Reformas fiscales progresivas

América Latina y el mundo enfrentan múltiples crisis. La pandemia, la guerra en Ucrania y el colapso climático han dejado al mundo al borde de una recesión, con la pobreza y desigualdad disparadas, una crisis del costo de vida y altos niveles de deuda. En este contexto, países como Chile y Colombia se encuentran proponiendo reformas tributarias progresivas, incluyendo nuevos impuestos sobre la riqueza neta, que tienen el potencial tanto de generar recursos fiscales adicionales como de reducir las desigualdades.

Estas reformas se debatieron el jueves 13 de octubre en Washington DC durante el panel de alto nivel “Vientos de cambio: el futuro de las reformas fiscales en América Latina”, en el marco de las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI. Los panelistas fueron el ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, la subsecretaria de Hacienda de Chile, Claudia Sanhueza, el premio Nobel y copresidente de la ICRICT, Joseph Stiglitz, la directora ejecutiva de Oxfam Internacional, Gabriela Bucher, y el director del Departamento del hemisferio occidental del FMI, Ilan Goldfajn. Patricia Arce, periodista de la agencia de noticias EFE, moderó el debate.

Todos los panelistas coincidieron en el sentido de urgencia y en la necesidad de implementar soluciones para proteger a los más vulnerables y mitigar los impactos de la inflación a través de reformas fiscales progresivas, como las propuestas por Chile y Colombia. Si no se toman medidas, según los panelistas, se corre el riesgo de contribuir a una mayor desigualdad y malestar social.

Tanto el ministro de Hacienda colombiano, José Antonio Ocampo, como la subsecretaria de Hacienda chilena, Claudia Sanhueza, defendieron la necesidad de recaudar ingresos adicionales para garantizar la sostenibilidad fiscal, concretamente gravando a los más ricos. Para ambos, para poder cerrar los agujeros de la evasión y elusión fiscales de las multinacionales y hacer frente a la evasión fiscal sigue siendo una gran prioridad y, a corto plazo, para captar las sobreganancias de la minería y las industrias extractivas.

El co-presidente del ICRICT, Joseph Stiglitz, y la directora ejecutiva de Oxfam Internacional, Gabriela Bucher, afirmaron que ha llegado el momento de aplicar impuestos a las sobre-ganancias en todos los sectores. Estos impuestos son fáciles de aplicar y pueden generar ingresos rápidamente para ayudar a mitigar los impactos de la inflación.

El profesor Stiglitz subrayó que la reforma fiscal global de la OCDE/G20, que incluye un tipo mínimo del 15% en la tributación sobre la renta empresarial, es un paso en la dirección correcta, pero no alcanza el nivel de ambición requerido, ya que no basta para detener la competencia fiscal ni el traslado de beneficios a los paraísos fiscales (la ICRICT aboga por un tipo del 25%). El ministro Ocampo estuvo de acuerdo en que la OCDE y el G20 deben mantener abiertas las negociaciones para alcanzar un acuerdo más justo.

José Antonio Ocampo

El ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, dijo: “La propuesta de reforma tributaria en Colombia es una respuesta a la enorme desigualdad que sufre nuestro país, y a las demandas sociales que se vieron reflejadas en las protestas populares del año pasado y en la elección presidencial de este año. Por lo tanto, debemos ir en tres direcciones: primero, introducir un impuesto a la riqueza y eliminar los beneficios fiscales para las personas de mayores rentas. En segundo lugar, gravar las sobre-ganancias de los sectores del petróleo y del carbón: cuando se produjo el boom del café en el pasado, el sector tuvo que contribuir en mayor medida, ahora le toca al sector extractivo hacer lo mismo. Y, por último, hay que luchar contra la evasión y elusión fiscal, que sigue siendo demasiado elevada en Colombia”.

“Para Colombia, el acuerdo de la OCDE sobre tributación internacional y un tipo mínimo es insuficiente, y además añade un gran nivel de complejidad. Nos gustaría impulsar un mejor acuerdo para América Latina con el apoyo de Chile, que pueda mejorar las cosas”.

Claudia Sanhueza

La subsecretaria chilena de Hacienda, Claudia Sanhueza, dijo: “Siempre es un desafío hacer un acuerdo que cambie el statu quo, pero debemos hacerlo. Hay incentivos para competir entre nosotros rebajando los tipos del impuesto sobre la renta. Pero la posibilidad de coordinación regional está y es ahora”.

“Necesitamos un crecimiento inclusivo, menos desigualdad, y eso tiene un precio. Por eso necesitamos reformas fiscales. También necesitamos coordinación y cooperación. Tenemos que dejar de competir entre los países de la región y dejar de ofrecer incentivos fiscales ineficientes a las empresas. No hay ningún ganador en esto”.

