilitarían la redistribución de rentas a favor de los trabajadores y, con ello, un freno al deterioro de sus condiciones de vida y un cierto restablecimiento de la demanda efectiva.
Nacho Álvarez es Investigador del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad Complutense de Madrid. Forma parte del Consejo Asesor de VIENTO SUR