El gobierno del Reino Unido ha sido un actor relevante en el financiamiento de operaciones de «cambio de régimen» en Venezuela. Nunca tan mencionado como Washington y sus agresiones directas e indirectas, el papel de Londres queda más expuesto con el montaje del falso gobierno dirigido por el diputado saliente Juan Guaidó gracias a revelaciones que se han venido dando en el transcurso de tiempo de las operaciones (extendido más de lo previsto por el fracaso de las mismas en territorio venezolano).
En esta ocasión se destapó la conexión entre el gobierno británico y la conformación de la llamada Coalición Anticorrupción, un grupo de más de 700 organizaciones venezolanas afiliadas al antichavismo y a la «Operación Guaidó», que supuestamente estaría interesada en promover iniciativas «para poner fin a los problemas estructurales profundamente arraigados en este país (Venezuela) que han perdurado durante casi dos décadas», afirman los periodistas Matt Kennard y John McEvoy en un reportaje de investigación para Declassified UK.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido le confirmó al dúo de reporteros británicos que financió con casi medio millón de libras esterlinas (equivalentes a más de 650 mil dólares) a la ONG Transparencia Venezuela, filial de Transparencia Internacional (TI), para crear y mantener a la Coalición Anticorrupción.
A principios de 2019 y paralelo a la legitimación del falso interinato de Guaidó, la cancillería británica entregó a los grupos conspirativos 250 mil libras esterlinas para la fundación de la coalición. Luego transfirió otras 200 mil libras esterlinas «para fortalecer la sostenibilidad de la coalición», presupuesto estimado para cubrir los gastos del periodo de marzo a diciembre de 2020.
El financiamiento se realizó a través del Fondo de Conflicto, Estabilidad y Seguridad (CSSF, por sus siglas en inglés). A este fondo británico institucional se le destina anualmente más de 1 mil millones de libras esterlinas «para abordar el conflicto y la inestabilidad en el extranjero».
En julio de 2019 otorgó unos 22.5 millones de dólares a medios de comunicación en Europa Oriental con el fin de «luchar contra la desinformación y las noticias falsas en Europa Oriental y fortalecer los medios independientes en los Balcanes occidentales». Con esa justificación, el gobierno británico potencia a medios que establecen narrativas anti-Rusia, en un intento por fracturar la influencia de esta potencia en su propia región.
Pero en el caso venezolano no hubo anuncio público de los planes, aunque al ser indagado por Declassified UK, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico haya defendido el financiamiento a la coalición por sus supuestos fines de combate a «la corrupción y el crimen organizado en Venezuela».
El financiamiento sólo aparece anexado en un programa de CSSF titulado «Delincuencia Organizada Grave. Perú / Colombia«. En el documento se encuentra un resumen sobre el programa y le dedica unas pocas palabras a la Coalición Anticorrupción: «El programa también financia por primera vez una actividad tanto en Panamá como en Venezuela (…) En Venezuela, se entregará un proyecto centrado en la resiliencia de la sociedad civil ante las prácticas corruptas del Estado».
Aquel «proyecto anti-corrupción» recibiría, según el presupuesto que publica CSSF, 0.3 millones de libras esterlinas entre abril de 2019 y marzo de 2020. Hasta ahora, sólo se ha revelado al gobierno del Reino Unido como el único financista de la Coalición Anticorrupción que opera en Venezuela.
EL CSSF Y SU FINANCIAMIENTO A TERRORISTAS EN SIRIA
En un trabajo de la periodista argentina Alejandra Loucau publicada en Sputnik Mundo se detallan las relaciones entre Abogados y Médicos por los Derechos Humanos (LDHR, por sus siglas en inglés), una ONG siria anti-Assad, y el gobierno británico. Ahora que salen las revelaciones sobre Venezuela, resulta que ambas operaciones comparten el origen de sus fondos.
El 11 de marzo de 2019, The Washington Post publicó un artículo acusando al gobierno de Bashar Al-Assad de violaciones a los derechos humanos de prisioneros en Siria. Para validar el texto de propaganda, el medio estadounidense se sustentó en «datos» proporcionados por LDHR.
Al investigar sobre LDHR, Loucau se encontró con un patrón que parece repetirse en las ONG de derechos humanos que operan dentro de países con gobiernos contrarios a los intereses geopolíticos de Occidente: una estructura con miembros y financistas difusos, además de investigaciones poco rigurosas, basadas más que todo en «testimonios anónimos» y sin pruebas de respaldo.