Joseph Stiglitz

El premio Nobel y co-presidente de la ICRICT, Joseph Stiglitz, dijo: “Quiero decir que tanto Colombia como Chile están avanzando en la dirección correcta con reformas fiscales muy importantes. Para los mercados emergentes, especialmente en la actual situación internacional, es difícil financiarse y necesitan más espacio fiscal. La única manera para lograrlo es una fiscalidad más progresiva. Eso significa gravar la riqueza, asegurarse de que las multinacionales paguen la parte justa de impuestos que les corresponden, y que tributen las sobre-ganancias”.

“Durante décadas, el sector público ha perdido recursos, no sólo en los países en desarrollo. Las estructuras fiscales que tenemos hoy en día no son progresivas y en algunos países son incluso regresivas. Esto provoca mucho resentimiento, socava nuestra democracia y nuestra solidaridad. Así que no podemos aplicar las viejas recetas de la austeridad. Necesitamos una fiscalidad más progresiva, y Chile y Colombia están mostrando el camino”.

“Un impuesto a las sobre-ganancias empresariales bien diseñado no afecta al empleo ni a las inversiones. Esto es aún más cierto en el caso de los beneficios extraordinarios. Sabemos cómo diseñar un impuesto que realmente capte estas sobre-ganancias, y recursos así serían absolutamente esenciales para abordar la crisis múltiple a la que se enfrenta el mundo actualmente”.

Gabriela Bucher

Gabriela Bucher, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, dijo: “Debemos reconocer que tenemos los medios para recuperar las enormes ganancias que se dan entre los que más tienen. Hay un enorme margen para gravar la riqueza y las rentas de capital de forma más eficiente. Necesitamos impuestos a las sobre-ganancias de manera permanente, y para todos los sectores, no sólo el energético. Y necesitamos que ese dinero se invierta en servicios públicos vitales para reducir la desigualdad, como la sanidad universal y la protección social”.

“Un sistema fiscal progresivo es esencial para recaudar más y evitar el camino de la austeridad, pero es más que eso. También son fundamentales para reducir el poder desproporcionado de los super-ricos, y para frenar las emisiones del 1% más rico, que son también quienes más contaminan y por tanto responsables de la crisis climática. También es una política feminista, ya que aborda una redistribución de la carga fiscal que hoy en día recae de forma desproporcionada en las mujeres pobres”.

Ilan Goldfajn

Ilan Goldfajn, del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, dijo: “Las reformas fiscales de Chile y Colombia van en la dirección correcta. En un contexto de alta inflación, las políticas públicas deben dar prioridad a las personas más vulnerables”.

«No es casualidad que surjan reformas fiscales tan progresivas en países como Chile y Colombia. Es una respuesta al malestar social y a las voces de los ciudadanos. Lograr la sostenibilidad fiscal no puede ser a costa de la sostenibilidad social».

La región más desigual

América Latina es la región más desigual del mundo con sistemas fiscales altamente regresivos. América Latina y el Caribe (ALC) sigue siendo la región más desigual del mundo. En 2019, el 20% más rico de la población tenía casi la mitad de los ingresos totales, mientras que el 20% más pobre tenía menos del 5% de los ingresos totales. El 1% más rico de la región posee casi una cuarta parte de los ingresos totales.

Desde el inicio de la pandemia, han surgido 27 nuevos multimillonarios en la región. En la actualidad, unos 100 multimillonarios de América Latina y el Caribe concentran más riqueza que 392 millones de personas, que representan el 60% de la población de la región. Según Oxfam, un impuesto sobre la riqueza de los multimillonarios de ALC podría recaudar al menos 20.000 millones de dólares.

En 2020, la recaudación fiscal en la región era del 21,9% con respecto al PIB, variando mucho en la región, desde el 12,4% en Guatemala hasta el 37,5% en Cuba. Con la excepción de Barbados y Cuba, todos los países de ALC registraron una relación impuestos/PIB inferior a la media de la OCDE, que se sitúa en torno al 33,5%.

Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad 2022: el 95% de los países no aumentaron los tipos impositivos a los más ricos durante la pandemia, e incluso 11 de ellos los redujeron. Al mismo tiempo, la mitad de los países de ingresos bajos y renta media redujeron su porcentaje de gasto sanitario.

Organizaciones de la sociedad civil piden a los gobiernos de Chile y Colombia que lideren un nuevo pacto fiscal en la región y coordinen los esfuerzos para combatir los paraísos fiscales.

La propuesta de reforma fiscal en Chile

En Chile, la desigualdad entre el 1% más rico y el resto de la población sigue siendo la más alta de América Latina (el top 1% concentra alrededor del 30% de la riqueza del país). Los ingresos del Estado sólo alcanzan el 20,7% del PIB, frente a una media del 33,8% en los países de la OCDE. Además, la recaudación fiscal depende principalmente del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Según Jorrat y Martner, entre 2013 y 2018 el país perdió entre 7,5 y 7,9 puntos del PIB anualmente debido a la elusión y la evasión fiscal.

El gobierno chileno presentó al Congreso a principios de julio una propuesta de ley de reforma fiscal más progresiva que pretende aumentar la recaudación de impuestos en un 4,3% del PIB cuando se aplique en su totalidad.

