El extractivismo es un modelo de acumulación basado en la extracción intensiva de grandes volúmenes de recursos naturales que son exportados con muy poco o ningún grado de transformación industrial. Concibe a la Naturaleza como fuente de recursos a ser explotada a través de megaproyectos mineros, petroleros, agrícolas, pesqueros y forestales que causan un grave […]
El extractivismo es un modelo de acumulación basado en la extracción intensiva de grandes volúmenes de recursos naturales que son exportados con muy poco o ningún grado de transformación industrial. Concibe a la Naturaleza como fuente de recursos a ser explotada a través de megaproyectos mineros, petroleros, agrícolas, pesqueros y forestales que causan un grave impacto ambiental y desplazan a pueblos indígenas y comunidades campesinas de sus territorios.
La lógica depredadora del extractivismo busca maximizar su ganancia a través de la explotación intensiva del trabajo y de la naturaleza. Por tal razón, no hay interés en evitar los impactos ambientales y sociales a través de soluciones tecnológicas que suponen un incremento en los costos y una reducción de los márgenes de ganancia. Para evitar, minimizar y corregir los impactos nocivos del extractivismo depredador es necesario contar con un adecuado marco legal y entorno institucional. Justamente, al Ministerio del Ambiente le corresponde el seguimiento y control de las actividades que se desarrollan en el territorio para que éstas no afecten ni pongan en peligro la sustentabilidad de los ecosistemas y así conservar las cuencas de los ríos, lagos y mares, preservar los bosques, proteger la biodiversidad y asegurar un aprovechamiento racional de los recursos naturales.
Eliminar el Ministerio del Ambiente le hace el juego al extractivismo en un país extraordinariamente rico en recursos naturales, minerales, petrolíferos y gasíferos, donde se desplegarán las presiones de los poderosos intereses de las corporaciones extractivistas para que sus megaproyectos puedan llevarse a cabo sin mayores controles ni penalizaciones. Esta decisión le hace un gran favor a la flexibilización ambiental que promueve el modelo extractivista global, el cual se propone desmontar las capacidades y mecanismos de intervención estatal para que sean funcionales a la lógica del mercado y de la inversión de capitales, en su afán de derogar todo aquello que regule y controle la extracción a gran escala de recursos naturales. El extractivismo prefiere países con un débil marco legal e institucional y, en consecuencia, con una precaria fiscalización incapaz de detectar faltas para imponer sanciones y evitar daños mayores. En ausencia de una institucionalidad que obligue a cumplir las normas ambientales, prevalece la impunidad que favorece a los infractores.
Los únicos que pueden celebrar la eliminación del Ministerio del Ambiente son los extractivistas que ahora tendrán un mayor margen de maniobra para explotar la Naturaleza. En adelante, la función reguladora del Estado en materia ambiental se subordina a un ministerio cuya prioridad será la Gran Misión Vivienda, la cual más bien debería ser regulada y vigilada por los impactos ambientales que suelen acompañar a la industria de la construcción. Evitar las consecuencias negativas que desde ya pueden preverse implica una urgente rectificación de esta decisión, en función de refundar y relanzar el Ministerio del Ambiente como un instrumento clave en la transformación del capitalismo extractivista y rentista en un nuevo modelo productivo ecosocialista y sustentable, que reconozca y proteja los derechos de la Madre Tierra.
@victoralvarezr
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