La verdadera información importante sobre la constitución de esta ONG la halló en el sitio web del gobierno del Reino Unido. En el programa de financiamiento titulado Corte Transversal de Siria (2017-2018), LDHR aparece como la principal organización beneficiada. Sin embargo, los fines de este programa no tienen que ver con la defensa de los derechos humanos en Siria sino con «el apoyo al mejoramiento de la imagen y la comunicación de la oposición moderada», un grupo de amplio espectro que incluye a los terroristas del Frente Al-Nusra (su organización matriz es Al-Qaeda).
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido financia a grupos terroristas en Siria, como el Frente Al-Nusra (Foto: Reuters)
El programa también menciona que otro objetivo es preparar a aquellos representantes «moderados» para una «transición» en Siria.
El presupuesto total asignado a este programa, según el documento, es de 6.5 millones de libras esterlinas u 8.5 millones de dólares. La organización LDHR no hace mención de este financiamiento en ninguno de sus portales oficiales.
Después de conocer la esencia de esta clara operación de «cambio de régimen» (encubierto en causas civiles) que dirige el gobierno británico contra la soberanía de Siria, financiamiento a terroristas mediante, no parece extraño que el fondo del que se desembolsó el dinero sea el mismo que aparece en la trama conspirativa contra Venezuela: el fondo británico CSSF.
LA COALICIÓN Y SUS INTEGRANTES
El sitio web de la Coalición Anticorrupción no otorga información sobre los que dirigen el grupo, y ni el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido ni la embajada británica en Caracas quisieron responder sobre esos detalles a Declassified UK. Sin embargo, se pudo saber que la coordinadora nacional es Yonaide Sánchez, una profesora de la Universidad Centroccidental «Lisandro Alvarado» (UCLA), abiertamente antichavista y pro-Guaidó.
La Coalición invitó a Guaidó a un evento titulado «Para dónde vamos» en agosto de 2019, donde ya se estaba configurando la narrativa para desestimar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020 y afianzar la vía de la criminalización del Estado venezolano. De hecho, ahí Guaidó refirió «un posible acuerdo» con la DEA, organización que, recordemos, participó en la preparación de la fallida Operación Gedeón, en mayo de este año.
Desde su creación, la Coalición Anticorrupción ha seguido el mismo formato de otras organizaciones antichavistas que señalan que el Estado venezolano ha sido desbordado por las actividades de corrupción y, por lo tanto, un abordaje al problema tendría que ser tutelado por entes extranjeros, específicamente aquellos que controla Estados Unidos y sus principales socios europeos, para que pueda encontrarse una solución real.
El sitio web de la Coalición Anticorrupción registra 782 organizaciones involucradas y 243 iniciativas en marcha (Foto: Captura de imagen)
En la investigación, Declassified UK menciona a cuatro de los miembros que integran la coalición para dar cuenta de las conexiones que tiene con grupos del antichavismo subordinados a la agenda estadounidense de «cambio de régimen» en Venezuela: el Centro Thatcher, Superatec AC, Fetrasalud y la Asociación Civil Súmate. Los periodistas recuerdan que, por ejemplo, Superatec AC recibió un financiamiento de 80 mil dólares del banco Citibank y Súmate, una organización partidista fundada por María Corina Machado, forma parte de las «organizaciones civiles» subvencionadas por la National Endowment for Democracy (NED, también conocida como la vitrina legal de la CIA), fondo financiado por el Departamento de Estado norteamericano para las operaciones abiertas de Washington en el extranjero.
TRANSPARENCIA VENEZUELA
La organización a la que el Reino Unido le delegó la formación de la coalición y que cada tres meses le reporta al gobierno británico sobre los avances de sus tareas, es una sucursal de Transparencia Internacional (TI), ONG fundada en 1993 que tiene como objetivo declarado «(hacer) responsables a los poderosos y corruptos, exponiendo los sistemas y redes que permiten la corrupción».
Con sede en Berlín, los máximos financistas gubernamentales de TI son los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido. El Ministerio de Desarrollo Internacional británico le entregó 4.4 millones de euros en 2019, convirtiéndose en la suma más alta otorgada ese año por un gobierno; también EEUU otorgó 743 mil 799 euros.
De los donantes privados destaca la presencia de corporaciones de la industria petrolera (Shell y ExxonMobil), pues como es sabido, éstas hacen lobby por la pérdida de control del Estado venezolano sobre los hidrocarburos que se encuentran en nuestro país.
En cuanto a Transparencia Venezuela, las auditorías fiscales que se realizan desde 2005 muestran a la embajada del Reino Unido en Caracas como una de las principales financistas de esta filial de TI.
Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, dice que la organización no es partidista, pero ella misma ha estado al frente de otras instituciones financiadas por la NED y por el Instituto Nacional Democrático (NDI), otro fondo estadounidense. Es el caso de la Fundación Momento de la Gente, organización de monitoreo legal que Freitas dirigió.
Citando un artículo del medio The Nation, la investigación de Declassified UK señala a Freitas como uno de los contactos que tuvo la NED con los operadores del golpe de 2002 en Venezuela. En un correo electrónico al fondo estadounidense, Freitas habría defendido a los militares golpistas y a Pedro Carmona «alegando que la toma del poder no fue un golpe militar».
Otros miembros de la ONG en Venezuela también tienen marcadas filiaciones antichavistas. Rocío Guijarro, de la junta directiva de Transparencia Venezuela, fue directora de CEDICE, un tanque de pensamiento financiado por la oligarquía estadounidense Koch, ligada al negocio petrolero transnacional; por otro lado, Andrés Duarte y Miguel Bocco, también del directorio de la ONG, están ligados a la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV), organización que representa los intereses de grupos empresarios en la industria petrolera venezolana.
Cabe destacar que Duarte fue condecorado en 2016 con el nombramiento de Oficial de la Excelentísima Orden del Imperio Británico, orden que recibió del embajador británico en Caracas como reconocimiento a él y a su empresa, Duarte Vivas & Asociados, por «sus servicios en favor de las exportaciones británicas y la labor de sus empresas en la explotación de yacimientos de petróleo, gas y minerales no metálicos».
Un vocero de Transparencia Venezuela le dijo a los periodistas británicos que el objetivo de la Coalición que conducen no es forzar la destitución del gobierno de Nicolás Maduro sino «(pedir) transparencia en la gestión, con rendición de cuentas, participación ciudadana y un sistema de justicia que acabe con la impunidad», y que por eso era que el gobierno del Reino Unido estaba financiando a la Coalición.
Pero Transparencia Venezuela también se encarga de encubrir las acciones delictivas que el falso gobierno de Guaidó ha cometido con los recursos que se le ha facilitado para costear las operaciones de «cambio de régimen» en Venezuela. Famoso es el caso conocido como el «Cucutazo», donde partiendo de una agenda golpista del antichavismo que pretendía abrir paso violentamente a mercenarios por la frontera con Colombia en febrero de 2019, se desembolsaron abultadas sumas de dinero supuestamente para «ayuda humanitaria» y logística de los militares desertores golpistas que terminaron en «prostitutas y alcohol», según palabras del opositor y «ex embajador» de Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti.
La ONG acudió al llamado de auxilio de Guaidó cuando solicitó una «investigación» para determinar los hechos de aquella trama de corrupción y lo absolvió de todas las denuncias, recibiendo el agradecimiento del equipo del diputado.
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL EN BRASIL
En Brasil, Transparencia Internacional actuó en defensa del Lava Jato, operación judicial con el que se forzó la destitución de Dilma, se apresó a Lula Da Silva e impulsó la toma de poder de Jair Bolsonaro, quien adoptó la bandera de la «lucha anticorrupción».
Uno de los procuradores del Ministerio Público Federal (MPF) involucrados en el grupo de Lava Jato, Deltan Dallagnol, acudió varias veces a Bruno Brandão, director ejecutivo del capítulo Brasil de esta ONG, cuando la operación Lava Jato necesitó de apoyo para legitimarse.
Por ejemplo, en 2017 el procurador brasileño le pidió al TI una estrategia para acallar las voces que denunciaban el impacto de la Operación Lava Jato en la economía brasileña, y esta ONG le propuso como solución conseguir, a través de un estudio, que inversores extranjeros acreditaran a la operación de la «lucha contra la corrupción» como positiva para la economía del país.
Bruno Brandão (izquierda) y Deltan Dallagno (derecha) (Foto: Agencia Pública)
En otra ocasión, Brandão pudo revisar el borrador del contrato que detallaba la creación de una fundación privada con recursos de la empresa petrolera brasileña Petrobras.
TI también sugirió a Dallagnol que el MPF no debía formar parte de la fundación privada que iba a recibir el voluminoso financiamiento de una empresa que habían mostrado como perjudicada por la corrupción. Dallagnol no hizo caso a la ONG y los procuradores del MPF, miembros del Lava Jato, aceptaron controlar los más de 500 millones de dólares que Petrobras iba a entregarles a ellos y al Departamento de Justicia de EEUU a través de la multimillonaria fundación.