– Se aplicaría un nuevo impuesto al patrimonio neto que recaería sobre el 1% de las personas con un patrimonio que oscile entre los 4,9 y los 14,7 millones de dólares, y del 1,8% para quienes tengan un patrimonio por encima de los 14,7 millones de dólares.

– Impuesto sobre la renta de las personas físicas: el nuevo tipo marginal máximo sería del 43% para las rentas imponibles mensuales en torno a los 8.000 US$/mes (antes era del 40%).

– Impuesto a las sobreganancias: para gravar los súper beneficios en los sectores del cobre y la minería, y se reconsiderarían los privilegios de las zonas francas.

– Ganancias de capital y dividendos: introducción de un nuevo impuesto del 22% sobre las ganancias de capital.

– Medidas contra la evasión fiscal: creación de un nuevo registro de beneficiarios reales y finales, y refuerzo de las normas contra la evasión y elusión fiscal. La reforma implica la no deducibilidad de las transferencias a los paraísos fiscales en lo que respecta al pago de servicios.

– Un enfoque feminista: introducción de nuevas exenciones para el cuidado (de menores de 2 años y grandes dependientes), y deducción de los gastos de alquiler de viviendas de la base imponible.

La propuesta de reforma fiscal en Colombia

El sistema fiscal colombiano es también muy regresivo, dependiente del IVA y con una imposición sobre el capital muy baja. Debido a la baja recaudación fiscal (18,7% del PIB, frente a una media del 33,8% en los países de la OCDE), en Colombia se han dado reformas con mayor frecuencia, con una media de una reforma cada 2 años, ninguna de las cuales aborda los defectos estructurales.

Colombia anunció una propuesta de reforma fiscal con el objetivo de recaudar 22 billones de pesos (4,8 billones de US$) en 2023 para financiar programas de lucha contra la pobreza, principalmente gravando a los más ricos del país, las ganancias de capital y cerrando la evasión fiscal.

 – Impuesto sobre el patrimonio y la renta personal: un impuesto permanente sobre la riqueza para las personas físicas con un patrimonio neto igual o superior a 652.991 US$, del 0,5% al 1,5% y un impuesto sobre las ganancias de capital del 20%.

– Impuesto sobre los beneficios extraordinarios: impuesto adicional temporal sobre los súper beneficios en el sector financiero y en el sector del 3% y el 10%, respectivamente.

– Impuesto sobre la renta de las empresas: supresión de los incentivos fiscales a las empresas, una retención en fuente del 20% para la compra de bienes y servicios a empresas que operan desde el extranjero.

– Evasión y elusión fiscal: refuerzo de los controles, introducción de un mecanismo de “presencia económica significativa” para gravar a las multinacionales sin presencia fiscal en el país y un impuesto mínimo del 15%.

El acuerdo de la OCDE/G20 de octubre de 2021

Tras años de negociaciones en las que participaron 140 países, en octubre de 2021, el Marco Inclusivo de la OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base y el Traslado de Beneficios (BEPS) anunció un acuerdo basado en dos pilares. Un impuesto mínimo global tiene más sentido que nunca. La evasión fiscal de las multinacionales cuesta a los países entre 240.000 y 600.000 millones de dólares al año en ingresos perdidos. Con cerca del 40% de sus beneficios internacionales contabilizados en paraísos fiscales, también parece imprescindible una reasignación más justa de los “derechos fiscales”, basada en las actividades reales, incluidas las ventas.

Sin embargo, lo que se suponía que iba a ser “el acuerdo histórico”, liderado por el G20 y la OCDE ya carecía de ambición y se quedaba corto tanto en requisitos como en posibilidades. Pero, sorprendentemente, incluso este limitado esfuerzo está ahora bloqueado en un impasse político a nivel de los países ricos (Estados Unidos y la Unión Europea). La ICRICT (Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional) anima a los países a no esperar. Más bien deberían avanzar y considerar sus propias medidas alternativas, formuladas cuando sea posible de forma coordinada, para ser aplicadas activamente sin ninguna demora. Estas medidas aportarán los recursos que se necesitan desesperadamente ahora y crearán la presión necesaria para forzar el cambio hacia una arquitectura fiscal internacional realmente justa, lo que requerirá debates multilaterales que vayan mucho más allá del proceso actual.

Unas medidas fiscales ambiciosas por parte de los gobiernos a corto plazo podrían evitar lo peor. También allanaría el camino hacia sistemas fiscales más transformadores a medio plazo, mientras la comunidad internacional supera el estancamiento político sobre cómo gravar mejor a las grandes empresas multinacionales en un mundo digitalizado.

*La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT) busca promover el debate sobre la reforma de la tributación corporativa internacional, a través de una discusión más amplia e inclusiva de las reglas fiscales internacionales de lo que es posible a través de cualquier otro foro existente, considerar reformas desde la perspectiva del interés público más que desde la ventaja nacional, y buscar soluciones fiscales justas, efectivas y sostenibles para el desarrollo.

Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/reformas-fiscales-progresivas/