El impacto que causó esta decisión del Lava Jato en Brasil, y siendo un instrumento jurídico-político que ya venía perdiendo respaldo, la fundación fue suspendida en marzo de 2019.
LA EMBAJADA CONSPIRATIVA DEL REINO UNIDO
La investigación de Declassified UK hace recordar que Guaidó formó parte de la comisión de la Asamblea Nacional en desacato que buscó interactuar con grupos del poder fáctico europeo, y uno de los contactos fue con el entonces embajador británico en Caracas, John Saville, con el que se reunió en un evento sobre «transparencia». Mientras ejerció como diplomático en Venezuela, Saville fue un entusiasta de las iniciativas de Voluntad Popular, partido antichavista que comandó los grupos violentos del intento de revolución de colores en 2017 y de donde proviene el diputado autoproclamado presidente.
A principios de este año el medio británico The Canary, a través de documentos a los que pudo acceder gracias a la Ley de Libertad de Información, reveló que en el Ministerio de Relaciones Exteriores británico fue creada en secreto una «Unidad de Reconstrucción de Venezuela» en la que Saville fue asignado como jefe. Él se encargó de reunir a Guaidó con funcionarios del Reino Unido para acordar que, tras un hipotético escenario favorable al cambio de régimen, el gobierno impuesto en Venezuela promoviera la participación de compañías británicas en el país.
El gobierno británico fue uno de los primeros en aceptar mediáticamente (sin romper de manera diplomática con el gobierno legítimo de Nicolás Maduro) al falso gobierno de Guaidó y le ha dado un espacio no oficial a la «embajadora» Vanessa Neumann, que desde Londres ha trabajado en dar garantías al Reino Unido de los frutos que le dará la «estrategia Guaidó». De ahí las recomendaciones de Neumann al autoproclamado de que debía evitar el reclamo venezolano del Esequibo para poder granjearse la continuidad del respaldo del Reino Unido.
Aunque el botín capturado por el Banco de Inglaterra ya paga la interferencia del gobierno británico en los asuntos políticos de Venezuela. Son 31 toneladas de oro, equivalente a 1.2 mil millones de dólares, que el banco londinense mantiene represado en sus arcas como parte del bloqueo financiero contra Venezuela, mientras un tribunal británico dirime la batalla legal que el gobierno de Nicolás Maduro ha emprendido para recuperar los recursos del país. El último giro que dio este hecho fue favorable a Venezuela, por la anulación de una sentencia que había reconocido a Juan Guaidó como «presidente» de Venezuela.
Sobre el actual embajador del Reino Unido en Caracas, Andrew Soper, Declassified UK señala que «se desempeñó como Primer Secretario en Washington DC entre 1995 y 1999, y fue expuesto como informante estadounidense de ‘protección estricta’ en un cable diplomático estadounidense de enero de 2010 mientras era embajador británico en Mozambique».
En octubre de 2019, ya fungiendo como embajador en Venezuela (y mientras la Coalición Anticorrupción se ponía en marcha con fondos británicos), Soper afirmó que «Guaidó cuenta con la amistad y el apoyo del Reino Unido».
Recientemente, el canciller venezolano Jorge Arreaza sostuvo una reunión con Andrew Soper en Caracas. Ambos diplomáticos discutieron sobre la recién emitida Ley Antibloqueo, concebida para garantizar el desarrollo nacional en condiciones de asedio financiero.
Se evidencia que, a pesar de las implicaciones de la embajada británica en el financiamiento de «organizaciones civiles» que responden a la agenda estadounidense de «cambio de régimen», la diplomacia venezolana no ha dejado de establecer canales de comunicación, y en toda esta marea de hostilidades encubiertas desde Londres ha logrado mantener una representación diplomática reconocida por el Reino Unido.
El gobierno de Nicolás Maduro, como en otros escenarios del conflicto venezolano, encamina la batalla hacia las vías políticas y verdaderamente transparentes y políticas, obligando a este actor gubernamental que representan a corporaciones con intereses geopolíticos en la industria petrolera de Venezuela a abandonar, por instantes, las operaciones ocultas, e involucrarse en los planteamientos que hacen las instituciones venezolanas.
Sin embargo, la influencia que ejercen las transnacionales nucleadas actualmente alrededor de EEUU siempre devolverá al gobierno británico a las sombras de lo conspirativo, cuestión con la que desde Venezuela hay que saber lidiar, nombrando y dando luz sobre los planes desestabilizadores y a sus operadores nacionales y extranjeros.